Naranjito – En el barrio Cedro Abajo de este municipio, un enorme mural de un niño junto a la monoestrellada da la bienvenida a una estructura que, claramente, una vez fue una escuela, pero el portón siempre abierto y los letreros en el exterior dan cuenta de que el espacio ahora sirve para otros fines.

El Programa de Adolescentes de Naranjito, Inc. (PANI) nació como un proyecto para ofrecer servicios de salud mental a adolescentes, pero, en los últimos 34 años, ha ampliado su alcance, hasta el punto de que sus empleados “hacen de todo”, afirmó su directora ejecutiva, Áurea Berríos Sáez.

Si alguna comunidad de Naranjito o municipios cercanos tiene alguna necesidad, es muy probable que el PANI ya lo sepa y esté buscando cómo atenderla. Salud mental, violencia intrafamiliar, apoyo para combatir adicciones, seguridad alimentaria y acceso a energía eléctrica en momentos de emergencia son solo algunas de las áreas en las que ha provisto ayuda.

Próximamente, reclutarán a cuatro empleados para apoyar una iniciativa, financiada con fondos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, para atender la violencia de género, detalló la directora ejecutiva.

Además, el 4 de marzo, estrenan el programa sabatino “Leamos para aprender”, con el cual buscan dar apoyo a reducir el rezago académico de estudiantes en el área de la lectura.

En tanto, en el segundo piso de la antigua escuela, tienen un bazar, donde venden a $1 ropa y artículos para el hogar, aunque no dudan en regalar piezas a personas que las necesiten, destacó Berríos Sáez.

Sus servicios son tan amplios que se han tenido que mudar, en cuatro ocasiones, porque los locales que ocupaban se quedaban pequeños para sus proyectos. En 2019, encontraron el que piensan será su hogar permanente: la antigua escuela Felipa Sánchez Cruzado, que fue cerrada en 2018.

No obstante, escollos burocráticos han llenado sus planes de obstáculos e incertidumbre. Su primer contrato de arrendamiento fue por un año, que luego fue extendido por cinco, y se supone que vence en 2025. Sin embargo, el corto período establecido les dificulta beneficiarse de programas o propuestas disponibles para organizaciones sin fines de lucro. Ya han invertido cerca de $1 millón en mejoras a la infraestructura, indicó la directora ejecutiva.

A raíz de esta situación, lograron respaldo legislativo y, en 2021, el gobernador Pedro Pierluisi firmó una resolución conjunta que extendió el término del alquiler a 25 años.

La organización, sin embargo, se mantiene en la incertidumbre, pues desconocen si la medida ha entrado en vigor o requiere una ratificación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), señaló Berríos Sáez.

A preguntas de El Nuevo Día, una portavoz de la JSF sostuvo que no tuvieron reparos, en 2021, con la medida para otorgar el arrendamiento a largo plazo.

Millonarias las ventas

La escuela Felipa Sánchez es una de, al menos, 188 escuelas en desuso que, a partir de 2019, han sido arrendadas o cedidas en usufructo a organizaciones sin fines de lucro, entidades privadas y municipios, en su mayoría a $1 al mes.

Mientras, 37 planteles han sido vendidos por el gobierno, desde hace cinco años, por un monto de $16.9 millones, según información provista por el Comité de escuelas en desuso y bienes inmuebles (Cedbi), adscrito a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

En Puerto Rico, se cerraron 780 escuelas públicas entre 2009 y 2020, estableció un estudio dado a conocer en 2022, encabezado por investigadores de la Universidad de Toronto y de la Universidad de Puerto Rico (UPR). El mayor período de cierre de planteles fue en el cuatrienio de 2017 a 2020, cuando dejaron de operar 540.

Los precios de venta van desde los $2 millones, por la antigua escuela Madame Luchetti, de Condado (San Juan), adquirida por St. John’s School en 2022, hasta los $38,000 pagados por David Barreto para comprar la escuela Toribio Lassalle Bourdon de Moca.

Los principales arrendadores de escuelas son los municipios. Entre los 188 establecimientos educacionales que han sido arrendados, 117 pasaron a manos de 50 ayuntamientos.

Vivo el interés por los planteles

Caguas adquirió, en 2020, las escuelas en desuso Oscar L. Bunker y Juan Navarro, ambas en el barrio Cañaboncito, por $265,000 y $185,000 respectivamente. Las dos estructuras fueron demolidas y están en diversas fases de reconstrucción para establecer en los terrenos centros Head Start y Early Head Start, detalló la directora del Programa Head Start del Municipio de Caguas, Margot Vélez Meléndez.

La más adelantada es la Juan Navarro, que contará con dos salones de Head Start, para 30 niños preescolares y dos salones de Early Head Start, para 16 infantes. La construcción ya se inició, luego que se completara la mitigación de asbesto y plomo, y se construyera un muro de contención, indicó Vélez Meléndez. En total, este proyecto tendría un costo de $6.8 millones, de los cuales $1.5 millones provienen del Municipio y, el resto, de asignaciones federales para la recuperación tras los huracanes de 2017.

“Nosotros estamos proyectando, considerando nuestra isla, nuestro clima y demás, que para noviembre de 2024 este proyecto esté finalizando, lo que es la fase de construcción, y nos quedaríamos trabajando con lo que son los pasos administrativos y demás. El gobierno federal nos extendió los fondos un poco más, hasta junio de 2025, y esperamos que podamos abrirlo antes”, expresó la funcionaria municipal.

Mientras, los trabajos en la antigua escuela Oscar L. Bunker aún no ha comenzado y se estima que tendrían un costo de unos $5.2 millones, pero aún no se ha subastado, sostuvo Vélez Meléndez.

“Se están preparando ambos centros para poder atender a la familia, que sirvan como un refugio, pero solamente para darle la primera ayuda a las familias de manera diurna, para cargar teléfonos, proveer alimentación… Que puedan tener ese primer impacto, esa primera ayuda, de nosotros”, declaró la directora del programa, que atiende a 895 infantes y niños en centros ubicados en los pueblos de Juncos, Gurabo, Caguas y Aguas Buenas.

Hasta el pasado 2 de febrero, había 50 escuelas en desuso en inventario disponibles para arrendar o vender, de acuerdo con un listado disponible en el portal de la Aafaf.

El Cedbi destacó que se abrirá un proceso de solicitud de propuestas para disponer de ocho de estas 50 escuelas –ubicadas en Aguada, Guaynabo, Gurabo, Humacao, San Juan, San Sebastián, Toa Baja y Vega Baja– debido al alto interés que hay en ellas.

“Hay sobre 100 solicitudes para planteles escolares en desuso entre las que se encuentran compraventas, arrendamientos, arrendamientos con opción a compra y renovaciones de arrendamiento”, detalló el organismo mediante declaraciones escritas en respuesta a preguntas de El Nuevo Día.

Los fondos que obtiene el gobierno de la venta y alquiler de escuelas que están bajo la titularidad del Departamento de la Vivienda o el Departamento de Transportación y Obras Públicas –agencia a la cual pasan las estructuras una vez cerradas, por virtud de la Ley 12 de 1975– ingresan al Fondo General. La Autoridad de Edificios Públicos mantiene la titularidad de un plantel en desuso si esta corporación pública se encargó de su construcción, así que los fondos por la venta pasarían a sus arcas, precisó el Cedbi.

Fuente: El Nuevo Día

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