Representantes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) negaron esta mañana que con el acuerdo de transacción de deuda (RSA, por sus siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), acordado en el 2019 con los bonistas, se pretenda imponer lo que se ha conocido popularmente como el “impuesto al sol”.

Nelson Pérez Méndez, subdirector ejecutivo de la Aafaf, sostuvo en una vista pública en el Senado que los bonistas de la corporación solicitaron que se incluyera en al acuerdo lo que llamó “ciertas garantías” o “Protecciones de Demanda”, al referirse a un mecanismo para que se los acreedores se protejan en el caso de que el consumo general de electricidad no disminuya, pero la cantidad de clientes sea menor debido a la migración provocada por ciudadanos que compren sistemas de energía renovable.

Esto, debido a que el Cargo de Transición pactado en el RSA y que servirá como mecanismo de repago de la deuda no fluctuará según se comporte la demanda de energía, aunque sí incrementará gradualmente encareciendo el costo de la luz. Pérez indicó que los ingresos de la AEE podrían ser menores a lo proyectado “e insuficientes para cubrir los pagos del servicio de la deuda”.

Según la Aafaf, los tenedores de bonos asumirán todo el riesgo en un escenario en el cual el consumo general disminuya y el Cargo de Transición no produzca suficientes ingresos.

“Estas protecciones adicionales son las que han llevado a que el Cargo de Transición sea erróneamente etiquetado como el impuesto al sol. En realidad, estas protecciones simplemente aseguran que aquellos que permanezcan conectados a la red, y por lo tanto se benefician de la misma, paguen por el Cargo de Transición por tener el beneficio de acceder energía del sistema energético en cualquier momento”, indicó Pérez Méndez.

Críticos del RSA del 2019, que presuntamente contiene el impuesto al sol, sostienen que el cargo que se quiere incluir es independiente del Cargo por Transición que podría alcanzar los 4.5 centavos el kilovatio/hora y que realmente representaría un impuesto sobre lo que el cliente consuma por energía producida en un sistema propio de energía renovable.

Como lo frasea la Aafaf, los clientes “solo deben asumir estos costos en relación a la energía que adquieren del sistema de transmisión y distribución”.

Es la postura de la Aafaf y también de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que también depuso esta mañana en una vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, que solo un consumidor que se independice en su totalidad del sistema de la AEE se vería eximido de pagar lo que también se conoce como el Cargo detrás del Metro o el llamado “impuesto al sol”.

Sin embargo, Pérez sostuvo que el RSA del 2019 le permite al Negociado de Energía diseñar mecanismos para amortiguar el efecto del Cargo por Transición como establecer tarifas fijas para clientes que participen en el programa de medición neta, permitirle a que clientes con sistemas de energía renovable instalados antes de septiembre del 2020 que “solo” paguen el Cargo por Transición a base de su consumo neto del sistema de la AEE “eximiendo su consumo detrás del contador”.

Dentro del RSA hay dos tipos de bono. El bono Serie A va a cubrir el 67.5% de la deuda original de la AEE y los bonos Serie B van a cubrir otro 10%. Esta segunda es lo que se conoce en el argot de quiebras como deuda no garantizada.

A preguntas del senador popular Javier Aponte Dalmau, Pérez sostuvo que cualquier examen que se hiciera antes del acuerdo del 2019 para identificar posible deuda “ilegal” estuvo en manos de consultores de la Aafaf que no pudo identificar.

“Es un trabajo que hicieron nuestros consultores. Se entiende que la deuda negociada es legítima, que se tiene que trabajar y que se tiene que responder (por ella)”, dijo.

Cuando se le insistió sobre si la totalidad de la deuda es lícita y exigible, Pérez nuevamente aludió al trabajo de los consultores y al trabajo que también hizo la Junta de Supervisión Fiscal.

“Los consultores se dieron a la tarea de hacer esos análisis y a base de esos análisis llegaron a los acuerdos en el RSA”, dijo. “Estamos seguros de que el análisis se llevó a acabo”, agregó el funcionario, quien entró a trabajar en la Aafaf hace mes y medio y al insistir que la deuda, si el RSA, provocaría un aumento de no menos de 10 centavos kilovatio/hora en la factura si se tuviera que pagar en su totalidad.

La Aafaf defiende el RSA de 2019 amparándose en que se reduce la deuda de la AEE en 32.5% y en que se crea una entidad independiente de la AEE para emitir los nuevos bonos, librando de los libros contables de la AEE la deuda incurrida.

Fuente: El Nuevo Día

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