La Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera de Puerto Rico (Aafaf) defendió este martes que no remitió los contratos correspondientes a $24.4 millones en desembolsos de fondos federales a la Oficina del Contralor Electoral (OCPR), porque desde la perspectiva de la agencia, se trató de “acuerdos de transferencia” pactados entre el gobierno y los recipientes de los fondos y estos no tenían que ser registrados en la entidad.

En un análisis de la OCPR sobre la distribución y uso de incentivos económicos con fondos de la ley federal Cares dirigidos al sector turístico, la oficina encontró que el Programa de Proyectos Estratégicos (PPE) no envió copia de los contratos con 13 entidades privadas que recibieron los incentivos multimillonarios.

El PPE fue creado por el Comité de Supervisión de Desembolsos, adscrito a Aafaf, el 30 de octubre de 2020, con el objetivo de ayudar a la Autoridad del Centro de Convenciones de Puerto Rico, la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés) y unas 12 entidades relacionadas al complejo de entretenimiento de Distrito T-Mobile, en medio de la pandemia.

“El informe en cuestión habla de ‘contratos’, cuando en realidad se trata de acuerdos de transferencia o ‘transfer agreements’“, indicó Marrero en un comunicado de prensa. “El ‘transfer agreement’ al que se hace referencia, es un documento en el cual la entidad recipiente acepta cumplir con todos los términos y condiciones de la subvención federal”.

Para el funcionario, el documento no tenía intención de procurar bienes ni servicios a cambio de prestaciones monetarias. A su juicio, representa una medida de transparencia y control interno para procurar que cada recipiente o beneficiario supiese de los requisitos de cumplimiento de la ley.

El informe de la OCPR no detalla las entidades que recibieron los fondos.

“El mismo documenta una transferencia de fondos ya establecida por el gobierno federal para que sean los recipientes quienes desarrollen proyectos de mitigación y respuesta” explicó Marrero.

“Por tanto, era la opinión de la Aafaf que los acuerdos de transferencia no debían registrarse ante la OCPR debido a que el propósito principal del documento era reconocer la responsabilidad de cumplimiento de quien recibió los fondos, como una aceptación de que debían cumplir con requisitos regulatorios”, agregó.

Marrero, además, defendió que en medio de la emergencia que provocó el Covid-19, la prioridad del gobierno era agilizar los desembolsos. “De tal forma, se buscaba mitigar rápidamente el efecto adverso que las órdenes de cierre causaron en las empresas puertorriqueñas”, apuntó.

Según Aafaf, el Comité de Supervisión de Desembolsos, compuesto por el Departamento de Hacienda (Hacienda), la Aafaf y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, fue el responsable de establecer los criterios para que las entidades recibieran los fondos.

Añadió que, luego que la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) confirmara las entidades elegibles bajo su jurisdicción, cada organización elegible tenía que solicitar mediante la plataforma de SURI del Departamento de Hacienda, aceptando los términos y condiciones de las guías del programa, además de certificar que cumplía con los requisitos establecidos para la subvención de emergencia. Una vez aprobado el desembolso, se procedía a la firma de los contratos por las partes, explicó Aafaf.

Sin embargo, el análisis de la OCPR indica que la CTPR no tenía las certificaciones de entidades turísticas al día, lo que propició que el gobierno entregara dinero a entidades turísticas que no cumplían con uno de los requisitos más importantes del programa.

Aparte de los $24.4 millones en contratos no remitidos a la OCPR, la entidad encontró que el Departamento de Hacienda pagó casi $2 millones a personas y entidades relacionadas al turismo que no cumplían con los requisitos de elegibilidad para acceder a fondos del Programa de Asistencia Turística, que contó con $100 millones en fondos de emergencia bajo la ley federal Cares.

Mediante un informe especial, la OCPR recomendó a la CTPR que mantenga actualizados los registros de las fechas de vencimiento y de renovación de las certificaciones de los guías turísticos, las agencias de viaje, los mayoristas de viaje y los negocios de turismo náutico certificados.

“En la actualidad, como parte de nuestra labor ministerial, la Oficina de Servicios y Fiscalización Turística y la Oficina de Planificación y Desarrollo realiza actualizaciones de dichos registros mensualmente. Además, se continúa ofreciendo adiestramiento al personal, utilizando la tecnología como un aliado en esta encomienda”, aseveró por su parte, la CTPR en declaraciones escritas.

Fuente: El Nuevo Día

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