La Cámara de Representantes propondrá una serie de enmiendas al presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2023-2024 para garantizar la operación de la Red Sísmica de Puerto Rico y sufragar el servicio que el Departamento de la Familia brinda a los adultos mayores que son abandonados por sus familias.

La inclusión de estas partidas en el presupuesto -que podría ascender a $12,700 millones- es el resultado de las vistas públicas que ha llevado desde marzo la Comisión cameral de Hacienda y Presupuesto. Este proceso concluirá este jueves, 25 de mayo, con la comparecencia del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Administración de Servicios Generales (ASG).

“Hay unos pedidos que tienen que ver con la Universidad de Puerto Rico (UPR) referente a lo que es proteger la Red Sísmica ya que había una inquietud de parte de ellos de que, debido a la situación de la reducción de su presupuesto, pudieran tener recortes y eso es algo que la Cámara va a proteger”, reveló el representante Jesús Santa Rodríguez, quien preside la comisión.

El dinero que sería destinado para garantizar el monitoreo de los movimientos telúricos en la zona, provendría de una partida de $50 millones que se agregaría a los otros $500 millones ya incluidos en el presupuesto para la operación del primer centro docente del País.

“También hay la intención de dar un dinero, alrededor de $10 millones, para tratar de parear lo que es el salario mínimo en la UPR, que lleva más de 50 años sin hacer un plan de ajuste de clasificación y retribución. Además, hay otra asignación que la universidad está pidiendo de entre dos a tres millones para poder parear los ‘grants’ federales y privados a los que puedan clasificar para buscar dinero y financiar su operación”, agregó Santa Rodríguez.

El legislador mencionó que estas partidas fueron presentadas ante la Junta de Control Fiscal (JCF) y que los miembros del ente federal no mostraron reparos.

“Muchas de las enmiendas que proponemos al presupuesto se han hablado con la junta, especialmente las más controversiales que son las de la UPR. Ellos entendieron lo de los fondos de pareo ya que fueron ellos mismos los que pidieron que la universidad busque otros fondos para financiarse, por lo que en esa no debe haber problemas”, anticipó.

Más fondos para servicios

De manera similar, Santa Rodríguez destacó que la junta fiscal no mostró resistencia a destinar más dinero al Departamento de la Familia, en específico al programa de servicios a adultos mayores que han quedado desamparados por sus familiares.

“De las vistas públicas surgió que hay que asignar más dinero a estos programas ya que es un problema serio al que no se le da visibilidad. La cantidad de adultos mayores que son abandonados por las familias y que el departamento ha tenido que asumir esa responsabilidad es alarmante. En lo que va de año van como 500 casos y el pasado sumó cerca de 800, por lo que es importante aumentar esa partida”, reiteró.

Con fecha la aprobación

Por su parte, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anticipó que el próximo 6 de junio será un “día largo en el debate sobre todo lo que tiene que ver con el tema fiscal” ya que ese día se aprobará el presupuesto en dicho cuerpo.

“El ‘mark up’ (vista de consideración) será entre el 1 al 2 de junio y ahí se verá el detalle del trabajo realizado por la comisión de la evaluación del presupuesto más alto en la historia de Puerto Rico. Son $12,700 millones basado en ajustes inflacionarios y el pago de obligaciones que se acordaron en la reestructuración de la deuda”, señaló el líder legislativo.

Hernández Montañez recalcó que, aunque todavía la Asamblea Legislativa no tiene ante sí una propuesta formal de presupuesto por parte del Ejecutivo, se espera que el documento sea presentado antes de que concluya mayo.

Fondo especial

Entretanto, el presidente cameral subrayó que también buscarán crear un fondo especial de Servicios Esenciales Municipales utilizando el dinero producto de una exención temporera del pago de la partida para financiar el Plan Vital tras el incremento de fondos del programa federal de Medicaid por los próximos cinco años.

“Hoy el CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipal) paga para mitigar y reducir la aportación del estado al Plan Vital unos $160 millones. En el plan fiscal están incluidos unos $80 millones que es el 50%. Estamos incluyendo en una resolución -Resolución Conjunta 500- que se pueda utilizar el resto de la aportación para unos asuntos puntales”.

Hernández Montañez fue enfático al destacar que este dinero no podrá ser utilizado por los alcaldes para “fiestas patronales” y otros gastos arbitrarios.

“Estamos condicionando que ese dinero que estaría distribuido por el propio CRIM tendrá nombre y apellido. Estamos hablando de nóminas de amas de llaves o programas de servicio a envejecientes, el pago de servicios de seguridad y guardias municipales y el manejo de emergencias”, agregó.

Otros de los servicios que los municipios también podrían sufragar con este dinero son los trabajos de pavimentación de calles secundarias y terciarias, la subvención temporera del costo de electricidad para equipos de respiración asistida y el cuido de niños de padres y madres que trabajan.

Fuente: El Vocero

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