AAFAF - Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

 

Es el primer encuentro oficial con los miembros desde que ocupa la gobernación

 

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia participó ayer de su primera reunión como mandatario con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

 

En declaraciones escritas, el ejecutivo dijo que planteó un rechazo a los recortes en las pensiones de los jubilados del servicio público y mermas adicionales en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y en las aportaciones a los municipios.

 

“Además, les expresé la importancia de invertir en el servicio público para tener un gobierno funcional”, sostuvo Pierluisi Urrutia a El Nuevo Día.

 

Contrario a sus dos antecesores, Pierluisi Urrutia no estará delegado la representación del gobierno ante la Junta en otros funcionarios del gobierno, sino que él mismo llevará a cabo este rol. Durante el encuentro participó, además, el jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, y la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko. El único miembro de la Junta que no participó fue Antonio Medina.

 

“Entre los planteamientos que expuse fue el rechazo al recorte a las pensiones, así como la necesidad de que nuestros municipios y la UPR tengan los recursos que necesitan”, dijo. Mientras, agregó que “como gobernador continuaré participando de las reuniones y las audiencias públicas que tenga la Junta”.

 

Marrero, por su parte, indicó que se trata del primer encuentro oficial que tienen con los nuevos miembros Betty Rosa y John Nixon, quienes fueron nombrados recientemente por el presidente saliente Donald Trump.

 

Explicó que cuando el gobernador habló sobre la inversión en el servicio público hacía alusión a establecer una escala de retribuciones en el gobierno con la que puedan reclutar talento que le haga funcional. “(Pierluisi) Recordó como de 150,000 empleados que tenía el gobierno en el 2009 hoy tenemos 93,000, lo que supone una reducción de más de 50,000 empleos mientras vemos cómo ha empeorado la ejecución”, sostuvo.

 

“Estableció que se va a rechazar cualquier recorte a las pensiones porque los empleados públicos ya han visto sus beneficios de retiro disminuidos sustancialmente con legislaciones previas… reducciones adicionales ponen a los empleados públicos a niveles paupérrimos en comparación con los Estados Unidos continentales”, manifestó el jefe de Aafaf.

 

Fuente: El Nuevo Día

 

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia afirmó que ordenará a la Oficina del Contralor una auditoría de la deuda pública para que adjudique responsabilidades entre los que permitieron un endeudamiento excesivo del gobierno, y aseguró que su administración solo apoyará el pago de la deuda “legítima” y no aquella que fue contraída sabiendo que el Estado no tenía la capacidad para pagar el préstamo.

 

Pierluisi Urrutia reconoció que la auditoría se iniciaría con retraso. Se espera que en los primeros meses del 2021 se adelante significativamente el ajuste de las deudas del gobierno en el proceso de bancarrota que se litiga ante la jueza federal Laura Taylor Swain. Para ese entonces, apenas habrá iniciado la auditoría.

 

“Es que eso se tiene que hacer. No podemos postergar este asunto más. Que responda quien tenga que responder. Aquí se tomaron decisiones y no puede quedar así por la libre”, dijo Pierluisi Urrutia en una entrevista con El Nuevo Día en el Salón del Trono de La Fortaleza. “Yo lo hubiese hecho antes pero ahora es que tengo el cargo”.

 

El gobernador indicó que solo apoyará un plan de ajuste de la deuda pública si implica un nivel de repago similar al que tiene otras jurisdicciones. Como indicador mirará qué porcentaje sacan otras jurisdicciones de sus recaudos para pagar la deuda pública y, de acuerdo con ese monto, evaluará el recorte que se proponga de lo adeudado.

 

Desde el 2016 el gobierno de Puerto Rico no paga la mayor parte de sus deudas debido al proceso de bancarrota. Se espera que esos pagos, sin embargo, se reanuden en algún momento de este año, lo que implicaría una carga adicional a las alicaídas finanzas gubernamentales.

 

En su primera entrevista con El Nuevo Día desde que ocupa el Palacio de Santa Catalina, Pierluisi Urrutia se expresó escandalizado por la sublevación de los fanáticos del presidente de EE.UU. Donald Trump, quienes aún no aceptan la derrota del líder republicano. También se expresó esperanzado por la mayoría que los demócratas alcanzaron en el Senado estadounidense. Explicó, además, que a nivel local concentrará sus esfuerzos iniciales en la gobernación en batallar el COVID-19, impulsar la reconstrucción de Puerto Rico y reformar el sistema de permisos.

 

¿Le ha sido fácil habituarse al nuevo espacio (en La Fortaleza)?

 

-Yo pensaba que iba a ser incómodo porque llevo muchos años viviendo en apartamentos y no tan grandes y de repente vivir en un castillo con muchas habitaciones pues yo pensaba que quizás me iba a sentir un tanto incómodo, pero no, fíjate.

 

¿Cómo ve la insurrección del miércoles en el Capitolio federal?

 

-Lo que ocurrió en el Congreso fue extremadamente desafortunado. Como dijo el expresidente George Bush, hijo, hizo parecer a los Estados Unidos como una república bananera y a mí me da mucha pena que eso haya ocurrido. De igual manera es inconcebible para mí que el presidente Trump básicamente incitó a los que estaban protestando a que fueran al Congreso a básicamente tomar el Congreso y afectar los trabajos. Hay que respetar la democracia, hay que respetar las instituciones. El pueblo tiene el derecho a expresarse, pero no así a incurrir en actos de violencia, daños a la propiedad y ni a interrumpir servicios esenciales del gobierno o las autoridades. Esperemos que eso haya quedado atrás y ahora prosiga a la toma de posesión del nuevo presidente sin altercados.

 

¿Qué le pareció el nuevo dominio demócrata del Senado de EE.UU. con la elección de los dos nuevos senadores de Georgia?

 

-Me alegro muchísimo. Esto significa que la delegación demócrata en el Congreso tendrá una mayoría a su favor tanto en Cámara como en el Senado. Claro está, las reglas parlamentarias del Senado exigen al momento que se tenga 60 votos para poder llevar la gran mayoría de las medidas a votaciones del pleno.

 

¿Qué expectativas se podrían generar para Puerto Rico con esa consolidación del poder congresional en los demócratas?

