Casi una década después de incumplir con sus bonistas y principales acreedores, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tendrá su día en corte con miras a reestructurar unos $9,000 millones en obligaciones y otros $4,600 millones en deudas por concepto de pensiones con sus trabajadores actuales y jubilados.

Las vistas de confirmación del Plan de Ajuste (PDA-AEE) de la corporación pública, previstas para comenzar la tarde del lunes en la sede del Tribunal federal del Distrito de Puerto Rico, en Hato Rey, representan la etapa final del proceso de reestructuración de deuda del territorio estadounidense que comenzó concretamente en mayo de 2017.

Pero el proceso judicial –que según múltiples voces, definirá el futuro económico de Puerto Rico– también evoca el comienzo del cuadro de impago en el que entró la isla.

“Estamos en el último capítulo, esta es la última pieza de la reestructuración. La AEE es fundamental. Fue la que empezó este proceso y es la que puede propiciar un ambiente sostenible de desarrollo económico”, dijo el secretario de Estado, Omar J. Marrero, al recordar que fue la AEE la entidad que primero incumplió con sus acreedores para el verano del 2014.

Por ende, la AEE fue el detonante para la aprobación de Promesa, el estatuto federal que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, permitió modificar la deuda pública de una jurisdicción estatal (ello, en ausencia de una disposición específica en el Código de Quiebras de Estados Unidos y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Y en realidad, el primer incumplimiento de la AEE no fue con bonistas sino con el sindicato de bancos que financiaba el combustible con que la corporación pública energizaba la isla. Entonces, Scotiabank of Puerto Rico encabezaba el sindicato integrado por Banco Popular y Oriental Bank, y Citibank completaba el grupo de prestamistas. La corporación pública les adeudaba entonces unos $750 millones.

De acuerdo con el también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), si la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain confirma el PDA-AEE cuando concluya el juicio (que se prevé dure unos 12 días), Puerto Rico habrá puesto fin al período más oscuro de sus finanzas públicas. Se trata de una década que ha ganado a la isla el desdén de buena parte del llamado mercado municipal 103, el nicho del mercado de capital estadounidense que se dedica a invertir y traficar bonos e instrumentos similares de condados, pueblos, estados y territorios de Estados Unidos.

El número 103 es la sección del Código de Rentas Internas de Estados Unidos que permite que jurisdicciones municipales, estatales o territoriales -como Puerto Rico- puedan emitir bonos (es decir, tomar prestado) y que el beneficio de intereses que pagan a los inversionistas sea libre de impuestos.

Marrero describe la reestructuración de la AEE como la pieza indispensable para lo que sería una nueva zapata económica para Puerto Rico.

Siete años de puja

“El plan es confirmable”, agregó el abogado cuando El Nuevo Día preguntó si la jueza Swain podría rechazar el plan, pues aproximadamente el 60% de los acreedores –por valor monetario– lo objeta.

Para el funcionario, el gobierno y la JSF llegan ante la jueza que ha presidido el proceso de bancarrota de Puerto Rico con un cuadro más favorable para la AEE, los acreedores y los abonados de la corporación pública que hace cinco años.

“Han sido siete años y, en los últimos dos, ha habido unas victorias importantes, muy marcadas, que nos han permitido estar ante la posibilidad de confirmar un plan que permitiría una reducción de 75% de la deuda de la AEE”, dijo Marrero.

Recordó que el PDA-AEE –en su cuarta versión modificada– es resultado directo de la cancelación del Acuerdo de Reestructuración (RSA, en inglés) de 2019 por parte del gobernador Pedro Pierluisi. Tal decisión, prosiguió el abogado, forzó a la JSF a litigar los derechos y prioridades que alegaban los bonistas.

Antes de tal rechazo, la JSF también echó a un lado dos acuerdos precursores. El primero que se tiró por la borda fue el RSA que, bajo la administración de Alejandro García Padilla, la entonces Oficial de Reestructuración de la AEE, Lisa Donahue –ejecutiva de Alix Partners– pactó en el 2015 consiguiendo una quita de 15%. Ese acuerdo, a su vez, fue modificado a principios del 2017 bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, y eventuamente, descartado por la JSF. El RSA del 2019 duplicaba la quita a los bonistas llevando el ajuste al 30%.

“Fuimos el equipo fiscal que entró cuando no había dinero para pagar la segunda nómina de enero”, recordó el abogado.

Agregó que lejos del escenario apocalíptico que encaraba el gobierno para el 2017, ahora, tanto la solidez que muestran las finanzas públicas de la isla como el vigor que muestra la actividad económica permitirán asumir el efecto que tendrá el PDA-AEE en hogares, comercios e industrias en Puerto Rico por al menos 35 años.

