La Cámara de Representantes aprobó ayer, a viva voz, una voluminosa medida que promulga la “Ley para Reformar el Sistema Contributivo del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico” con el fin de simplificar el proceso que tienen que enfrentar los individuos y corporaciones y propiciar el desarrollo económico.

La medida -que integra un total de seis proyectos y tiene 126 páginas- fue presentada por el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, en un extenso debate donde desglosó algunos de los cambios principales que tiene la legislación, la cual prácticamente deja afuera a las grandes corporaciones.

Santa precisó que la medida toma como base el proyecto que presentó el gobernador Pedro Pierluisi para reducir la carga contributiva de los individuos y corporaciones, así como legislaciones que proponen enmiendas a la Ley 1-2011, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.

Dijo que la pieza mantiene el enfoque del Ejecutivo, que era bajar las tasas contributivas de individuos y de las corporaciones, y hacer un ajuste por inflación. La legislación dispone que este ajuste aplicará a partir del año contributivo 2023-2024, cuando también comienza el ajuste a las escalas contributivas.

En ese mismo año contributivo, según establece la medida, los contribuyentes verán un ajuste anual a los renglones contributivos para reflejar la inflación en el año natural anterior. Sin embargo, la ley requiere que Hacienda le comunique la propuesta de ajuste por inflación a la Cámara, que deberá aprobarla.

“Desde un inicio habíamos dicho que nos íbamos a concentrar en tratar de mantener y mejorar o reducir más las tasas contributivas de individuos y a nivel corporativo habíamos dicho que le íbamos a dar énfasis a las corporaciones pequeñas”, mencionó Santa al defender los cambios incorporados.

Santa indicó que “el proyecto cuesta en total, con las reducciones de las tasas individuales y corporaciones, cerca de $655 millones”. Agregó que, las corporaciones grandes, con más de $10 millones en ingreso bruto, “prácticamente” se sacaron del proyecto legislativo.

“Ese beneficio es lo que estamos utilizando para entonces costear una mejora o una reducción en las tasas de individuos y corporaciones de $10 millones o menos… no es que estamos abandonando las corporaciones grandes, porque estas tienen otros mecanismos por distintos incentivos”, añadió.

Dijo que se incrementa en el Código de Rentas Internas el crédito para pensionados de bajos ingresos y personas de 65 años de $200 a $400, y se reducen las tasas contributivas de individuos, incluyendo la reducción de la tasa máxima de 33% a 30%, para una redistribución de $262.5 millones.

Santa mencionó que la pieza ofrece a los médicos jóvenes la oportunidad de acogerse a los beneficios contributivos que existen en la Ley 60-2019, Código Incentivos. De hecho, se aumenta la edad de 27 años a 35 años para los jóvenes cualificar para la deducción en una planilla de ingreso de los primeros $40,000.

“Existe una ley que permite que los jóvenes menores de 27 años tengan una deducción en una planilla de ingreso de los primeros 40,000 y eso se hace para que cuando el muchacho se gradúe esté exento. Pero, el problema que tenemos con eso es que un joven médico a esa edad todavía está estudiando”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, indicó que “son $655 millones que van a estar en el bolsillo de los puertorriqueños”. Hernández hizo referencia, además, a un estudio de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) sobre la medida.

“En el (estudio) se puede observar que se identificaron $655 millones que podrán ser puestos en las manos de todos los puertorriqueños. También, la simplificación del sistema contributivo para individuos y las corporaciones”, dijo Hernández, quien agregó que, en el caso de los individuos, los ingresos netos sujetos a contribución se amplían a $81,500.

Finalmente, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, anticipó que la medida terminará en un comité de conferencias, que es un grupo de trabajo que se crea con representación de ambos cuerpos para llegar a un acuerdo final sobre el lenguaje.

Indicó que la medida será enmendada para eliminarle la cláusula de vigencia a fin de que pueda ser considerada en el Senado y pase a un comité de conferencia. Además, advirtió que la medida -tal y como está redactada- tiene un impacto negativo en términos del plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal.

“Todo impacto tiene que ser neutro, que no haya una carga y que no afecte los recaudos para el plan fiscal y como está redactada (la medida) tiene un impacto negativo en términos de lo que es el plan fiscal y, si es así, están derrotando el propósito del proyecto que radicó el gobernador”, sostuvo.

Fuente: El Vocero

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