 

-El liderato demócrata, por regla general, tiende a ser más flexible en el uso de los recursos federales. Tiende a dedicarle mayores recursos a la lucha contra la pobreza, el sistema de salud y la nutrición del pueblo americano, entre otras áreas… Por otro lado, los demócratas favorecen los derechos civiles y busca la manera de que el pueblo pueda expresarse con facilidad y efectividad por medio del voto. Eso de por sí ayuda la causa de la estadidad.

 

Hablemos de sus prioridades en los primeros días de la gobernación…

 

-Lo primero es el COVID. Ahí ya yo comencé a tomar cartas en el asunto. Estamos atendiendo el tema desde diferentes frentes, primero asegurándonos que las vacunas lleguen a todos los rincones de Puerto Rico, que el proceso de distribución es justo y efectivo, y segundo, asegurando que se expanda el uso de pruebas en todo Puerto Rico para detectar los contagios a tiempo, y utilizar al máximo los tratamientos monoclonales que tenemos disponibles y que evitan hospitalizaciones. En tercer lugar, estamos expandiendo la campaña educativa en los medios para, de una manera positiva, exhortar al pueblo que no baje la guardia.

 

¿Alguna otra prioridad?

 

-El otro tema grande es la reconstrucción. Yo estaré emitiendo en cualquier momento una orden creando un Concilio de la Reconstrucción, presidido por el secretario (designado) de Estado, Larry Seilhamer, en el que van a estar todos los jefes de agencias concernidos para asegurar que coordinamos bien nuestra respuesta y que aprovechamos al máximo y con un gran sentido de urgencia todos los fondos federales que tenemos y tendremos disponibles para esa reconstrucción.

 

¿En qué se diferenciará de la Oficina Central de Reconstrucción (Recuperación y Resiliencia, COR3)?

 

-Se diferencia en que va a tener al secretario de Estado, que es un ingeniero de profesión muy reconocido en esa área de la infraestructura y de la construcción, asegurándose de que todos los jefes de agencias concernidas están haciendo su labor y de forma coordinada. Mi mayor promesa fue de hacer obra visible y tangible con el uso de todos estos fondos federales, porque si algo me percaté en el proceso de mi aspiración fue del disgusto y la desilusión de gran parte de la población por la lentitud.

 

¿Otra prioridad?

 

-Desarrollo económico. Voy a estar enfocándome en cambiar realmente el sistema de permisos y entiendo que para eso no necesito legislación porque es algo administrativo, más qué otra cosa. Ya emití una orden para que se establezca en Puerto Rico un único sistema de identificación para comercios o personas que necesitan un permiso o una licencia. Ese número se va a usar para que se pueda acceder toda la información del caso y que estén entrelazadas las bases de datos. Lo otro que voy a disponer es que se utilice al máximo el concepto de las autocertificaciones. La ley lo permite, pero no ha sido realidad. Es como si hubiera una resistencia concertada a que no se faciliten estos procesos.

 

Cuando renunció (Ricardo) Rosselló y usted juramentó, lo hizo de manera privada. Ahora con la pandemia, se hace un evento público que fue muy criticado por el contexto…

 

-El que pudo ver la actividad vio que fue una actividad totalmente diferente y que el distanciamiento físico entre los asistentes fue obvio. Por otro lado, todo el que estaba fue con una prueba negativa de COVID. Además de que se limitó la audiencia a funcionarios electos y contados invitados. Estamos hablando de jueces, exgobernadores y un grupo muy reducido de familia y amistades. El espacio era enorme. Era al aire libre. Preguntan por qué hacerla. Pues esto es el comienzo de un cuatrienio luego de una elección y la constitución provee para que haya una toma de posesión. En el caso del verano que mencionas, eso fue diferente. Eso fue una crisis nunca antes vista. Cuando se tiene que tomar la decisión, fue a 45 minutos que fuera efectiva la renuncia. Era diferente. El juramento tenía que ser donde fuera. Un pasillo, una oficina…

 

Ha dicho que su hermana va a trabajar en su oficina sin cobrar. ¿De qué va a vivir entonces?

 

-Ella tiene sus propios recursos. Ella ha sido una ejecutiva de toda la vida.

 

¿Ella va a trabajar también por su cuenta en asuntos privados?

 

-Ella va a trabajar aquí a tiempo completo en la oficina propia del gobernador.

 

¿Ya ha identificado las áreas de consensos con la Legislatura?

 

-Yo he tenido comunicación con ambos presidentes de los cuerpos y muy productiva en el caso de ambos, tanto el presidente del Senado (José Luis Dalmau) con el presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández). Lo que acordamos fue reunirnos semanalmente. A mí me gustaría personalmente trasladarme a la Legislatura una vez al mes. Lo quiero hacer como un gesto de mi ánimo de colaboración y conciliación. Los temas que hemos hablado han sido en términos generales. Sabemos los tres que en el área de status va a haber diferencias, pero fuera del status, yo creo que va a haber mucha convergencia.

 

¿Está contento con que Thomas Rivera Schatz lidere la minoría PNP en el Senado?

 

-Los legisladores tienen todo el derecho de escoger su liderato y yo en eso no intervengo porque aunque yo presido la Conferencia Legislativa del Partido Nuevo Progresista, no me parece correcto uno estar estrujando el poder.

 

En el manejo de la deuda se espera que los primeros meses se llegue a un avance significativo en el plan de ajuste de la deuda…

 

-El mensaje que le he dado a Omar Marrero (jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) y el equipo fiscal del gobierno, y que también le he dado algunos de los miembros de la Junta (de Supervisión Fiscal) con los que he tenido comunicación, es que lo que voy a estar velando es que el monto a pagar sea uno que podamos pagar. Es decir, que cuando se reestructure la deuda el pago sea sostenible.

 

¿Cuánto es eso?

