La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concedió hasta el 10 de noviembre al gobierno de Puerto Rico para proveer sus “comentarios finales” respecto a unas enmiendas que trabajan para la revisión de transacciones de deuda municipal, con el fin de asegurarse que los ayuntamientos tienen la capacidad de pagar, particularmente, cuando se trate de planes de pagos con agencias de gobierno o corporaciones públicas.

El término concedido al gobierno surge en una carta del 20 de octubre que responde a una previa, en la cual la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) pidió aclaraciones sobre el alcance de la revisión de la JSF de la deuda municipal y levanta la preocupación de que las enmiendas propuestas aplican “prácticamente a todas las operaciones municipales y no solo las ordinarias”.

La JSF aclaró que las enmiendas propuestas se refieren a “transacción de deuda municipal e incluye cualquier arreglo para el pago de obligaciones municipales vencidas que se extienden más allá del año en curso, cualquier anticipo de fondos, como un acuerdo de préstamo anticipado de fondo rotatorio para llevar a cabo proyectos de recuperación, según definidos por el gobierno de Puerto Rico”.

Establece que esto también incluye planes de pago intergubernamentales y los define como “cualquier obligación vencida de un municipio con una entidad gubernamental o corporación pública”.

La JSF aclaró que las enmiendas propuestas no requieren la revisión y aprobación de la mayoría de las normas municipales cotidianas, como órdenes de compra o contratos, que de otro modo no están sujetos a la supervisión de la JSF. De paso, establece que la JSF tiene poder para establecer esas enmiendas a tono con la Sección 207 de Promesa.

Germán Ojeda, director de asuntos municipales y revisión legislativa de la JSF, explicó que la intención del ente federal es “por un lado, tratar de mantener las cuentas por cobrar de las agencias y de PayGo (aportación de los municipios al Retiro) lo más al día posible, ponerlas al día a través de los mecanismos de pago. Y, por otro lado, ayudamos a los municipio en el manejo de su efectivo disponible”.

“(Queremos) asegurarnos que los municipios tienen la capacidad para entonces realizar los pagos y ponerse al día con esas deudas atrasadas y trabajar continuamente con el CRIM (Centro de Ingresos Municipales) y/o Aafaf para asegurarnos que los pagos se realicen y lleguen a los acreedores previo a que se distribuyan los dineros (remesas) a los municipios para otros propósitos”, explicó Ojeda.

“Lo que hicimos es aclarar que los planes de pago constituyen una transacción sujeta a la Sección 207″, abundó, no sin antes decir que la JSF “quiere asegurarse que nadie coja deuda que no va a poder pagar”.

Ojeda dijo que, hasta el momento, no han encontrado municipios que no puedan pagar sus deudas.

Con esto claro, el director de la Aafaf, Omar Marrero, se mostró complacido y dijo que está “tranquilo” porque la JSF se enfocará en las transacciones, planes de pago y transacciones extraordinarias.

“Nos satisface en varios renglones. Por lo tanto, entendemos que está limitado el alcance de la revisión o la actualización de su política. Cada transacción de deuda, refinanciamiento o cada empréstito o préstamo que los municipios asumen, todo eso tiene que pasar aprobación de la Aafaf como agente fiscalizador financiero y también se le tiene que pasar a la Junta bajo la Sección 207 (de Promesa)”, dijo Marrero.

“Cuando ellos (los municipios) hacen una revisión a la política para incluir básicamente lo que son los planes de pago que establecen los municipios con algunas agencias, el lenguaje no está claro y a nosotros nos preocupaba que básicamente estaban pidiendo la aprobación o la revisión de cualquier transacción. Ellos nos contestan en la carta, verdad, nos aclaran varios renglones”, agregó.

Previo a estas enmiendas, en abril del 2021, la JSF canceló un proyecto piloto que exigía a diez municipios, entre otras cosas, entregar planes fiscales certificados que debían ser aprobados por el ente federal. El plan comenzó en 2019 con los municipios de Aibonito, Cidra, Orocovis, Isabela, Camuy, Villalba, San Sebastián, Barranquitas, Comerío y Quebradillas. Tras múltiples quejas de los alcaldes y la renuencia de algunos de entregar documentos a la JSF, el proyecto piloto terminó.

Cuestionados sobre la revisión de deudas municipales que encamina la JSF, los presidentes de la Asociación de Alcaldes y de la Federación de Alcaldes, Luis Javier Hernández y Gabriel Hernández, respectivamente dijeron desconocer la iniciativa.

“No tengo información sobre eso. No nos ha llegado información sobre eso”, dijo el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy.

Mientras que el presidente de la Asociación de Alcaldes dijo que esperaba que acogieran su recomendación para que se reestructure la deuda de los municipios, ya que el Estado hizo lo propio.

“Ojalá que sea que hayan escuchado nuestra petición de que, de la misma manera que se reestructuró la deuda del Estado, se restructure la deuda de los municipios para que la responsabilidad y la carga sea menor”, apuntó.

Pero Ojeda dijo que “por el momento” no se contempla reestructurar la deuda de los municipios.

“Ahora mismo, la Junta no tiene ese tipo de injerencia. Los municipios, todavía ninguno se ha ido a quiebra”, sostuvo.

Fuente: El Nuevo Día

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