Si Puerto Rico quiere culminar los proyectos de reconstrucción de obra pública tras el paso del huracán María, es posible que el gobierno tenga que volver a cabildear en el Congreso para que se legislen cambios a la reglamentación que utiliza la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), para que pueda aumentar la cantidad de fondos disponibles y contrarrestar el efecto de la inflación en las obras.

El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) Manuel Laboy, informó que los proyectos de asistencia pública cuentan con una partida de previsión de inflación, para atender los incrementos en precio o el alza inflacionaria.

No obstante, explicó las condiciones a nivel mundial a consecuencia de la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania han disparado los costos de una manera que no se tenía prevista, por lo que la partida es insuficiente.

Ante la situación, pedirán a las agencias, los municipios y las organizaciones sin fines de lucro que sometan información sobre el cambio en precios y costos, para enviarla trimestralmente a FEMA y justificar la solicitud de fondos adicionales que permitan culminar las obras de reconstrucción.

Laboy apuntó a que el año pasado se hizo un estudio que demostró que la inflación estaba teniendo efectos constatables en la economía.

“Ahora entonces tenemos que profundizar, vamos a tener que ir más detallado… y (especificar): ‘Esto fue lo que FEMA aprobó, esto fue lo que realmente se subastó’. Estamos levantando esa información y en la última reunión que tuve con FEMA sobre esto, acordamos que vamos a estar trimestralmente levantando esa data, se la vamos a estar dando a ellos para que entonces ellos estén evaluando esta situación. Eso no garantiza necesariamente una decisión de ellos, pero ellos están muy receptivos y quieren saber lo que está pasando en la práctica versus lo que se estimó”, abundó ayer en mesa redonda con los medios.

Según Laboy, el gobernador Pedro Pierluisi hará la petición al Congreso en las próximas vistas públicas sobre la situación de Puerto Rico “y parte del mensaje que él va a llevar es… que nos hagan un ajuste, lo que le llamamos ‘one time adjustment’, donde se compense por esa inflación no prevista”.

El funcionario explicó que FEMA tiene limitaciones para ajustar las partidas y no puede determinar que debido a que la inflación fue de sobre 6%, aumentará en ese porcentaje las asignaciones. No obstante, insistió en que el Congreso puede actuar sobre las restricciones a FEMA.

Otro escollo que, según señaló, sigue afectando las obras permanentes de obra pública es el flujo de efectivo, y para atenderlo se aprobó la nueva ampliación del programa Working Capital Advance (WCA) —la quinta desde su aprobación inicial en octubre— para que los proyectos que habían recibido algún por ciento de reembolso mínimo, tengan acceso al adelanto de efectivo.

La versión original del programa establecía como adelanto el 25% del total de los fondos obligados a los proyectos de los municipios que no hubiesen comenzado ni reclamado reembolso.

La primera ampliación se aprobó para extenderlo a los proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica y posteriormente, se incluyó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Luego se hizo disponible para todas las agencias de gobierno y organizaciones sin fines de lucro, y más adelante se amplió para que luego de utilizado el 25%, los subrecipientes pudieran acceder a un adelanto de 25% adicional.

La nueva ampliación, que estará vigente a partir del 13 de febrero, es para que los municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro que hayan tenido algún reembolso mínimo puedan recibir un adelanto de los fondos, hasta alcanzar el 25% del total del dinero obligado.

La meta del programa, según se informó, es ayudar a las entidades que no tienen fondos suficientes para invertir en las obras, a que no tengan que esperar por los reembolsos o que no tengan que buscar el dinero en otras partes, y puedan agilizar las obras, lo que entienden tendrá un efecto multiplicador.

“Muchos de los recipientes, es conocido que han tenido dificultades económicas para tener el dinero para arrancar los proyectos, tener esa liquidez, ese flujo de efectivo y poder financiar los proyectos para entonces venir a COR3 y pedir los reembolsos. Y de ahí es que nace el Working Capital Advance. Ha habido entidades que han ido haciendo sus proyectos de chispito en chispito, logran terminar una etapa, piden el reembolso, eso les aporta un poquito de efectivo, logran hacer algunas reparaciones adicionales, vienen a COR 3, nos piden el reembolso, y hacen otra pequeña reparación. Así un proyecto no se puede hacer”, puntualizó Laboy.

El análisis de COR3 apunta a que unos 510 proyectos se pueden beneficiar de la nueva ampliación del programa, que podría inyectar $534.8 millones a las obras.

Agregó que los adelantos de fondos también estarán disponibles para los proyectos bajo el programa de mitigación, aunque por ahora se limitarán al 20% del total de dinero obligado. Laboy proyecta que eventualmente podrán acceder al 50% de los fondos.

En este renglón se pueden beneficiar 119 proyectos que han hecho la solicitud de fondos y para los que hay $225.7 millones obligados.

En total, para las obras de mitigación se aprobaron $4,000 millones y el 31 de octubre de 2022, cuando vencía la fecha, se presentaron proyectos suficientes para asegurar esta cantidad, indicó Laboy.

Mientras que para obras de asistencia pública se han obligado $25,000 millones y todavía faltan $1,000 millones por obligar, y según informó Laboy, no hay fecha límite para esa porción de los fondos. De este dinero, en 2022 se desembolsaron $1,393 millones en reembolsos, y este año la meta es desembolsar otros $2,000 millones.

Y aunque el año pasado se estimó en unas 40,000 trabajadores la falta de mano de obra para completar los proyectos de reconstrucción, Laboy señaló ayer que no prevén esta limitación en los proyectos grandes y medianos, y que solo las obras más pequeñas podrían confrontar problemas de reclutamiento laboral.

El gobernador aprobó elevar la paga mínima en el sector de la construcción a $15 la hora, mientras que el mínimo general está en $8.50 la hora.

“Me preocuparía por los otros sectores, porque lo que puede pasar es que otros sectores migren hacia la construcción. Sectores como servicios, ventas al detal podrían afectarse… La construcción se está poniendo bien atractiva y eso yo creo que va a ayudar también muchísimo a poder ser un imán de atraer talento y los proyectos grandes no tendrían tanto impacto”, expresó.

Fuente: El Vocero

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