 

-De referencia voy a usar lo que pagan en promedio los estados o jurisdicciones comparables en los Estados Unidos. Ese debe ser el marco de referencia. No debemos estar comparándonos con países extranjeros cuando no lo somos… Yo soy de la opinión que al final del camino lo que vamos a acordar pagar es aquella porción de la deuda que fue legítima, que fue debidamente contraída. Como lo voy a estar midiendo no es por el porcentaje de reducción del principal de la deuda, sino por lo que vamos a pagar, año en año, en servicio de la deuda. Ahí vamos a comparar a Puerto Rico con otros estados y entiendo que el último número que propuso la junta se acercaba al 9% de los recaudos para la deuda. Yo estaré velando ese número. Lamentablemente es la Junta la que tiene la última palabra, pero me voy a expresar y sabrán mi posición.

 

Dijo “deuda legítima”… supongo que para eso (determinar si es legítima) mediaría una auditoría.

 

-Son dos cosas distintas. Ya yo me comprometí a que se audite la deuda y que se asignen los recursos necesarios a la Oficina del Contralor para que así lo haga y que sea el Contralor los que hagan los señalamientos y los referidos que procedan, y asegurarse que respondan quienes tengan que responder por malas decisiones del pasado. Cuando digo deuda legítima estoy hablando de que cuando se contrajo toda esta deuda, tanto el gobierno como los acreedores en aquel momento, muchos de ellos fondos que invirtieron en esa deuda, sabían o debieron haber sabido que una parte significativa no era aceptable, que era irrazonable, que Puerto Rico se estaba excediendo en el gasto.¿Por qué no vamos a pagar todo lo que debíamos? Porque fue deuda mala y lo debieron haber sabido todos y todos debieron poner de su parte. Esa es mi posición.

 

El plan de ajuste de deudas está a unos meses… ¿qué efecto tendría una auditoría después de ajustada la deuda?

 

-Es que eso se tiene que hacer. No podemos postergar este asunto más. Que responda quien tenga que responder. Aquí se tomaron decisiones y no puede quedar así por la libre.

 

¿No debió haberse auditado antes?

 

-Es posible. Sí. Yo lo hubiese hecho antes pero ahora es que tengo el cargo.

 

Fuente: El Nuevo Día

La AAA emitió unos $1,400 millones en bonos para refinanciar deuda existente. La transacción traería unos $350 millones en ahorros al cabo de unas dos décadas. (Ramón “Tonito” Zayas)

 

La corporación pública colocó unos $1,400 millones en bonos para refinanciar deuda existente, ahorrándose unos $350 millones

 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) vendió este miércoles unos $1,400 millones en bonos, transacción que le ahorraría unos $350 millones en pagos en las próximas dos décadas y que a su vez, despeja la posibilidad de reclamar un pedido de Título III para la corporación pública, indicó el director ejecutivo de la agencia, Omar J. Marrero.

 

En entrevista con El Nuevo Día, Marrero y la directora de Asesoría Financiera en Aafaf, Blanca Fernández González, catalogaron la transacción como “exitosa” al plantear que la corporación pública recibió órdenes de compra por unos $3,100 millones y entre los compradores, figuraron varios de los llamados grandes fondos institucionales que decidieron prestar nuevamente a la isla.

 

Es la primera vez en ocho años que la AAA acude al mercado de capital y la tercera desde que Puerto Rico entró a un proceso de reorganización financiera, que alguna instrumentalidad del gobierno territorial acude a los mercados. Ello, si se consideran los intercambios de deuda ya consumados bajo la ley federal Promesa: la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Cofina reestructuró sus obligaciones bajo el Título III de Promesa y BGF hizo lo propio a través del Título VI del mismo estatuto federal.

 

“El hecho de que sin estados financieros y en medio de todo lo que está pasando, hayamos podido lograr esta transacción, lo veo como muy positivo”, dijo Marrero al catalogar a la AAA como “una historia de éxito”.

 

“Accedimos al mercado a tasas razonables”, subrayó el abogado haciendo referencia indirecta a uno de los criterios establecidos en Promesa para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

 

Regresan los institucionales

 

De acuerdo con Marrero, habida cuenta las serias dificultades financieras de la AAA, muchos apostaban a que la corporación pública iría en picada y que terminaría en el Título III.

 

Sin embargo, según Marrero y Fernández González, cuando se analiza el refinanciamiento recién pactado, el acuerdo reciente con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura federal y la terminación del préstamo que la AAA tenía con la entidad sucesora del BGF, la AAA habrá conseguido ahorros de alrededor de $1,300 millones por la vía financiera, un cojín que debe colocarle en mejor posición para completar sus mejoras capitales y descatar aumentos tarifarios, que no sean los ya contemplados en el plan fiscal.

 

Sobre todo, para Marrero, la señal más alentadora se produjo una vez los fondos institucionales decidieron comprar los nuevos bonos de la AAA.

 

“Habla por sí solo, el hecho de ver que firmas institucionales como Franklin Templeton, que no tenía interés en el crédito de Puerto Rico, estén dispuestos a entrar. Entró Blackrock Nuveen, Invesco, Pimco, T. Rowe y otros fondos”, subrayó Marrero.

 

“Al final del día es una entidad del gobierno de Puerto Rico que ha tenido sus retos, pero también tiene la oportunidad de acceder a fondos federales de parte de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias), que próximamente se estará anunciando, son cosas que debemos celebrar”, dijo Marrero.
Según Fernández González, el alivio en el pago de la deuda vino en buena parte porque la AAA logró reducir la tasa de interés que la AAA pagaba en los bonos vigentes y que fluctuaban entre el 5 y 6.1%.
Fernández González no reveló de inmediato el costo de comisiones y honorarios a Barclays y Bank of America Securities, los bancos de inversión a cargo de la transacción, pero sostuvo que el costo de interés de la emisión de bonos ronda 4.36%.

 

Se emitieron dos series de bonos, pues alrededor de $170 millones de los $1,400 millones emitidos serán tributables se indicó.

 

Los nuevos bonos de la AAA, subrayó Fernández González, tendrán igual vencimiento que los bonos que fueron refinanciados, siendo la última fecha de vencimiento en el 2047.

 

Aunque la transacción daría ahorros a la AAA, el costo de esta sería mayor que otras emisiones de bonos recientes. Según la base de datos de la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB), la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey emitió unos $40 millones en bonos a corto plazo para sus instalaciones de agua, pagando 0.85%.

 

Mientras, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Bucks County en Pensilvania vendió este miércoles bonos de ingresos que serían parecidos a la AAA, pagando en la serie con vencimiento al 2036 apenas 2.02%.

