Casi siete años después del huracán María, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) espera completar, antes que concluya septiembre, sus primeros proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales, un listado en el que los trabajos más adelantados incluyen, principalmente, balnearios y otras áreas recreativas, si bien el grueso del dinero asignado está destinado a obras que no estarán finalizadas hasta, al menos, la segunda mitad de esta década.

El balneario Punta Salinas, en Toa Baja, debe convertirse en la primera obra que completa su fase de ejecución, lo que se proyecta ocurrirá antes que culmine el segundo trimestre del año, explicó este jueves la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, en una mesa redonda con medios de comunicación. Los trabajos en el balneario –uno de 10 bajo la titularidad del DRNA– arrancaron el 8 de enero y, al momento, se ha completado un 49% de la obra, precisó.

“Es el primer proyecto del DRNA que fue obligado (cuyos fondos se comprometieron), subastado, adjudicado y está a punto de ser completado y entregado en su totalidad. Vemos obras de remodelación en los gazebos que estaban en el balneario, en edificios principales. Los gazebos (son) más resilientes, más cómodos para el uso del público”, afirmó Rodríguez Vega, al precisar que la obra recibió una asignación de $708,929 en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

El área de Punta Salinas, a su vez, es una de cuatro cuya culminación se anticipa para en o antes del tercer trimestre de 2024 –que finaliza en septiembre–, junto al destacamento de vigilantes en Cambalache, un vivero en esa misma zona y un proyecto de restauración de dunas financiado con fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, en inglés) que el gobernador Pedro Pierluisi asignó al DRNA.

Aunque no todos están en fase de ejecución, otros proyectos del DRNA que completaron la fase de subastas incluyen una porción de la rehabilitación del Centro Vacacional Villas de Añasco, así como las torres de salvavidas en seis balnearios: Fajardo, Luquillo, Añasco, Dorado, Guánica y Vega Alta.

En el caso del centro vacacional, el DRNA espera reinaugurar unos 50 apartamentos a finales de mayo, cuando igualmente se llevaría a subasta la construcción de la segunda fase del proyecto. La rehabilitación del centro en Añasco contó con una asignación de $7 millones en fondos ARPA y $4.5 millones en dinero proveniente de FEMA, una partida que Rodríguez Vega adelantó que aumentará como parte de las evaluaciones de la segunda fase.

Alegan mayor agilidad

A pesar de que no será hasta mediados de 2024 que se verán los primeros resultados concretos de las obras de infraestructura bajo la jurisdicción del DRNA, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Manuel Laboy, aseguró que la agencia se ha movido de forma más “ágil” en los últimos dos años.

“A marzo de 2021, había como $56 millones obligados al DRNA. Hoy, vamos por casi $243 millones. Este dato es clave porque, si no puedes adelantar las obligaciones, no vas a tener acceso a dinero y mucho menos vas a poder ejecutar. Algo que ha sido clave para la secretaria, y el enfoque desde que ella llegó, es que tenemos que aumentar las obligaciones, porque había muchos proyectos cuyas obligaciones necesitaban acelerar y trabajar con FEMA y el COR3″, expresó Laboy en torno a Rodríguez Vega, quien asumió la secretaría en abril de 2022.

En total, el DRNA ha formulado ante FEMA 124 proyectos, de los cuales 121 ya tienen fondos comprometidos por un total de $242.9 millones. Además, en la mesa redonda, Rodríguez Vega destacó otros $30 millones provenientes de ARPA, para adelantar 10 obras.

Entre los fondos de FEMA comprometidos, hay $85.4 millones destinados al rediseño y reconstrucción de las casas de bombas en Santurce, el sector de Cataño/Guaynabo y la región sur. Rodríguez Vega, sin embargo, estimó que esas obras, a la larga, recibirán asignaciones adicionales que elevarán el monto a $300 millones, pues se trata de trabajos cubiertos por la sección 406 de la Ley federal Stafford, que permite ajustes en los costos conforme avanzan las fases de los proyectos.

Pese a la urgencia que supone la reconstrucción de las casas de bombas, diseñadas para prevenir inundaciones en zonas urbanas –pero que, en zonas como Santurce, han operado deficientemente por años–, se trata de una estrategia a largo plazo, toda vez que en mayo deben entregarse los diseños, que podrían incluir modificaciones a los puntos de descargas.

“Luego de que (los diseños) estén en FEMA, comienzan los procesos de subastas de construcción. Esto es un equipo altamente especializado, así que, una vez se pone la orden de compra de las casas bombas, tarda uno a dos años en lo que el equipo viene a Puerto Rico”, reconoció la secretaria, quien recalcó la “urgencia” de la ejecución ante el elevado costo de alquilar bombas portátiles.

“La construcción, definitivamente, puede ser de 12 a 24 meses, dependiendo de los detalles de las especificaciones del diseño. La clave aquí es el trabajo simultáneo porque, una vez el diseño esté sometido a FEMA, empiezan a correr varios procesos simultáneos”, agregó Laboy, en alusión al trámite de las órdenes de compra.

Fuente: El Nuevo Día

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