Hasta el momento, el gobierno ha desembolsado 37.37% de los $240 millones que destinó en octubre pasado el gobierno federal para el Programa de Asistencia para la Renta, que provee ayuda para el pago de atrasos en renta de vivienda alquilada, el pago de luz y de agua.
En cinco meses el gasto de los fondos ha estado entre $3 a $4 millones semanales, indicó el administrador de Vivienda Pública (AVP), Alejandro Salgado, quien entiende que en la evaluación que realizarán las autoridades federales ahora en abril no será necesario devolver dinero.
“En términos generales, seguimos bastante bien. Se ha mantenido la cantidad de aprobaciones y de desembolsos. Se ha mantenido estable”, dijo el funcionario.
Pero a juicio de Ariadna Godreau, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, el problema con el uso de los fondos destinados para el programa estriba en que no se discute prácticamente en los medios y que la campaña de publicidad que había por parte de la AVP disminuyó.
“Creo que lo que queda por ahí son los ‘billboards’”, dijo al recordar que antes el programa se anunciaba también en radio y televisión.
“Nunca se diseñaron campañas para las poblaciones más afectadas. En los residenciales no hemos visto publicidad, con poblaciones vulnerables como las mujeres, los adultos mayores, las personas sin hogar, las personas dominicanas que cualifican para esta ayuda. Sabemos que la necesidad existe porque el año 2022 cerró con cerca de 2,100 desahucios, lo que triplicó el número que habíamos tenido en el 2021″, sostuvo Godreau.
Reconoció que en los casos de desahucios en los tribunales se mantiene presente un oficial de la AVP que promulga el programa “pero ya en esa etapa es demasiado tarde, no se necesita la asistencia, sino que el dueño (de la propiedad alquilada) lo que quiere es sacar al inquilino”.
Salgado respondió a las críticas indicando la cantidad de familias beneficiadas con el programa. Según dijo, ya sobrepasan las 34,000.
Evaluación
Durante este mes de abril, el gobierno federal debe hacer una evaluación del programa que funciona con una segunda asignación de $240 millones en fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés). El gobierno tiene hasta septiembre de 2025 para usar el dinero.
“Estarían evaluando lo que es el ritmo de gastos del programa y podrían tomar una determinación de si, en efecto, es necesario o no hacer algún tipo de devolución de los fondos”, explicó Salgado.
“Yo entiendo que no estaríamos devolviendo fondos, por lo menos, no basado en esa evaluación. Si se fuese a hacer algún tipo de devolución de fondos, la jurisdicción decidiera entonces hacerlo, sería digamos voluntariamente para poder tener acceso al 25%. Si fuese necesario lo haríamos para poder desarrollar vivienda asequible. No porque no hubo necesidad”, agregó.
Salgado se refiere a la alternativa que tiene el gobierno de Puerto Rico de utilizar el 25% de los fondos del programa para renta de vivienda asequible para lo que deben entregar los fondos de manera voluntaria luego de haber usado el 75% de la totalidad.
“Para uno tener acceso a eso (subvención de alquiler de vivienda asequible), hay que obligar el 75%. A la fecha, no hemos llegado al 75%. Seguimos manejando el programa. Es una decisión que tomaremos en su momento, pero todavía no hemos llegado ahí”, recalcó Salgado.
Aunque la decisión aún no se ha tomado y depende también del gasto de los fondos, Salgado ha dicho previamente que sería cónsono con la política pública de la administración de Pedro Pierluisi que busca subsanar la demanda de vivienda en la isla que se estima en 23,000 unidades. De hecho, para lidiar con esa demanda, el Departamento de la Vivienda ya usa fondos federales, mayormente del programa de subvención en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG, en inglés), para alquiler y desarrollo de vivienda.
Los $240 millones de fondos para el Programa de Asistencia para la Renta son una segunda asignación que concedió el gobierno federal a Puerto Rico. La primera fue de $325 millones y debieron devolver $85.2 millones después de una evaluación del gobierno federal para identificar con precisión cuánto dinero era necesario para proveer el beneficio a los puertorriqueños.
Salgado se mostró confiado de que no sea necesario devolver dinero por falta de uso. Más bien, dijo que “el ritmo de gastos se ha mantenido”. El gobierno de Puerto Rico tiene hasta septiembre de 2025 para usar la totalidad de los fondos.
Precisó que desde octubre del año pasado ya se han desembolsado $89,678,171.98. De esa cantidad, $74,102,232.66 ha sido para el pago de renta y $15,575,939.32 para el pago de utilidades.
Godreau sostuvo que el ritmo de gastos de los $240 millones “se me parece mucho a lo que pasó con la primera asignación”.
“En aquel momento, denunciamos que había un plan de mitigación para resolver el slow spending (gasto lento), pero no se hizo nada”, apuntó.
El Programa de Asistencia para la Renta comenzó en julio del año pasado bajo lo que se denominó como Emergency Rental Assistance Program. Provee ayuda para cumplir con el pago de alquiler de viviendas y servicios de electricidad y agua potable en atraso desde abril de 2020. La ayuda surgió a raíz de la pandemia del COVID-19. El programa fue ampliado para personas sin hogar a las que se les paga, además de renta, la fianza, y también para toda persona que tenga atrasos en la renta o el pago de agua y/o luz. El gobierno pagaría hasta un máximo de 15 meses en morosidad, desde abril de 2020.
Fuente: El Nuevo Día
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