 

Cambios a la escritura de bonos

 

Marrero indicó que la nueva emisión de bonos no impide a la AAA emitir nueva deuda y aunque no lo estima necesario, tampoco prohíbe recurrir al Título III si fuera el caso.

 

Los nuevos bonos emitidos también ponen fin a las garantías que el gobierno central daba a la deuda de la AAA y se pagarán de una nueva estructura que altera el orden de prelación de pagos.

 

El lenguaje vigente de la escritura de la deuda de la AAA paga a los bonistas considerando los ingresos brutos de la corporación pública.

 

Con la nueva emisión de bonos, se enmienda la escritura de la deuda de la AAA para que en lo sucesivo, los bonistas cobren de los ingresos netos de la corporación pública, o sea, luego del pago de los gastos corrientes.

 

Según Fernández González, el cambio es cónsono con las estructuras de pago de otras utilidades de agua en Estados Unidos, donde se paga a los bonistas de los ingresos netos, es decir, una vez se cubren las obligaciones administrativas y operacionales de la corporación pública.

 

Fernández González sostuvo que los bonistas que participaron de la emisión aceptaron las nuevas condiciones en la escritura de fideicomiso de la AAA y el gobierno espera repetir la misma acción cuando redima los bonos emitidos en el 2012, lo que sucedería hacia el 2022.

 

Aunque la emisión de bonos aliviaría la posición financiera de la AAA, la transacción no allega capital para obras permanentes, una gestión que la corporación pública espera llevar a cabo, principalmente, con fondos federales.

 

Fuente: El Nuevo Día

Al regresar al proceso de mediación, Marrero asegura que su prioridad será sacar a Puerto Rico de la bancarrota, incluyendo renegociar el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica

 

El gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) regresan hoy a la mesa de negociación con la expectativa de lograr un nuevo acuerdo con ciertos grupos de acreedores de Puerto Rico, reveló ayer el ex director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz.

 

Y cuando Marrero y su equipo se conecten hoy al proceso de mediación que encabezará la jueza Bárbara Houser, lo hará teniendo en mente la nueva directriz que ha recibido del gobernador electo, Pedro Pierluisi: completar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico tan pronto como sea posible y conseguir que dicho acuerdo descanse en la realidad de una economía marcada por el coronavirus y que busca ponerse sobre sus pies luego de tres desastres naturales.

 

“La instrucción es clara: salir de la quiebra lo más pronto posible”, dijo Marrero en su primera entrevista tras ser renominado por Pierluisi a la dirección ejecutiva de Aafaf.

 

“El gobernador (electo) ha sido enfático en la necesidad de revisitar el plan fiscal y, por ende, el plan de ajuste”, agregó el abogado.

 

Acto seguido, Marrero reveló que el gobierno buscará renegociar el acuerdo con ciertos bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) e incluso, de ser necesario, considerar otra estructura para llegar a un entendido con estos.

 

“Si hubiera la certeza de la Ley 154 y de los fondos de Medicaid, pudiésemos ver un plan fiscal más positivo, pero este plan supone que se logrará el 100% de ejecución con una serie de reformas y sabemos que todo eso cuenta con riesgos, en especial ahora, que tendremos una legislatura diversa con posiciones que reconciliar”, indicó Marrero.

 

Ayer, tras ser renominado por Pierluisi, Marrero explicó a El Nuevo Día que decidió permanecer en el cargo para completar la reestructuración de las finanzas públicas. Ello, a su vez, facilitaría el proceso de reconstrucción de Puerto Rico luego de la devastación causada por el huracán María y más recientemente, por la secuencia sísmica de principios de año.

 

Marrero ve su tarea engranada con las demás iniciativas de crecimiento económico que impulsará la administración entrante y que van desde encontrar una solución al arbitrio que pagan las foráneas y allegar fondos de Medicaid de manera predecible hasta impulsar nuevas estrategias de crecimiento económico, incluyendo poner a correr los fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico.

 

“Eso no quiere decir tampoco que si se lograran esos recursos (con Medicaid y la Ley 154), que todo ese dinero estará disponible para incluirlo en el sobrante para los bonistas porque hay unas condiciones y compromisos que habrá que cumplir”, manifestó Marrero.

 

Lo alcanzado

De acuerdo con el abogado, es imperativo que Puerto Rico aproveche la ley federal Promesa, estatuto que catalogó como “una bendición”.

 

De no haber sido por la ley federal, dijo Marrero, Puerto Rico no habría tenido el respiro que ha supuesto la paralización automática de litigios y mucho menos, la oportunidad de contener el gasto público logrando ahorros por $1,000 millones, recursos que ahora hacen factible el pago de pensiones, por ejemplo.

 

Pero según Marrero, aunque se trata de una ley imperfecta, el mayor acierto ha sido conseguir un recorte de un 11% en lo adeudado a los bonistas. En dólares y centavos, Puerto Rico ha conseguido una reducción de unos $23,000 millones en sus obligaciones de deuda, se indicó.

 

Tal ahorro se obtuvo en la reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y obligaciones en la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, sostuvo Marrero.

 

En ese sentido, Marrero sostuvo que si bien el gobierno y la JSF han sido criticados por el uso de cerca de $800 millones de fondos públicos en asesores y abogados, con el recorte en la deuda pública que se ha obtenido a la fecha, Puerto Rico ha recuperado tal inversión.

 

Fuente: El Nuevo Día

Los educadores que cualifican son los de la sala de clases, bibliotecarios, directores, trabajadores sociales y consejeros profesionales

 

La gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez, anunciaron que aún está disponible la asignación de $90 millones de fondos federales para el subsidio del pago de internet a todos los estudiantes y maestros del sistema público de enseñanza, por lo que la fecha límite para la solicitar la ayuda fue extendida hasta el 30 de diciembre.

 

“Queremos que todos los estudiantes y maestros de nuestras escuelas públicas puedan beneficiarse de esta ayuda, que cubre el pago de internet hasta el 31 de mayo del 2021. Han sido muchos los retos los que hemos tenido que enfrentar, especialmente en la educación, por lo que esto es un gran alivio para que todos puedan continuar impartiendo y recibiendo la educación a distancia”, manifestó la primera ejecutiva.

