Cuando el próximo huracán u otro desastre natural impacte a Puerto Rico, los clientes del servicio de energía podrían estar sujetos a un aumento en sus facturas para poder manejar los gastos de emergencia relacionados con la reconstrucción. Cuando se requiera dar mantenimiento o hacer mejoras capitales a la red eléctrica, también es posible que se requiera aumentar la factura de la luz. En ninguna de esas circunstancias se podrían usar los millones de dólares que se recolectarán por el “cargo legado” que se recomienda cobrar a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por los próximos 35 años para pagarle a los bonistas y acreedores.

Así lo reconoció el asesor de la Junta de Control Fiscal (JCF), el economista William Zarakas durante el cuarto día de las vistas sobre el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE (PAD) que se sigue en el Tribunal federal ante la jueza Laura Taylor Swain.

“El cargo legado no iría para las mejoras de capital de la AEE”, dijo el economista a preguntas del licenciado Fernando Agrait, quien representa al Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica.

“¿Y si tenemos otro huracán en los próximos años eso quiere decir que la AEE tiene que buscar dinero de otro lado para pagar las mejoras y arreglos?”, insistió el abogado, a lo que Zarakas respondió: “El cargo legado no tiene que ver con el mantenimiento de la red”.

Asimismo, Zarakas reconoció que en su análisis para determinar lo que se cobrará a los clientes para pagar a los bonistas y acreedores, no evaluó el efecto cascada que tendría ese cargo cuando lo tengan que pagar las empresas y las industrias.

No obstante, aceptó que era posible que los nuevos costos por el servicio de energía podrían acabar transferidos parcial o totalmente a los consumidores. Detalló que no es tan fácil determinar cuánto pueden pagar los clientes bajo las categorías comercial e industrial porque pueden tener ingresos brutos muy altos, pero sus márgenes de ganancia pueden ser pequeños.

Aunque en sus proyecciones tomó en cuenta que el cargo no debía subir de un 6% del ingreso promedio de las familias puertorriqueñas, admitió que es posible que a lo largo de los años podría resultar en un cobro más alto de ese por ciento, que es el que se estima que deben pagar los consumidores residenciales por la energía.

Indirectamente, el presidente del ente fiscal, David Skeel, también reconoció que a largo plazo pudiera aumentar el cargo legado que se propone actualmente si es que no se alcanzan las proyecciones de ingresos, aunque matizó que eso ocurriría solo en caso de alguna circunstancia dramática.

Zarakas dijo que el proceso de revisión de cuánto se podría cobrar a los clientes comienza con establecer las ganancias de la utilidad en comparación con los costos de producción de energía y de ahí se determina cuánto se le va a facturar a los clientes. Para ese cálculo –en condiciones normales- no se toma en consideración cuánto pueden pagar los clientes.

Admitió además que en los análisis no tomó en cuenta otra información, sino la que le brindó la JCF.

De otra parte, afloró la sugerencia de un posible conflicto de interés entre el negociador principal de la JCF, David Brownstein, toda vez que mientras negociaba con los grupos de acreedores de la AEE a nombre de la JCF también trabaja para Citi Group que es dueño de bonos de la corporación pública. Según el ejecutivo, se hicieron las debidas notificaciones a las partes sobre el tema, igual que cuando intervino en las negociaciones de reestructuración de las deudas del gobierno central, la Autoridad de Carreteras y Cofina.

Brownstein reconoció que Citi votó a favor del acuerdo para la deuda de la AEE mientras él estaba a cargo de la negociación, aunque alegó que no sabía que le darían el visto bueno y que se enteró después de que ya habían votado.

El director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, también estuvo ayer en la silla de testigos y defendió que haya habido distintas ofertas a distintos acreedores, aunque algunos pertenecen al mismo grupo.

Por ejemplo, mencionó que se logró un acuerdo con el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC) porque mostraron una mejor disposición a la negociación que otros bonistas que no aceptaron las cantidades superiores a la que recibirá este sector de unos $335 millones.

Mientras, Sheva Levy, de la firma Ernest & Young, tuvo a su cargo analizar el futuro del Sistema de Retiro y su deuda, pero admitió que solo tomó en cuenta la información que le sometió la JCF. Dijo que sería necesario un cargo de 2.2 centavos por kilovatio hora (kvh) para cumplir con el pago de las pensiones, pero bajo el modelo de PayGo, en lugar de los beneficios actuales. No obstante, ese cargo podría bajar a un centavo kvh posterior al 2056.

Fuente: El Vocero

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