Marrero, quien se mostró confiado en que Swain dará paso al PDA-AEE, indicó que el gobierno y la JSF entran a la etapa final de la reorganización financiera de la AEE, luego de conseguir sobre $44,000 millones en ahorros en el servicio a la deuda de Puerto Rico. La cifra solo incluye los alivios alcanzados en la reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y de las Obligaciones Generales del gobierno central, se indicó.

Al presente, el 87% de las deudas sujetas a renegociación bajo Promesa ya se resolvieron por vía del Título III o el Título VI del estatuto federal, indicó el jefe de Aafaf.

Si la jueza confirma el PDA-AEE, según el documento de unas 147 páginas, los acreedores de la corporación pública comenzarían a recuperar parte del dinero prestado a solo semanas de la decisión judicial por la vía de compensaciones por apoyar el acuerdo. Luego, estos comenzarían a recibir pagos semestrales a partir del 1 de julio de este año.

Un corrientazo de tres décadas

En esa misma fecha, comenzaría el cargo legado que pagarán los abonados y que contempla una partida fija mensual y dos partidas variables sujetas a un consumo máximo de 425 kilovatios hora (kwh) y por el exceso de esa cifra.

Según el economista Daniel Santamaría Ots, analista para la organización de transparencia Espacios Abiertos (EA), a corto plazo, el cargo legado será llevadero para los abonados, en especial por el influjo de fondos federales que ha maquillado la economía estos años.

Pero el cargo legado será “problemático en 10 o 15 años” porque su imposición acelerará la salida de clientes de la AEE que se moverán a la generación propia, sea renovable o fósil. Es decir, el mecanismo que interesan los bonistas para asegurar su recobro es “una paradoja” porque este encarecerá el costo de vivir y hacer negocios en Puerto Rico, y a la larga, dejará menos dinero para pagar a los acreedores, dijo el analista.

Por ello, agregó, es crucial que los opositores hagan entender a la jueza Swain que el cargo legado tiene que eliminarse del PDA-AEE para dar paso a otra estructura de pago a los bonistas, contratistas, suplidores y demás acreedores de la corporación pública.

“Cualquier paso en falso en esta última reestructuración significaría una política desindustrialización para Puerto Rico”, dijo Santamaría Ots al plantear que el PDA-AEE no obra en los mejores intereses de los acreedores –que es la vara en Promesa que debe utilizar Swain para confirmar o rechazar el plan– y mucho menos en favor de Puerto Rico.

De acuerdo con el economista, quien recordó que desde el inicio del proceso de quiebra los trabajos investigativos de EA y el Centro para Una Nueva Economía abogaron por recortes profundos a la deuda pública, Puerto Rico consiguió recortes importantes en la deuda pública del gobierno central y otras entidades. Pero estos fueron insuficientes y, por ello, la sociedad atestigua un proceso de “desinversión” en la educación y otros servicios esenciales.

“En cambio el costo energético, tanto sacude el bolsillo del pensionista y de la maestra como del pequeño comerciante, del emprendedor o de la empresa industrial mediana o, grande y no digamos de los que quieren invertir o tienen en la mira a Puerto Rico como un objetivo para desarrollar actividades de cualquier índole”, señaló el economista.

De aquí que a diferencia de otros procesos y aparte del rechazo del 60% de los acreedores de la AEE, un contingente de intereses ciudadanos y empresariales objetan la propuesta en la mesa.

“Eso va a ser un lastre muy, muy complicado de sobrellevar”, dijo Santamaría Ots, haciendo referencia al cargo legado.

“Implica situarnos en una desventaja competitiva ante el mundo que Puerto Rico no se puede permitir”, prosiguió el economista al explicar que el sobrecargo en la factura de electricidad hará prohibitivo vivir y hacer negocios en una isla, cuya economía descansa primordialmente en actividades industriales de alto consumo energético.

Y si se “estrangula”, si se “asfixia” la economía como resultado del alza en precios que tendrá el cargo legado, los acreedores no cobrarán su parte, advirtió Santamaría Ots al recordar que en el caso de la AEE, se trata de una entidad cuyos activos, de bajísimo valor, continuarán achicándose a medida que más personas se muevan a la generación propia.

El analista de EA entiende que, al cabo de siete años, la jueza Swain dará paso al PDA-AEE. Pero alberga la esperanza de que los efectos adversos del cargo legado queden tan claros en el juicio que la jurista rechace su implementación.

Según Santamaría Ots, la jueza Swain tiene la oportunidad de sacar el cargo legado de la ecuación en el PDA-AEE y dar paso a otro remedio para pagar a los acreedores.

“Hay muchas maneras de vincular el crecimiento con el poder de cobrar lo adeduado”, dijo Santamaría Ots al subrayar que la JSF empleó tal razonamiento con el gobierno central, al crear instrumentos que pagan beneficios a bonistas o empleados públicos cuando se producen sobrantes o ingresos por encima de las proyecciones, un enfoque que podría aplicarse en el caso de la AEE.

Fuente: El Nuevo Día

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