 

Hernández Pérez informó que: “Hemos logrado acuerdos con las agencias colaboradoras de la iniciativa y con los suplidores del servicio de manera que aquellos que, a la fecha no lo hayan hecho, tengan hasta fines de diciembre para beneficiarse del subsidio. Al momento, se han registrado unas 86,065 transacciones con las 28 compañías que se inscribieron para ofrecer el servicio en todas las áreas de la isla. Esto representa unos $28.5 millones por lo que aún hay fondos disponibles. Instamos a las familias a solicitar cuanto antes”.

 

A través de la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES Act), la totalidad de la población estudiantil del sistema público, que este año alcanza los 276,413 alumnos, así como 26,893 maestros de las escuelas públicas, pueden solicitar el subsidio de hasta $400 a las 28 empresas participantes del proyecto. La ayuda gubernamental cubrirá el pago de internet hasta el 31 de mayo de 2021 y cada solicitante escogerá el servicio de su preferencia, siempre que esté inscrito en este programa.

 

El titular de DE precisó que los maestros que cualifican son los de la sala de clases, bibliotecarios, directores, trabajadores sociales y consejeros profesionales.

“A pesar de los esfuerzos que hacemos como país, vemos que a pandemia refleja alzas peligrosas. Hemos diseñado varios planes para el regreso a clases en modalidad híbrida, pero seguimos vigilantes al comportamiento de la pandemia en estos días festivos. En Educación buscamos alternativas que permitan que el proceso instruccional esté al alcance de todos los niños y jóvenes de Puerto Rico. Este acceso a internet, sumado a la distribución de computadoras y equipos electrónicos, será un gran avance para todas nuestras comunidades escolares”, sostuvo el secretario de Educación.

 

El equipo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) lideró la gestión para identificar el dinero federal, y el personal del Departamento de Hacienda implementó el sistema electrónico para la cualificación y desembolso de la ayuda. La gerencia del DE, por su parte, compartió los datos de la matrícula oficial durante este año escolar, así como la información de los docentes que cualifican para la ayuda federal.

 

Al solicitar, los participantes acudirán directamente a los proveedores del servicio incluidos en el proyecto y los representantes de ventas validarán la información. Para el pago del servicio, las madres, padres o encargados deben tener a la mano el nombre completo del alumno, su número de estudiante (SIE), que aparece en el informe de notas del alumno, y la fecha de nacimiento. Además, para facilitar el proceso con los suplidores, el DE envió una certificación de estudiantes vía correo electrónico a los padres y/o encargados de manera que ese documento fuera aceptado en los centros servicios de internet. Los maestros deberán tener el número de empleado, identificación con foto, fecha de nacimiento, lugar de trabajo y los últimos cuatro dígitos del seguro social.

 

Hacienda desembolsará el dinero asignado directamente al suplidor que cada familia o maestro haya seleccionado. Los padres, encargados y el personal del DE no tendrán acceso directo a los fondos para el pago de las mensualidades, sino que será depositado en las cuentas bancarias que cada compañía informe al Departamento de Hacienda.

 

Entre los requisitos del programa, los participantes no podrán exceder los $400 durante el término establecido para el proyecto. Los costos que sobrepasen el subsidio serán pagados por el solicitante.

 

En aquellas familias con más de un estudiante, el subsidio podrá ser utilizado para el aumento de la capacidad en el servicio. También podrán ampliar la conectividad con la adquisición de equipos de conectividad inalámbrica (“hotspot”), según el inventario de la empresa seleccionada.

 

Las compañías participantes fueron escogidas por el grupo de trabajo interagencial, que aseguró la mayor cantidad de opciones para cubrir todos los municipios, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra. Estos proveedores deberán estar registrados en el Departamento de Hacienda y en el Negociado de Telecomunicaciones. Además, el gobierno les requirió informes mensuales del servicio que ofrecerán.

 

Las empresas de telecomunicaciones ofrecerán el servicio sin la verificación de crédito y mantendrán registros de las transacciones a través de los sistemas financieros de Hacienda.

 

Fuente: Metro.pr

El dinero está destinado a paliar la merma significativa en ingresos que ha recibido el sector turístico tras la pandemia

 

Los negocios de la industria turística impactados por la pandemia de COVID-19 tendrán acceso a un fondo adicional de $50 millones para un total de $100 millones, como parte del Fondo de Alivio de Coronavirus (CRF, por sus siglas en inglés), confirmó hoy la gobernadora Wanda Vázquez a través de comunicación escrita.

 

“El programa busca proveer apoyo operacional por la interrupción de negocios como resultado de la COVID-19. Además de las entidades elegibles en un principio, a través del programa expandido se distribuirán fondos adicionales a hoteles regulados y nuevos fondos a proyectos estratégicos con base en determinaciones de política pública”, expresó la primera ejecutiva.

 

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Omar J. Marrero Díaz indicó que ese nuevo paquete sería adicional a los dineros de ayuda que ya se han destinado para mitigar el impacto del coronavirus en la industria del turismo, que es uno de los sectores económicos más afectados por el COVID-19. “Este paquete de estímulo económico adicional servirá para mantener la competitividad de Puerto Rico como destino turístico durante y luego de la emergencia”, explicó.

 

En un principio el gobierno asignó $50 millones del Fondo de Alivio de Coronavirus (CRF, por sus siglas en inglés) para ayudar a los negocios de la industria turística a cubrir sus gastos necesarios. Esta industria se había visto afectada por los cierres causados por la COVID-19 ocurridos al comienzo de la temporada alta en el turismo. Con el desarrollo de la pandemia, la mayoría de los negocios y comercios turísticos no se ha podido estabilizar debido a la respuesta al COVID-19 que incluye restricciones para los turistas en la isla.

 

“Con esta asignación, el Gobierno de Puerto Rico ha destinado ayudas a la industria turística que suman $100 millones. Seguiremos trabajando para que este, así como otros sectores claves de la economía de Puerto Rico puedan tener las herramientas necesarias para sobrellevar este periodo y puedan levantarse y continuar operando como de costumbre”, añadió Marrero Díaz.

