El gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han llegado a un acuerdo definitivo (RSA, en inglés) con un grupo mayoritario de los bonistas de la Autoridad de EnergíaEléctrica (AEE) y con la aseguradora de bonos municipales Assured Guaranty, pacto que sentaría las bases para adoptar el segundo plan de ajuste en la reorganización de la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal Promesa.
Empero, el pacto suscrito entre las partes este viernes no fue avalado por las instituciones financieras que otorgaron las líneas de crédito a la AEE y que antes suscribieron el pacto preliminar y tampoco cuenta con el respaldo de las aseguradoras National Public Finance Guaranty, Syncora Guarantee y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).
Tal y como reportó El Nuevo Día hace una semana, el acuerdo supone, en principio, un recorte que ronda el 30% del principal adeudado en bonos de la AEE y reduciría en los próximos 10 años y prácticamente a la mitad, el servicio a la deuda actual y que ronda unos $700 millones.
Los acreedores suscribientes representan el 51% de la deuda por bonos de la AEE, se informó.
Este viernes, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, y su homólogo en la AEE, José Ortiz, destacaron que el acuerdo brinda espacio a la corporación pública para continuar modernizando su infraestructura, un proceso que permitirá hacer contrapeso al cargo especial que se implementará para pagar a los bonistas.
Sobrino Vega explicó que el acuerdo requerirá legislación, al igual que el aval de la corte federal que atiende los casos de Título III. Empero, se mostró confiado en que el gobierno podrá consumar el acuerdo e implementarlo en su totalidad para marzo del 2020.
“Con la ejecución de este acuerdo, Puerto Rico envía un mensaje poderoso a los mercados de que nuestra isla está tomando los pasos necesarios para reestructurar nuestra deuda pública”, sostuvo Sobrino Vega.
“El acuerdo ayuda a que la inversión privada (que recibiría la AEE) sea más barata al eliminar la incertidumbre de lo que queda por pagar”, dijo por su parte, Ortiz.
Por su parte, el presidente de la JSF, José B. Carrión, indicó que el acuerdo “es un momento decisivo en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, y más específicamente en la transformación de la AEE de una entidad en quiebra a un proveedor eficiente y moderno de energía”.
En julio arranca el cargo para pagar a los bonistas
Al igual que el pacto suscrito para el 2015 y que impulsó la firma AlixPartners y su ejecutiva, Lisa Donahue, quien tenía a su cargo la reorganización de la AEE, el RSA divulgado hoy entre la corporación pública y el grupo Ad Hoc-AEE y Assured requerirá adoptar un cargo de transición para pagar la deuda.
Empero, a diferencia de aquel pacto, el cargo de transición no fluctuará en caso de que no se logren volúmenes de demanda energética. Más bien, explicó Sobrino Vega, la nueva estructura de financiamiento establece un cargo que aumentará escalonadamente durante el período de vigencia de los nuevos bonos.
Dicho cargo comenzará a reflejarse en la factura de la luz, explicó Sobrino Vega, a partir de julio próximo. En ese momento, el cargo de transición se implementará parcialmente, cobrando un centavo el kilovatio hora (kvh).
Si el acuerdo se ejecuta en definitiva, para marzo de 2020, el cargo de transición aumentaría a 2.768 centavos el kvh y en lo sucesivo el cargo aumentaría anualmente hasta ubicarse en 4.552 centavos el kvh para el año 33 de vigencia de los bonos.
En caso de que en ese período no pueda saldarse la deuda renegociada, el vencimiento de los bonos continuaría extendiéndose otros siete años, es decir, hasta 40 años.
Fuentes vinculadas al grupo Ad Hoc-AEE expresaron satisfacción con el acuerdo alcanzado.
“Hoy es un buen día para Puerto Rico”, dijo la fuente al revelar que el grupo se mantiene optimista en que National -filial de MBIA- y que ha objetado el pacto para reclamar que se nombre un síndico en la AEE, llegue a un entendido.
“Instamos a los demás bonistas a que en aras de maximizar la transacción se unan rápidamente para que maximicen su propia recuperación y provean seguridad a la AEE en su paso hacia el futuro”, dijeron las fuentes.
El pacto develado hoy solo atiende la deuda de la AEE por concepto de bonos y que ronda unos $8,300 millones. A esa cifra, habría que añadir unos $700 millones por concepto de las líneas de crédito de compra de combustible y que ahora no suscriben el RSA; otros $3,000 millones correspondiente a la deuda con el sistema de retiro de los empleados de la AEE y $52.2 millones en instrumentos de intercambio de intereses o “swaps”.
El RSA definitivo divulgado hoy supone el tercer acuerdo entre la JSF y el gobierno con acreedores desde el inicio de los procesos de Título III hace dos años y sería elsegundo que se logra extrajudicialmente. Esto, porque las partes negociaron fuera del proceso de mediación que requirió la jueza Laura Taylor Swain. Citibank actuó como asesor financiero, Ankura Consulting y los bufetes Proskauer Rose y O’Melveny Myers actuaron como asesores legales del pacto que requerirá el aval definitivo de Swain.
Fuente: Acuerdo definitivo entre el gobierno y la Junta con grupo mayoritario de bonistas de la AEE
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