El presupuesto para el próximo año fiscal 2023-2024, que aprobó la Cámara de Representantes, ascendente a $12,739 millones, otorga mayores poderes a la Junta de Control Fiscal para la revisión y aprobación de contratos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Actualmente, los contratos del gobierno de sobre $10 millones deben pasar el cedazo de la junta, ente que tiene la potestad, además, de verificar de forma aleatoria o según su propio criterio acuerdos por debajo de esa cantidad. Sin embargo, la legislación dispone reglas específicas para la AEE y la UPR.

La Sección 30 de la Resolución Conjunta de la Cámara 454 establece que la junta fiscal revisará los contratos de la AEE que abarquen o pasen los $250,000 pagaderos de las partidas presupuestarias de “servicios profesionales y técnicos subcontratados” y “reestructuración de la AEE y Título III”.

“Por consiguiente, todos los contratos propuestos (o series de contratos relacionados) que alcancen dicho umbral y sean clasificados como contratos de servicios de consultoría por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (y cualquier subcategoría aplicable) deben ser sometidos a la Junta de Supervisión para revisión y aprobación antes de su ejecución”, lee la pieza.

Para todos los demás contratos de la AEE, la junta fiscal mantiene el umbral actual de $10 millones. En cambio, todos los contratos de la UPR de $2 millones o más deben pasar por el cedazo del ente fiscal creado al amparo de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (Promesa).

La legislación -aprobada en la Cámara con 33 votos a favor y 15 en contra- dispone que la junta puede, además, requerir, a su propia discreción, que el gobierno o cualquier instrumentalidad los mantenga al tanto de los procesos de adquisición en curso para la ejecución de nuevos contratos.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, dijo a EL VOCERO que el lenguaje fue incluido a petición de la junta. Agregó que el Senado podría cambiar o eliminar dicho lenguaje en el proyecto, pero “lo que pasa es que si es un lenguaje que la junta está pidiendo, te lo va a imponer”.

“La realidad es que es una opinión encontrada. Si bien es cierto que es importante que se revisen las cosas, también estoy consciente de que eso dilata los procesos, lo hace más denso. Ese es el costo de tú revisar”, expresó Santa, quien apoya que se revisen los contratos, ya sea por la junta u otra entidad.

Además, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, planteó que “el lenguaje incluido en la medida de presupuesto aprobada por la Cámara de Representantes en cuanto a la evaluación de contratos por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, es consistente con su política pública”.

“La Junta siempre ha tenido la autoridad y prerrogativa para indagar sobre cualquier contrato de cualquier agencia o entidad pública”, abundó Blanco.

Por su parte, la junta fiscal dijo que, desde 2017, a su discreción, revisa ciertos contratos de conformidad con Promesa y la Política de Revisión de Contratos, para “asegurarse de que promueven la competencia en el mercado y que no sean incompatibles con el plan fiscal aprobado”.

“Para la UPR, el umbral de revisión de contratos es de $2 millones. La Junta de Supervisión revisa los contratos con celeridad, según lo exige la política. Según la política, una vez la UPR presenta toda la documentación e información requeridas, la Junta de Supervisión emitirá una determinación dentro de un término de 12 días laborables. El proceso de revisión de contratos es un elemento esencial de la responsabilidad fiscal y de la contratación adecuada”, agregaron.

Fuente: El Vocero

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