 

Por su parte, el secretario del DDEC, indicó: “Estamos comprometidos en apoyar al sector turístico con las ayudas disponibles en el gobierno y en el sector privado en el proceso de recuperación. Confiamos que dentro de la situación que afrontamos a nivel mundial y respetando las normas de salud pública, logremos reestablecer esta industria importante para el desarrollo económico de la isla. Tenemos varios proyectos de alto impacto pendiente de inauguración y que serán grandes atractivos para los turistas, tanto locales como extranjeros”, indicó Laboy Rivera.

 

Para obtener más información sobre éste y otros programas de asistencia a distintos sectores económicos en respuesta a la emergencia causada por el coronavirus, visite el centro de recursos de COVID-19 en https://www.aafaf.pr.gov/covid-19-resource-center/.

 

Fuente: El Nuevo Día

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar J. Marrero Díaz anunció que la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (Cofina) recibió la totalidad de los fondos para el pago anual a sus bonistas. Dichos fondos provienen de los primeros recaudos del 5.5% del impuesto sobre ventas y uso (IVU), conforme al Plan de Ajuste de Cofina.

 

El principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico informó que Cofina recibió y depositó en Bank of New York Mellon, como fiduciario de los Bonos de Cofina, los ingresos del IVU para el año fiscal 2021.

 

Los ingresos de Cofina recaudados desde el 1 de julio de 2020 hasta el 19 de octubre de 2020, totalizaron $454,472,448.

 

“Una vez más destacamos nuestro compromiso con los acuerdos de reestructuración alcanzados, aunado a la efectividad de nuestra administración fiscal, la cual se ve reflejada con el recaudo para el pago a los bonistas de Cofina. Esta gestión es otro paso significativo en nuestra ruta fiscal y acceso a los mercados capital”, expresó Marrero.

 

Acorde con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, “nuestro gobierno está comprometido, no solo a buscar ayudas económicas para todos los que vivimos en esta isla, sino también a cumplir con su responsabilidad fiscal. Queremos salir de la quiebra lo antes posible y pasos como estos son importantes para poder lograrlo”.

 

En tanto, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, destacó que el gobierno de Puerto Rico completó el pago a Cofina que se realiza bajo el Plan de Ajuste, a menos de cuatro meses de iniciar este año fiscal. “Haber cumplido de forma exitosa en una segunda ocasión con esta meta y en un tiempo récord, es motivo de gran satisfacción para nosotros”.

 

Asimismo, Carlos M. Yamín, director ejecutivo de la Corporación aseveró que la Junta de Directores independiente de Cofina y su gerencia destacan como un logro el que la Corporación haya alcanzado esta meta por segundo año consecutivo. “Con esto, queda evidenciado el éxito de la reestructuración de Cofina”.

 

Fuente: El Vocero

Publican estadísticas económicas de Puerto Rico

 

Por primera vez, el Negociado de Análisis Económico de Estados Unidos (NAE) incluyó a Puerto Rico en los informes de estimados anuales del Producto Interno Bruto (PIB), iniciativa que acorde con varios funcionarios gubernamentales comienza a proveer visibilidad a la Isla.

 

De igual manera, los funcionarios gubernamentales describieron la incursión del País en el NAE como un paso de avanzada para la planificación de estrategias para el desarrollo financiero de la Isla.

 

“Esto es histórico. Es la primera vez que se publica esta versión prototipo sobre un análisis y los estimados del crecimiento económico de Puerto Rico. Es algo que se había reclamado por mucho tiempo. La primera fase se anunció el año pasado para esta misma fecha y ahora se completa, dándonos una perspectiva económica que nos permitirá hacer análisis posteriores y tomar mejores decisiones. Este es un logro importante para la Isla. Ahora podemos adoptar mejores prácticas y tener datos comparables a nivel internacional”, declaró Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sobre el logro compartido con la Junta de Planificación (JP).

 

Los datos estadísticos publicados correspondientes a los años comprendidos entre 2012 y 2018 incluyeron el gasto del consumidor, la inversión fija privada, la inversión en inventarios privados, las importaciones y exportaciones y el gasto público. Estos mostraron que la economía de Puerto Rico, -medida por el PIB ajustado por inflación- se expandió de 2012 a 2014, antes de contraerse en 2015 y continuar disminuyendo hasta 2018, provocado principalmente por el impacto del huracán María.

 

De las estadísticas se pudo desprender que las exportaciones de bienes y servicios representaron un factor clave para los cambios en el PIB real durante este periodo, en el cual la volatilidad se reflejó en el comercio de bienes, donde figuraron productos farmacéuticos químico-orgánicos y dispositivos médicos.

 

“El informe resalta a la industria farmacéutica, la manufactura y dispositivos médicos, quedando demostrada su importancia. Hay que seguir trabajando con el gobierno federal y apostando a que vengan a Puerto Rico, viendo el trasfondo y el comportamiento de esta industria”, acotó Laboy.

 

Por su parte la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, resaltó el beneficio de poder presentar datos certeros que brinden un panorama más completo a los congresistas sobre las necesidades de la población puertorriqueña.

 

“Esto es un logro mayor, que permite la integración de Puerto Rico a los estudios de economía, importación y exportación en los Estados Unidos. Esto me ayuda en el Congreso, ya que muchas de las trabas que encontraba cuando pedía trato igual para Puerto Rico en los programas federales -a base de fórmulas- era que no había datos confiables y ahora los tenemos. Este es un hito importante e histórico para mejorar nuestra comprensión de la economía de la Isla”, dijo.

 

“Seguiremos trabajando en el Congreso para asegurar que NAE cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo de mejorar las estimaciones del PIB para Puerto Rico y, por lo tanto, poder lograr su meta a largo plazo de incluir e integrar los territorios de Estados Unidos en sus estimaciones del PIB a nivel nacional”, agregó González Colón.

 

Las estadísticas evidenciaron que la mayor disminución del PIB real se registró en 2017, lo que refleja el impacto generalizado de los huracanes Irma y María en las exportaciones de bienes, la inversión privada en inventarios y el gasto de los consumidores. En 2018 el PIB real disminuyó 0.9%. Aunque el gasto de los consumidores, la inversión privada en inventarios privados y la actividad de la construcción crecieron significativamente en el año posterior a los huracanes, estos aumentos fueron contrarrestados por un aumento en las importaciones y una disminución en las exportaciones.

