A solo horas de consumarse la reestructuración de la deuda de la Autoridad de los Puertos con los bonistas del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y en medio de múltiples cuestionamientos por parte del presidente del Senado, José Luis Dalmau, el cierre financiero de la Alianza Público Privada (APP) de los muelles de crucero de San Juan es inminente, confirmó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

El secretario de Estado y director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero, precisó que la liquidación de las acreencias de Puertos se produjo el pasado lunes, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), invocando sus facultades en la ley federal Promesa, aprobó el uso de $320 millones del Fondo General para ese fin. La JSF aprobó la resolución luego de que la Cámara Alta rechazó una medida legislativa que pretendía saldar la deuda de la corporación pública con los bonistas del BGF y viabilizar así la APP de los muelles de crucero.

Liberar los gravámenes que pesaban contra las estructuras de Puertos que se transferirán en la APP, según el Ejecutivo, era un elemento fundamental para cerrar la concesión que dejará en manos de San Juan Cruise Port (SJCP), afiliada a Global Ports Holding (GPH), los muelles de crucero de la bahía sanjuanera, a tenor con el acuerdo firmado por las partes en agosto de 2022.

Los gravámenes asociados con los muelles de crucero, partiendo de la información provista por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (APPP) estarían en manos de los acreedores de la Autoridad para la Reestructuración de la Deuda del BGF (DRA-BGF, en inglés), quienes habrían solicitado el pago total de lo adeudado por Puertos.

Según Aafaf, la deuda pública de Puertos ascendía a unos $601 millones, por lo que, con el pago de $320 millones, el gobierno se habría ahorrado un 47% de tal obligación con la DRA.

Empero, la entidad reconoció que, aunque el acuerdo con los acreedores eliminó la totalidad de la deuda pública de Puertos, la corporación pública arrastra una deuda de PayGo de unos $60 millones y una deuda de $2 millones con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Parte de los fondos recibidos con el pago inicial de la P3 (APP) de cruceros (cuyo cierre financiero se consumará la semana próxima) se utilizará para saldar la mayoría del balance de la deuda de Paygo. Por su parte, la deuda de PRASA se encuentra en plan de pago”, explicó Marrero en declaraciones escritas enviadas a este diario.

Una transacción privada

Para el cierre financiero, SJCP, utilizará como entidad conducto a la Autoridad para el Financiamiento de Instalaciones Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental (Afica), la dependencia que permite que empresas privadas en la isla levanten capital para viabilizar proyectos de diversa índole.

Sin embargo, los términos de esa emisión de bonos o qué activos de Puertos se ofrecerán como colateral serán desconocidos para el público hasta que se consume la transacción. Ello, porque Marrero confirmó que “dichos bonos serán emitidos a través de una colocación privada con inversionistas y no se harán mediante emisión pública”.

“La publicación del prospecto se haría a través del servicio de ‘Electronic Municipal Market Access (EMMA) del Municipal Securities Rulemaking Board’“, precisó Marrero, al reclamar que los bonos no constituyen deuda del gobierno o alguna de sus instrumentalidades.

En 2022, GPH, la empresa matriz de SJCP, confirmó que iría al mercado de capital para tomar prestado unos $425 millones, que invertiría en las infraestructuras que tendrá a cargo.

Al momento del cierre, SJCP aportará un pago inicial de $151 millones a Puertos, incluyendo unos $72 millones que, en principio irían al pago de la deuda de las infraestructuras marítimas a privatizarse. Ahora, ese dinero iría a cubrir la deficiencia que Puertos mantiene con el plan de pensiones de sus empleados jubilados.

Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), reveló la semana pasada a este diario que los acreedores de la DRA-BGF “prefirieron” reestructurar la totalidad de la deuda de Puertos, en lugar de cancelar únicamente la deuda asociada a los muelles de crucero estimada en $72 millones.

Rechazo senatorial

Sin embargo, el proceso para reestructurar la deuda de Puertos y viabilizar la APP de los muelles de cruceros levantó varias banderas rojas para el presidente senatorial, quien aseguró que la transacción “es un mal negocio para Puerto Rico”.

La Resolución Conjunta de la Cámara 594, que pretendía saldar la deuda de Puertos con el aval legislativo, fue derrotada el jueves pasado. Necesitaba el aval de 14 legisladores para su aprobación, pero recibió 13 votos a favor y cinco en contra, incluyendo el rechazo de Dalmau.

“Mi voto en contra a esta medida no fue una determinación en contra o por capricho, sino de una serie de inquietudes con la estrecha vinculación de esta asignación con la tan pregonada privatización de los muelles de barcos de crucero, y si esta transacción, realmente, es buena y tiene los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, expresó el líder senatorial en una conferencia de prensa acompañado de varios miembros de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara Alta.

Destacó que, cuando el gobierno anunció el acuerdo con SJCP, se informó que parte del dinero de la transacción iría a saldar la deuda de Puertos.

“Este contrato, como ya es de costumbre en las APP, se realizó en cuartos oscuros y comprometía a (GPH) a una inversión de $425 millones. Se planteó que uno de los beneficios de esa APP sería una reducción de la deuda, que Puertos arrastraba y que supuestamente ascendía a $150 millones, pero ahora alegan que es de $320 millones”, cuestionó.

Sobre el trámite de la Resolución Conjunta 594, que radicó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, junto al portavoz de la minoría en ese cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez, Dalmau expresó que la medida bajó al hemiciclo cameral por descargue y sin vistas públicas.

Al llegar al Senado, expresó que desconocía detalles mayores de la transacción y que ni la JSF ni Puertos se comunicaron con su oficina para explicar la urgencia.

“Yo no estoy aquí (en el Senado) para responderle a los inversionistas ni me ha temblado el pulso cuando tengo que estar en contra de decisiones que ha tomado la Junta de Supervisión Fiscal cuando exista causa justa para ello, pero sí he estado pendiente de que se proteja el bienestar de nuestra sociedad en las determinaciones que tomamos desde este cuerpo parlamentario”, apuntó Dalmau.

El líder popular, asimismo, dijo que existe la preocupación que SJCP no tenga el capital para cerrar la transacción.

“Si en 16 meses no han comenzado a rehabilitar lo que prontamente iban a rehabilitar, ¿con qué capital cuentan?“, preguntó.

Fuente: El Nuevo Día

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