El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero, describió como “un paso gigante” el Plan de Apoyo a la Reestructuración (PSA, en inglés) suscrito con los dueños del 70% de los bonos de Obligación General (GOs en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Pero también, y a juzgar por las expresiones del funcionario, cuando el próximo 8 de marzo se divulgue el Plan de Ajuste (PDA del gobierno central, los acreedores de otros bonos como la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC), así como los suplidores y contratistas del gobierno verán un recorte masivo a las deudas que el gobierno mantiene con estos.

Según Marrero, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno completen la reestructuración de las distintas acreencias del gobierno central, Puerto Rico habrá reducido sus acreencias en 79%.

Habida cuenta que el PSA solo recortará un 23% del principal adeudado por concepto de GOs y AEP, la diferencia para conseguir una quita de 79% vendría -por fuerza- del resto de los acreedores.

Al igual que las pensiones o las cuentas por pagar con suplidores o contratistas del gobierno, la deuda de GOs se considera una obligación no asegurada. La Constitución de Puerto Rico, empero, establece que lo primero a pagarse por parte del gobierno serán los GOs y obligaciones similares.

Marrero hizo sus expresiones durante la edición 2021 del Global High Yield & Leveraged Finance Conference, un evento coordinado por J.P. Morgan.

Durante su intervención, Marrero indicó que el PSA “pavimenta la ruta para un futuro sustentable, el acceso a los mercados de capital y a la inversión privada, todo lo cual, mejorará la calidad y las condiciones de vida de los residentes de Puerto Rico”.

“Pudimos reducir el máximo de servicio a la deuda anual de $1,500 millones a $1,150, lo que nos permite estar una posición cómoda en comparación con otros estados”, indicó Marrero.

“Podremos deshacernos de nuestra deuda antes de lo que muchos podrán saldar la hipoteca de su casa”, dijo Marrero haciendo referencia al plazo de 25 años que tendrá Puerto Rico para pagar su deuda renegociada.

La deuda y la economía

Según Marrero, tal vez el indicador que mejor demostrará el impacto del recorte a las obligaciones del gobierno central, incluyendo otras deudas ya modificadas como el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Marrero sostuvo que cuando se complete la reestructuración, el apalancamiento del gobierno en relación al Producto Nacional Bruto (PNB) será más favorable que la recomendación que la Unión Europea (UE) ha hecho a sus países miembros. La relación deuda a PNB se reducirá, dijo el funcionario, de 101% a un 53%. La UE sugiere 60%.

“Cuando vemos esa deuda por persona, la deuda per cápita se reduce de aproximadamente $21,000 a $12,000. Vemos nuevamente que es un progreso significativo el que hemos podido alcanzar”, agregó.

Compartir con los bonistas la mejora económica

El funcionario sostuvo que las concesiones hechas por los bonistas hicieron factible la flexibilidad financiera que ahora tendría Puerto Rico y que por ello, la JSF y el gobierno aceptaron “compartir” los beneficios de una mejora económica con estos, a través del Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés).

Dicho de otra forma, en la práctica, el recorte de 23% para los GOs y AEP podría ser menor.

A través del CVI, el gobierno pagará a los bonistas hasta $400 millones al año o hasta $3,500 millones durante la vida del instrumento además del intercambio de bonos y unos $7,024 millones. El pago a través del CVI se hará cuando los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) excedan las proyecciones del gobierno.

Marrero aseguró que el PSA es sostenible y si bien manifestó que el regreso de Puerto Rico a los mercados continúa siendo “incierto”, al presente, la reestructuración financiera tiene el efecto de encarrilar la salida de la JSF, según la ley federal Promesa. El organismo fiscal terminaría sus funciones luego de cuatro presupuestos balanceados.

Fuente: El Nuevo Día

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