 

De igual manera, las estadísticas registraron que las mayores disminuciones en el gasto real de los consumidores se produjeron en 2014 y 2017. Dicha tendencia fue adjudicada a que en 2014, en la medida que los salarios disminuían y los precios al consumidor continuaban aumentando, los residentes redujeron sus gastos tanto en bienes como en servicios.

 

Fuente: El Vocero

El refinanciamiento resultó además en la reducción de la deuda total que existía previo a la transacción de $300.5 millones

 

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Omar J. Marrero Díaz anunció que Puerto Rico logró acceder a los mercados de capital luego que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y Administración de Vivienda Pública (AVP), refinanciaran los bonos vigentes de la AFV, generando ahorros que alcanzaron cerca de $43 millones en el servicio de la deuda.

 

Marrero Díaz explicó que el refinanciamiento de los Bonos en Circulación se llevó a cabo mediante la emisión de $249.6 millones en bonos de refinanciamiento del Programa de Fondos Capitales de Modernización (“Bonos de Refinanciamiento”). El refinanciamiento resultó además en la reducción de la deuda total que existía previo a la transacción de $300.5 millones al lograr utilizar fondos en las cuentas de dichas emisiones y en la venta de bonos nuevos a primas que generaron fondos adicionales.

 

“Esta transacción logra alcanzar, en promedio, ahorros en el servicio de la deuda de sobre $8.5 millones anuales, cuyos fondos podrían utilizarse para el beneficio del Programa de Modernización de Vivienda Pública. Los bonos de la presente emisión tienen vencimientos similares a los de los Bonos en Circulación de 2020 a 2028. Esta transacción representa un paso importante en el regreso de Puerto Rico a los mercados de capital y demuestra una vez más, que estamos restableciendo la confianza en Puerto Rico”, indicó por escrito Marrero Díaz, quien también funge como principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico.

 

La transacción recibió una demanda sustancial por parte de inversionistas tradicionales, con sobre $750 millones en indicaciones de interés, resultando en una demanda que superó por más de tres veces la cantidad de bonos disponibles. El costo total de interés, incluyendo gastos asociados con estructurar y vender la nueva emisión, resultó ser 1.27%.

 

Actualmente, la AFV tiene aproximadamente $300 millones en bonos vigentes emitidos bajo el Programa de Fondos Capitales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, por sus siglas en inglés), con vencimientos entre 2020 y 2027. La AFV emitió sus bonos en los años 2003 y 2008 y prestó el producto de dichas emisiones a la AVP para realizar mejoras y modernizar proyectos residenciales públicos en toda la Isla conforme a los propósitos del programa federal.

 

El principal e intereses de los bonos refinanciados y los bonos nuevos son pagaderos únicamente de las asignaciones de fondos federales que realiza el Congreso de los Estados Unidos cada año para proyectos de mejora y modernización de residenciales públicos a través de HUD. Los bonos no constituyen una deuda, obligación o promesa de pago del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas.

 

La AVP tiene a su cargo el desarrollo y la operación de las unidades de vivienda pública y recibe subsidios y subvenciones de HUD. Su política pública va dirigida a lograr una administración altamente eficiente con el norte de mejorar la calidad de vida en los residenciales públicos, fomentar la actividad comunitaria y el desarrollo integral de los puertorriqueños que viven en dichos proyectos de vivienda. Es importante recalcar que, aunque la fuente de repago de los bonos consiste en los subsidios y subvenciones de HUD, la reducción en el servicio de la deuda que resultaría del propuesto refinanciamiento redundaría en más fondos disponibles para llevar a cabo la misión de AVP.

 

Por su parte, la AFV cumple el propósito de proveer financiamiento y servicios para crear y preservar viviendas de interés social, y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, proveyendo opciones de financiamiento para familias de ingresos bajos o moderados.

 

Fuente: Primera Hora

Por primera vez, la agencia federal publicará datos en torno al Producto Interno Bruto de la misma manera en que analiza la economía de los 50 estados y otros territories

 

Con la intención de publicar los datos regularmente, por primera vez, el Negociado de Análisis Económico (BEA, en inglés) del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha publicado este lunes, un prototipo de lo que sería la serie estadística del Producto Interno Bruto de Puerto Rico (PIB) de Puerto Rico.

 

La divulgación de la nueva herramienta de análisis económico, lo que constituye un hito para Puerto Rico, pero también para el BEA, fue dada a conocer por la directora interina de la dependencia federal, Mary Bohman, la especialista a cargo del proyecto, Aya Hamano, y la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

 

Según Bohman, luego de recibir una asignación especial para asistir a la isla en la compilación de datos en torno a su PIB y hacer un primer ejercicio analítico a esos fines, el BEA ahora tiene fondos recurrentes en su presupuesto para producir la serie anual. Entre decenas de series estadísticas, el BEA publica el PIB de todos los estados de Estados Unidos y lleva décadas, publicando la serie para otros territorios como las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte.

 

Es decir, y en términos simples, la serie acerca del PIB de Puerto Rico que publicará el BEA será comparable con la serie de Producto Interno Bruto por Estado (“GDP by State”) de la dependencia federal.

 

Empero, en este momento, los datos para Puerto Rico se publicarán anualmente. La serie estadística de los estados, incluye divulgaciones acerca del comportamiento de la economía cada trimestre.

 

De acuerdo con la experta, el ejercicio puesto en vigor desde el BEA se ha hecho considerando las metodologías vigentes a nivel internacional e incorporando métodos que la Junta de Planificación (JP) no suele aplicar.

 

En principio, el BEA recibió una asignación de $2 millones para el proyecto en el que colaboraron la JP, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

 

“Es un paso adelante”, indicó Bohman al subrayar que el trabajo que hará el BEA es una herramienta “complementaria” al trabajo analítico que lleva a cabo la Junta de Planificación.

 

Según Vázquez Garced, la publicación del nueva herramienta analítica debe ayudar a tomar más y mejores decisiones de política pública, pero también de contribuir a mejorar la confianza de los inversionistas en Puerto Rico y recobrar el acceso a los mercados de capital.

