En medio de una controversia por documentos que estaban en un “depósito de información”, pero cuya ubicación no era clara, la jueza Laura Taylor Swain le otorgó ayer un nuevo plazo a la Junta de Control Fiscal (JCF) para que entregue el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La JCF alegó, por medio de una moción sometida el martes en la noche, que “hubo un problema” con la presentación que debían hacer al equipo de mediación y eso “retrasó la capacidad de las partes para evaluar si los cambios en sus posiciones se justifican” con relación a temas –que no detallaron- en los que no se han puesto de acuerdo.

“La junta cree que una prórroga permitirá que las partes se tomen el tiempo para determinar si la información es significativa o no en el contexto de todos los temas relevantes en términos de alentar cambios de posición antes de que la Junta de Supervisión presente un plan propuesto”, justificó en la moción.

El nuevo plazo es hasta este viernes, 16 de diciembre.

Según lo acordado ayer en la vista ómnibus que presidió Swain, ese día la JCF le informará mediante moción a la jueza, al equipo de mediación y a los abogados de los bonistas si en efecto el contenido de los documentos provocará un cambio en la propuesta del PAD. Si no hay cambios, el plan debe quedar sometido ese mismo día.

En caso de que la información tenga elementos que modifiquen el PAD de la AEE, entonces el ente federal entregaría su borrador del plan de ajuste el miércoles, 21 de diciembre.

Esta situación provocó que la jueza que lidera el comité de mediación, Shelley C. Chapman, del Tribunal de Quiebras para el Distrito Sur de Nueva York, tuviera un intercambio fuerte con el abogado de la JCF, Martin J. Bienenstock, al decir que desafortunadamente el ente fiscal no tenía el “candor” ni la “sinceridad” para ayudar en el avance de la negociación, lo que negó el abogado.

Sin embargo, cuando los bonistas a través de sus abogados plantearon que ellos apoyaban la extensión de la fecha para que se diera oportunidad de concretar un análisis, Swain concedió el plazo prorrogable.

Sin acuerdo

Para el abogado Rolando Emanuelli, el nuevo plazo sigue poco a poco comprimiendo el itinerario para que finalmente se llegue a una solución sobre el futuro de la deuda y da a entender que no hay un acuerdo entre las partes a la vuelta de la esquina.

“Lo que se percibe de este intercambio es que la junta no ha llegado ni va a llegar a los números que piden los bonistas. Si resultase que el viernes radican una moción y dicen que sí, que van a cambiar de postura, ya es otro juego porque significaría que van a hacer una contraoferta y habría que esperar al miércoles a ver qué pasa”, indicó en entrevista con EL VOCERO.

Mientras tanto, el País sigue esperando por el desenlace que, según dijo el abogado, “es vital” por el impacto que tiene a nivel macroeconómico en la medida en que afectaría las tarifas que pagan los consumidores y lo que eso puede desencadenar.

“En términos del crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico, este proceso es sumamente importante porque si la expectativa es que la energía va a (tener un cargo nuevo) de $35 o $36 o lo que sea, va a ser bien difícil no solo el crecimiento económico, sino pagar la deuda del Gobierno central porque se deteriora la economía y bajan los recaudos”, indicó.

El abogado John Mudd, especialista en procesos de quiebras, dijo que la gran mayoría de las partes involucradas quieren llegar ya a un acuerdo incluyendo a los bonistas y la misma jueza Swain, mientras que la junta podría estar usando tácticas para dilatar los procesos, según se quejó la jueza Chapman.

Sin embargo, puntualizó que ya la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ha dicho que no apoyarían nada que implique un aumento en las tarifas de energía, aunque la JCF entró en acuerdos con los llamados prestamistas de combustible que implicará tarifas más altas.

“Me parece que la junta va a presentar un Plan de Ajuste de la Deuda no confirmable y lo que están es cruzando los dedos de que la juez (Swain) esté de acuerdo con ellos”, expresó Mudd en entrevista.

El problema es que mientras no se presenta un PAD, se podría acercar más el escenario en que se desestime la quiebra y cada acreedor por su cuenta exija en un pleito judicial lo que entiende le corresponde.

Explicó que de ocurrir eso habría consecuencias muy duras para la economía y el futuro de la AEE, mientras que la incertidumbre afectaría negativamente la capacidad de que Puerto Rico pueda regresar a los mercados, que es una de las condiciones para que la JCF se vaya del País.

“Desde el 2021 yo veo que Swain está cansada del caso… según los mediadores la junta está entorpeciendo las cosas. Swain no está haciendo nada al respecto, pero ella entiendo que lo que quiere es un acuerdo y si no lo hay, quién sabe lo que va a hacer”, lamentó.

Fuente: El Vocero

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