Al cabo de 11 días de conceptos técnicos, referencias legales e interrogatorios maratónicos, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó este lunes a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que confirme el Plan de Ajuste que recortaría en aproximadamente 75% las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE).

Y los bonistas que se oponen a la propuesta y que poseen unos $4,400 millones en acreencias contra la empresa eléctrica pidieron a la jueza que preside el proceso de bancarrota de Puerto Rico que no dé paso a lo que ha sido “un engaño” de parte del organismo que controla las finanzas del gobierno puertorriqueño.

Cerca de las cinco de la tarde, Swain agradeció a los funcionarios del tribunal por hacer factible las vistas de confirmación de la bancarrota más grande, más larga y contenciosa que se haya registrado en el mercado municipal estadounidense.

Aseveró que los trabajos, que se extendieron por 11 días y se condujeron en paralelo de modo presencial y virtual, así como con el apoyo de funcionarios judiciales en Nueva York y Boston, solo fueron posibles por el trabajo de un equipo y reconoció la dedicación y empeño de todas las partes.

Swain, quien se reservó el fallo, agradeció al Equipo de Mediación, pero también a los ciudadanos que le han escrito y a aquellos que acudieron al tribunal a compartir sus experiencias.

“Son ellos los más afectados. Sus voces han sido escuchadas”, prosiguió Swain al afirmar que tendrá presente sus planteamientos y lo que implica la decisión para el futuro de Puerto Rico. Una frase similar utilizó la jueza hace unos dos años cuando aquilató el PDA del gobierno central

Las expresiones de la jueza, quien pareció algo conmovida, se produjeron luego de todo un día argumentaciones en el que los principales abogados de la JSF, quienes son parte del despacho Proskauer Rose, aseguraron que el PDA-AEE fue diseñado para pagar cuanto se pudo a los bonistas y procurando “un fino balance” entre lo que puede pagarse a los acreedores y la necesidad de que el sistema eléctrico de Puerto Rico opere de manera confiable.

El proceso que ha concluido este lunes, supone, a su vez, el fin de una era, pues la AEE es el último proceso de quiebra que la JSF tenía en el tintero desde que entró en funciones poco antes del 2017.

Esto no es un cálculo en una hoja de Excel

En contraste, los abogados de los objetores recordaron a Swain que antes llegaron a acuerdos con la JSF, tanto en el caso de la AEE como en otras reestructuraciones de deuda como aquellas del gobierno central y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Pero reiteraron que, si ahora, objetaban el PDA-AEE era porque la JSF había optado por “borrar” sus acreencias utilizando modelos económicos errados y métodos que nunca se han aplicado en un proceso de tarifas de una compañía eléctrica en Estados Unidos.

“Esto no es un ejercicio en una hoja (de cálculos) en Excel”, aseveró la abogada Margaret Dale al asegurar que las negociaciones de la JSF siempre estuvieron guiadas por ofrecer la mayor recuperación a los bonistas de la AEE.

De acuerdo con Dale, quien sostuvo que a la hora de encontrar una solución a la quiebra de la AEE es necesario entender y tener presente las realidades que experimentan los residentes de Puerto Rico, siempre, la meta de la JSF fue pagar a los acreedores tanto como fuera posible.

Pero a su vez, considerando las necesidades de capital que la AEE tendrá -a futuro- para mantener su infraestructura y sin que ello sangre el bolsillo de los hogares, en especial, de aquellos con los ingresos más bajos.

“El cargo legado tiene que ser sostenible”, indicó Dale al suplicar a la jueza que no dé por buenos los argumentos que buscan desacreditar el modelo utilizado por la JSF.

Los acreedores que respaldan el PDA-AEE cerraron filas con el organismo. Entre ellos, el abogado del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), Luc A. Despins, defendió el acuerdo que permitiría que contratistas, suplidores y otros acreedores de la AEE recuperen unos $335 millones.

Pero tal recuperación, a lo sumo, representaría –en el mejor de los casos- alrededor del 9% de los sobre $6,000 millones en reclamaciones del UCC y tardarán décadas en cobrar, aseveró Despins, también socio del despacho Paul Hastings.