 

La diferencia entre el PIB y el PNB

Al divulgar la serie, Hamano subrayó que los datos compilados por el BEA ofrecen una historia bastante similar a la que Puerto Rico reporta y que demuestra que la isla lidia con una contracción económica desde hace algunos años.

 

En Puerto Rico, aunque la JP publica información acerca del PIB, con frecuencia la discusión se centra en el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB), que busca medir el tamaño de la economía partiendo de la producción que generan de los individuos y empresas con sede principal en la isla. En esos datos, la constante ha sido la contracción desde el año 2006.

 

El PIB, en contraste, mide el valor de la producción de todo lo hecho en Puerto Rico, sean bienes o servicios, tanto de entidades con sede en la isla como la producción de los no residentes, como sería la industria farmacéutica.

 

La publicación de la serie por parte del BEA es fruto, además, de las recomendaciones del grupo de trabajo bipartita congresional que publicó un análisis de la economía de la isla y recomendaciones para sacarla de su estancamiento prolongado a luz de la ley federal Promesa en el 2016.

 

La divulgación de la nueva serie estadística se produjo durante una conferencia de prensa, donde participó además la comisionada residente Jennifer González, el secretario del DDEC y una de las figuras más activas en el desarrollo del proyecto, Manuel Laboy, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero y el director ejecutivo del IEPR, Orvil Disdier.

 

¿Qué dice la primera lectura del BEA sobre Puerto Rico?

La primera entrega analítica del BEA -que se produce un año después de que se anunciara la iniciativa- ofrece dos vistazos acerca del curso que ha seguido la economía de Puerto Rico.

 

La dependencia federal analizó el PIB de la isla entre los años calendario 2013 a 2018, haciendo hincapié en la balanza comercial, los gastos de individuos y del gobierno -desmenuzado a nivel estatal, federal y municipal- y la inversión de capital fijo.

 

Además, el análisis demuestra cómo los eventos asociados con el huracán María y el proceso de reconstrucción posterior al desastre -donde la inversión por parte del estado y los pagos de reclamaciones por seguro jugaron un rol decisivo- impactaron considerablemente las exportaciones, los gastos de consumo personal y la inversión en infraestructura.

 

Según la lectura del BEA, entre los años calendario 2012 a 2014, el PIB de Puerto Rico creció en buena parte por un alza considerable en las exportaciones, particularmente de fármacos, dispositivos médicos y compuestos químicos. En el año 2017, esa fuerza exportadora quedó anegada por los huracanes Irma y María.

 

Hacia el 2014, en términos reales, el PIB de Puerto Rico se ubicó en $110,045 millones. En ese año, porcentualmente hablando, la economía creció 2.4%. Pero desde el 2015 al 2018, el PIB se movió a terreno negativo, con contracciones interanuales de 0.6%, 3.4%, 6.5% y 0.9%, respectivamente.

 

A diferencia de los cálculos de la JP que suelen utilizar de referencia el valor del dólar a precios de hace más de cuatro décadas, las cifras provistas por el BEA analizan el desempeño de la economía considerando precios del 2012.

 

El golpe del huracán María fue tan brutal que en el 2017, el PIB cayó por debajo de los $100,000 millones. Específicamente, el BEA estima la cifra en $98,759 millones.

 

En el 2018, con todo y la fuerte inversión privada y pública, en especial por la inversión de recursos federales en la red eléctrica, el PIB retrocedió nuevamente, ubicándose en $97,861 millones.

 

En el 2018, según el informe y principalmente como resultado del desastre natural, la inversión privada en estructuras y equipos a nivel residencial y no residencial, dio un salto considerable, de unos $8,943 millones en el 2017 a $16,071 millones, para un alza anual de 89.2%, una cifra que no tendría comparable ni siquiera antes del período de estancamiento prolongado que experimenta Puerto Rico desde el 2006.

 

De acuerdo con el secretario Laboy, aparte de la relevancia que supone la integración de Puerto Rico a las series del BEA y sobre todo, a la producción estadística siguiendo parámetros internacionales, la primera lectura acerca del PIB de Puerto Rico demuestra el papel clave que juega el sector farmacéutico y de dispositivos médicos en la economía. Tales datos, sostuvo, ahora deben contribuir a los esfuerzos para promover a la isla como un jugador de peso en la cadena logística de salud de Estados Unidos como resultado del coronavirus.

 

Ejercicio que pende de un hilo

Si bien el BEA aportaría una nueva herramienta para medir la actividad económica de la isla, esta pende considerablemente de una pieza de información que ahora podría desaparecer.

 

Ello, porque el Negociado del Censo propone modificar la información que empresas importadoras, exportadoras y corredores de aduanas proveen al Sistema Automatizado de Exportaciones (AES) a través de un formulario conocido como Información Electrónica de Exportaciones (EEI). El Negociado del Censo propone eliminar el requisito de presentar este formulario, de donde el Censo y el BEA levanta la información vinculada a la balanza comercial.

 

A preguntas de El Nuevo Día, Hamano reconoció que el BEA depende “fuertemente” de los datos que surgen del EEI.

 

“La actividad comercial en esos números es lo que está guiando mucho, mucho del crecimiento”, dijo Hamano. “No nos oponemos a la eliminación del requisito, no tenemos ninguna opinión sobre el requisito en sí mismo, solo nos preocupa la data que se obtiene de este”.

 

Según Hamano, sin esa data o un mecanismo alterno para obtenerla, ello podría en serios aprietos la publicación de los estimados del PIB que apenas comienza.

 

Acto seguido, Laboy sostuvo que hay un grupo de trabajo buscando una data alternativa que permita sustituir la información que se perdía con la eliminación del EEI y aseguró que hay un compromiso para identificar esa fuente alternativa antes de que se tome cualquier otra decisión.

 

Por su parte, la comisionada residente González, sostuvo que la decisión del Censo no es definitiva y que el formulario que se pide a los comerciantes en la isla constituye una carga que no se aplica a otros comerciantes a nivel continental y a ello, responde la búsqueda de otras alternativas para continuar documentando la actividad comercial sin que ello encarezca el costo de hacer negocios en la isla.

 

Fuente: El Nuevo Día