Las personas que rindan planillas a tiempo, que hayan vivido en Puerto Rico durante todo el 2023 y la parte de su ingreso tributable sea entre $41,500 y $250,000 serán elegibles al incentivo económico que se comenzará a pagar en mayo, informó ayer el gobernador Pedro Pierluisi.

Las personas recibirán el pago sin necesidad de llenar formularios o solicitudes porque el sistema del Departamento de Hacienda computará automáticamente, con la radicación de planillas, quiénes son elegibles y enviará el dinero a las cuentas registradas en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

Si la persona no incluye la información de su cuenta bancaria en la planilla, le llegará un cheque a la última dirección postal conocida, por lo que el gobernador hizo un llamado a compartir los datos de las cuentas para que sea “más fácil”.

Se estima que al menos 150,000 contribuyentes podrán recibir el incentivo cuyo pago mínimo será de $200 y el pago máximo podría alcanzar hasta los $6,000. Mientras mayor sea el ingreso, mayor será el incentivo.

El mandatario puntualizó que solo se pagará este año y es distinto al reintegro. Indicó que se distribuirá un total de $250 millones que saldrán de fondos estatales que se han recaudado en exceso. El incentivo es parte de la Resolución Conjunta 606 que el primer ejecutivo firmó ayer y sustituye el proyecto de Reforma Contributiva aprobado inicialmente en la Asamblea Legislativa y que la Junta de Control Fiscal (JCF) rechazó por entender que era muy onerosa y no contribuía al desarrollo económico a largo plazo.

“Por ahora el incentivo económico ha sido aprobado solo para este año, pero dado que esperamos que nuestra economía siga creciendo, me siento confiado en que podremos ofrecerlo nuevamente el año próximo en la medida en que no se haya concretado la reforma contributiva pendiente… El dinero se enviará por depósito directo a las cuentas bancarias de los contribuyentes sin necesidad de que tengan que hacer gestión alguna adicional”, especificó Pierluisi.

El gobernador indicó que con este incentivo y el crédito por trabajo para personas que ganan menos de $41,500 al año, se estarán beneficiando unas 850,000 familias o el 70% de los contribuyentes individuales.

“Esto tendrá un impacto significativo en el bolsillo y en nuestra isla”, reclamó.

Si la persona que llena planilla tiene un plan de pago de sus contribuciones, no se le retendrá el dinero, dijo, por su parte, el secretario interino de Hacienda, Nelson Pérez Méndez.

No descartó que más adelante se pueda crear una herramienta para que las personas puedan calcular un aproximado de cuánto dinero recibirán.

Aunque se trata de un dinero que se distribuirá en año eleccionario en que Pierluisi buscará revalidar en el puesto y eso pudiera levantar sospechas sobre la intención del incentivo, expresó que es un asunto que se trabajó desde mucho antes y que es parte de su trabajo como gobernador.

“La realidad es que hubo un superávit y queremos usar ese sobrante que tuvo el gobierno cuando se comparan los ingresos y los gastos. Yo había propuesto desde el año pasado que hubiera un alivio permanente pero la Junta de Supervisión Fiscal quiso ser muy conservadora y a lo que le ha dado paso es a esto”, señaló.

También descartó que los recaudos en exceso del gobierno se desvíen para amortiguar el impacto que el Plan de Reestructuración de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE) tendrá en las facturas de luz por los próximos 35 años, como sugirió el candidato a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, porque eso abriría la puerta a que los acreedores y bonistas puedan acceder a más fondos de los que ya se les han recortado.

Sin soluciones a largo plazo

El economista y profesor Heriberto Martínez Otero lamentó que el incentivo no resuelve problemas estructurales a largo plazo, aunque al menos representa una inyección de $250 millones por un año que probablemente va a ir directamente a consumo.

“Esta medida no resuelve el problema de poder adquisitivo por la inflación. Esto no resuelve el problema de las altas tasas contributivas sobre ingreso a las familias trabajadoras. Tampoco resuelve el problema de los impuestos que tienen que pagar las pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas… Es un incentivo contributivo directo. Siendo Puerto Rico una jurisdicción donde la propensión marginal al consumo es casi 100% -porque muchos puertorriqueños no ahorran- probablemente van a pasar directamente a consumo privado de los hogares o a desapalancamiento de tarjetas de crédito o préstamos”, analizó.

Martínez Otero entiende que a largo plazo tiene que haber una Reforma Contributiva que tenga el aval de la JCF y que ataque directamente el problema de raíz, que a su juicio son las altas tasas de contribución sobre ingreso a las familias trabajadoras y las dificultades que tienen las pequeñas empresas para abrir y mantener sus operaciones.

El también profesor y economista José Caraballo Cueto opinó que con los impactos al bolsillo que ha tenido la clase media, este incentivo representa un alivio, aunque puede que no se repita en los próximos años.

“El gobierno pudo hacerlo porque tuvo un exceso de recaudos, pero en los próximos años puede que no haya esa bonanza. Mi recomendación al público general es que lo ahorre y que no le crea a los políticos que se quieran hacer los héroes, de que se hizo gracias a ellos, eso fue un trabajo en equipo entre la Legislatura, el Ejecutivo y la Junta de Control Fiscal”, expresó.

Agregó que en caso de que las personas salgan a gastar el dinero, de cierta forma una parte del incentivo regresa al gobierno por el impuesto a las ventas y uso (IVU) que en Puerto Rico es una de las tasas más altas.

“Hay una parte de este incentivo que vuelve al gobierno si las personas salen a gastarlo todo. Tenemos una tasa alta del impuesto a las ventas, si lo comparas con los 50 estados, es el más alto. Si comparas la tasa de impuestos al individuo también es más alto que en los estados. Hay muchos países donde el impuesto a las ventas es más alto en Puerto Rico, pero casi no pagan del impuesto al ingreso. Lo ideal para Puerto Rico sería pagar un IVU más bajo del que está… se debería hablar de reducir ese impuesto”, reiteró.

Fuente: El Vocero

‍