Con una fuerte dependencia en los fondos federales asignados para la reconstrucción, la Junta de Planificación y el gobernador Pedro Pierluisi dieron paso al Programa de Inversiones de Cuatro Años (PICA), el primer documento de este tipo que se aprueba desde 2015.

El PICA, cuyo término cubre miles de proyectos de mejoras permanentes hasta el año fiscal 2026, delinea gastos por más de $7,583 millones para estas obras, de las cuales $6,041 millones -casi el 80%- se financiarían con dinero del gobierno estadounidense. La proporción contrasta marcadamente con los PICA aprobados en 2010, 2014 y 2015, cuando las asignaciones federales representaron el 27%, 21% y 12%, respectivamente.

“En este momento, es circunstancial, obviamente, por el dinero que ha llegado de una manera u otra, por la situación que hemos tenido, y estamos en proceso de reconstrucción. Los criterios de la Ley Promesa hacen que estos proyectos estén contemplados, y por eso el dinero que se ve señalado en el aspecto federal”, explicó Miriam García, directora del Subprograma de Análisis Social, Modelos y Proyecciones de la Junta de Planificación.

La funcionaria, en entrevista junto al presidente de la Junta de Planificación, Julio Lassús Ruiz, sostuvo que el porcentaje de obras capitales sustentadas en fondos federales debería ir reduciéndose “según se vaya finalizando la reconstrucción”.

“Siempre (hay que tomar) en consideración que pueden ocurrir factores externos, como esto de los huracanes, que no están en nuestro control”, advirtió García.

El PICA, documento al que el gobernador dio luz verde mediante una orden ejecutiva del 22 de noviembre, es el primero que se aprueba desde la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, en 2016, y desde que el gobierno central y múltiples corporaciones públicas se acogieran al proceso de quiebra dispuesto en la Ley Promesa.

Entre los cinco criterios que se incorporaron al PICA conforme a las áreas de énfasis de la Ley Promesa, figuran aquellos proyectos que buscan atender “emergencias, riesgos o necesidades” de la ciudadanía, iniciativas que responden a órdenes del Tribunal Federal, legislación o reglamentación, obras que prolonguen la vida útil de infraestructura existente, trabajos que reduzcan gastos o incrementen los ingresos del gobierno y otros en “sectores críticos que atraen inversión privada significativa”.

Al comparar el documento con los tres PICA previos, también se hace evidente la disminución en la cantidad de mejoras capitales dependientes de emisiones de bonos: mientras que, en 2010, 2014 y 2015, estas partidas superaban, respectivamente, los $2,100 millones, $1,400 millones y $900 millones, en el documento actual solo se contempla procurar unos $300,000 en financiamiento.

Otras fuentes de financiamiento para las obras también incluyen los ingresos propios, en el caso de las corporaciones públicas, y las asignaciones legislativas.

Prioridad el desarrollo social

Lassús Ruiz destacó que el PICA destina la inmensa mayoría de las inversiones al renglón de “desarrollo social”, una de las cuatro áreas en las que se desglosan los gastos previstos. Al desarrollo social -que en el PICA abarca aspectos como la educación y la salud-, se le asignan $5,804 millones (77% del total de inversiones); al desarrollo económico -sobre todo, mejoras a las vías públicas-, $1,593 millones (21%); al área de gerencia gubernamental -mayormente las sedes de agencias públicas-, $112 millones (1.5%); y a la “protección y seguridad de personas y propiedades”, $74 millones (1%).

Algunas de las entidades que realizarían las inversiones más sustanciales son el Departamento de Educación, con $2,739 millones, principalmente para la reparación de escuelas; la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, que cuenta con $784 millones para la restauración de dos islotes; y la Universidad de Puerto Rico, que desarrollaría decenas de proyectos en sus recintos con $557 millones. La Autoridad de Carreteras y Transportación, por su parte, tiene en calendario inversiones por $1,580 millones.

Por tratarse de un proyecto de planificación a corto y mediano plazo, “se supone” que las agencias tienen certeza de que cada proyecto que someten para inclusión en el PICA cuenta con una fuente de financiamiento, plantearon Lassús Ruiz y García.

“Se le pide (a las entidades públicas) que nos provean esas mejoras capitales que tienen programadas. No está textualmente, pero (la inclusión de una obra en el PICA) es básicamente una autorización de la Junta de Planificación a que esas obras se puedan hacer. Si hay obras o mejoras permanentes que no se incluyen, no se deben poder hacer, a menos que tengan la autorización del gobernador”, explicó Lassús Ruiz, al aludir a las disposiciones de la ley orgánica de la Junta de Planificación.

Una excepción, en este caso, son los trabajos de la red eléctrica, a la que el gobierno federal ha asignado sobre $11,000 millones para su modernización, pero no se incluyen esas obras en el PICA. García indicó que la omisión respondió al hecho de que la Autoridad de Energía Eléctrica se encuentra en proceso de reestructurar sus obligaciones financieras, por lo que no llenaron el documento provisto por la Junta de Planificación para elaborar el PICA.

Un instrumento clave

Además de consolidar en un documento las mejoras capitales del gobierno central, Lassús Ruiz expuso que la formulación del PICA representa una herramienta clave para la planificación a nivel municipal.

“Había muchos instrumentos de planificación que se estaban dando, como los programas de recuperación municipal, y era importantísimo que tuvieran (el PICA) para poder ellos desarrollar su planificación local conforme a la recuperación y reconstrucción de cada uno de los municipios. Los municipios se han dado a la tarea de aprovechar esa coyuntura para, con esa misma información, actualizar sus Planes de Ordenación Territorial, y nosotros, a través de una subvención federal, estamos haciendo los Planes de Ordenación Territorial a los municipios que no tienen”, subrayó el presidente del organismo.

Lassús Ruiz no pudo precisar los motivos que impidieron que la Junta de Planificación actualizara el PICA desde el año fiscal 2015-2016, pero sostuvo que la elaboración del plan de inversiones fue una de sus prioridades al ser nombrado como presidente del ente a finales de 2021. La Ley 75 de 1975, que creó la Junta de Planificación, ordena que el PICA se revise “periódicamente”.

“El PICA lo revisamos anual. Ahora, salió el PICA con proyectos hasta 2026, pero ya estamos empezando el proceso para este próximo PICA, que sería desde 2023 hasta 2027. Obviamente, habrá proyectos que no van a estar porque probablemente terminaron en 2022, pero, entonces, los que, tal vez, no se habían evaluado y no están para el 2023 pueden entrar”, agregó García.

Fuente: El Nuevo Día

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