El secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero, aseguró este jueves, que el gobierno no avalará un Plan de Ajuste en la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE) si este modifica las pensiones de los jubilados de esa corporación pública.

A su vez, Marrero aseguró que el plan de reestructuración que se presente el próximo 1 de diciembre no puede ser una carga a la economía de Puerto Rico ni para los abonados de la corporación pública.

A preguntas de El Nuevo Día, Marrero aseguró que el gobierno es parte activa en el proceso de reestructuración de la corporación pública y subrayó que unirá fuerzas con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para evidenciar que los derechos de los bonistas no son tan amplios como estos alegan.

Marrero hizo sus expresiones durante una conferencia de prensa para anunciar el inicio del proceso de votación del acuerdo para modificar la deuda de la Corporación de Financiamiento Público (PFC, en inglés).

A su vez, las declaraciones de Marrero se produjeron un día después de que la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, dio una especie de reprimenda a la JSF por no haber reanudado las negociaciones con los acreedores y reiteró que espera el PDA-AEE el próximo 1 de diciembre.

“Que quede claro que cualquier plan de ajuste tiene que ser affordable y sustainable (asequible y sostenible”, dijo Marrero.

“No puede haber un impuesto al sol, no puede haber un recorte a las pensiones”, sostuvo el funcionario al señalar que el (PDA-AEE) tiene que reestructurar todas las obligaciones más allá de los bonos de la corporación pública.

Ello implica que aparte de la tajada de la tarifa que irá para el pago de la deuda pública, también se impondrán cargos para pagar las pensiones, las líneas de crédito de compra de combustible y a los suplidores y contratistas de la AEE.

Marrero agregó que el gobierno también interesa que el PDA-AEE pueda mantener o adoptar estructuras de subsidio para los abonados, de manera que el pago de la reestructuración “no quede en la espalda de los más vulnerables”.

“Hemos sido consistentes en que este proceso tiene que acabarse, tiene que someterse un plan de ajuste, pero tiene que ser justo y razonable. Por eso, rechazamos todos los acuerdos que han presentado los acreedores, que cuando miramos la recuperación en la que ellos están insistiendo es altísima”, agregó el secretario de Estado al subrayar que las ofertas que presentaron los bonistas y que fueron rechazadas implicarían pagos de hasta 130% solo para este grupo de acreedores.

Marrero indicó que las propuestas hechas por los bonistas –que fueron develadas en septiembre pasado cuando se quebraron las negociaciones- parten de la premisa de que poseen una acreencia asegurada, un argumento que tanto la JSF como el gobierno disputarán en el litigio autorizado por la jueza Swain.

Marrero reconoció que Puerto Rico no puede correr el riesgo de que se desestime el proceso de quiebra de la AEE, pero dijo que “la única manera que tenemos nosotros para lograr que se pueda permitir reducir o que se pueda incluso, cuestionar la posición de los acreedores, es en el litigio”.

El funcionario aseguró que el gobierno coincide con la JSF en que el gravamen que poseen los bonistas de la AEE se limita al dinero depositado en las cuentas del fiduciario que custodia la deuda de la corporación pública y no incluye los ingresos que recibe la corporación, como alegan estos.

Fuentes de este diario que poseen bonos de la AEE y que solicitaron anonimato a pesar de que no participan del proceso de mediación ordenado por Swain, aseguran que los documentos constitutivos de los bonos de la corporación pública crearon un gravamen preciso a favor de estos y que, llegado el momento, prevalecerán en el litigio contra la JSF.

Las fuentes agregaron que si durante el juicio, que podría ventilarse temprano en el 2023, la jueza Swain no les da la razón, estos agotarán todos los remedios en el sistema federal de justicia para defender su postura. Ello, porque los bonos de la AEE descansan en la estructura de bonos de ingresos especiales, un tipo de financiamiento ampliamente utilizado en el mercado municipal estadounidense.

“Sabemos que hay riesgo. Esto no es, no es seguro, ninguna determinación lo es, pero ya la jueza (Swain) nos pidió que el plan de ajuste que someta la JSF para el 1 de diciembre tiene que tomar en consideración esa controversia y la posible adjudicación”, dijo Marrero al reconocer que la quiebra de la corporación pública pone en riesgo la reconstrucción del sistema, la asignación de fondos federales e incluso, la financiación de los proyectos de energía renovable que son requeridos para cumplir con la política pública de energía renovable de Puerto Rico.

Fuente: El Nuevo Día

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