Pero minutos después, los abogados Sean O’Shea, Michael Doluisio y Thomas Lauria, en nombre de sus clientes, Assured Guaranty, el grupo organizado de bonistas opositores (Ad Hoc-AEE), así como GoldenTree Asset Management, respectivamente, enumeraron a la jueza Swain, lo que entienden es una retahíla de inconsistencias, engaños y deficiencias en los supuestos de la JSF.

Los hogares en Puerto Rico pueden pagar un poquito más

“Los hogares en Puerto Rico pueden pagar un poquito más en sus facturas de electricidad porque no tienen otros gastos no discrecionales”, dijo el abogado O’Sheas lients referencia al dato de que en la isla, el 55% de los hogares no pagan hipotecas o alquiler, lo que permitiría a estos pagar más por el servicio eléctrico.

Según O’Shea, en otras reestructuraciones, la JSF ofreció el Instrumento de Valor Contingente (CVIs, en inglés) con el objetivo de compartir con los bonistas los beneficios de una mejora en la economía.

Pero en este caso, aseveró el abogado de Assured, los bonistas no recibirían nada del CVI hasta que primero se paguen los bonos reeestructurados de la AEE y que de paso, recibirán los acreedores que acordaron con la JSF y no sus lients.

“Para llegar a una resolución se necesitan esfuerzos de ambas partes”, agregó O’Shea.

Último llamado a negociar

Fue entonces cuando la jueza Swain indicó que recordaba a las partes que el Equipo de Mediación, así como su orden para promover acuerdos consensuados que continuaba vigente.

“No he pedido a nadie que no conversen”, sostuvo la jueza.

En su turno de cierre, el abogado de la JSF, Martin Bienenstock invitó a los opositores a sentarse a la mesa, insistiendo en que estos tuvieron la oportunidad de pactar.

“Puede ser esta misma noche”, aseveró el abogado.

“Los puertorriqueños merecen algo mejor que el servicio que han recibido de la AEE”, dijo Doluisio.

Según Doluisio, a pesar de contar con “un ejército de asesores a su disposición”, la JSF empuñó premisas y proyecciones que se gestaron para no pagar a sus clientes, en especial, cuando el organismo ignoró indicadores como las proyecciones de LUMA Energy. En octubre pasado, el operador de la red eléctrica presentó una proyección de demanda eléctrica que superaría, por al menos 80%, las proyeccciones que utilizó el ente fiscal para establecer el cargo legado.

Mientras, Lauria aseguró que el problema fundamental del PDA-AEE es que la JSF otorgó recuperaciones más altas a los bonistas que pactaron con el organismo, pero ofrece recuperaciones mínimas -en el orden de tres centavos de dólar- a quienes se oponen al plan de pagos aunque se trata de la misma reclamación.

Incierto el futuro de la AEE

Sin embargo, los argumentos finales de la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) dejaron a la intemperie que más allá de lo que puedan cobrar los distintos acreedores, en caso de confirmarse el PDA-AEE, lo que no está claro del todo es qué AEE quedará cuando se complete la reestructuración financiera.

La abogada de la Utier, Zoé Negrón Comas recordó que cuando se habla de un plan factible, no se trata exclusivamente de pagar a los acreedores. También es necesario que el deudor pueda continuar adelante, un escenario que no se perfila en el plan en la mesa.

Peor aún, según Negrón Comas, luego de que el PDA-AEE menoscabe los derechos contractuales de los trabajadores de la empresa eléctrica, estos también llevarán a cuestas el impacto que el cargo legado tendrá en sus bolsillos.

“El cargo legado y el efecto que tendrá en la tarifa eléctrica será insuficiente para garantizar la operación adecuada de la AEE”, aseguró Fernando Agrait en nombre del ICSE.

Peor aún, dijo Agrait, según fue estructurado, el cargo legado carece de información económica y análisis que lo sustenten y cuando se aplique, muchos abonados terminarán pagando más que el tope de 6% que según la JSF es lo máximo que debe pagar un abonado cuando se trata de la factura de la luz.

Fuente: El Nuevo Día

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