El director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua Látimer, catalogó de “leyendas”, los efectos adversos que tanto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los comercios alegan tiene el impuesto al inventario sobre la economía y la seguridad alimentaria de la isla.

“Aquí se ha alimentado con unas leyendas urbanas y han asustado la gente de que se puede acabar la comida y las cosas, porque eso no es cierto”, expresó Paniagua Látimer en una entrevista reciente con El Nuevo Día.

Según el funcionario, los municipios no objetan -del todo- que se elimine, sin embargo, discrepó de las expresiones del director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, en torno al impuesto.

Durante la cuadragésimo tercera reunión pública de la JSF, Mujica aseguró que el impuesto sobre el inventario amenaza la seguridad de la isla ante cualquier desastre y no fomenta el crecimiento económico.

“Reformar el impuesto sobre el inventario es fundamental para garantizar los suministros a Puerto Rico, prepararse para las emergencias y ayudar a las familias de Puerto Rico a comprar los productos que necesitan”, indicó Mujica.

“Vi los comentarios del director ejecutivo de la (JSF), no compartimos la narrativa que él trae, al igual que algunas personas han dicho, de que la escasez o el precio de los productos y materiales es causado por el impuesto al inventario, porque mañana pueden eliminar el impuesto al inventario y ningún comerciante va reducir los precios de los productos que está vendiendo”, dijo el funcionario, quien lleva la batuta del CRIM desde el 2018.

El CRIM sostiene hasta dos reuniones semanales con el organismo fiscal para discutir distintos temas financieros, siendo el impuesto al inventario uno de los puntos en la agenda y con el cual discrepan en algunos de los razonamientos que menciona la JSF.

De acuerdo con Paniagua Látimer, la corporación ha hecho concesiones para que los productos en espacio de almacenaje común de la cadena voluntaria, no tengan que tributar hasta el momento que están en los estantes de los comercios. Además, resaltó que los autos cuentan con una zona franca en el puerto donde tampoco pagan contribuciones hasta el momento que lo llevan a los concesionarios.

De acuerdo con los estimados de la JSF, los municipios reciben $237 millones anualmente de impuesto al inventario. No obstante, el director del CRIM adelantó que se espera que este año, se recauden $300 millones.

¿Cuál es la polémica con el impuesto sobre el inventario?

El impuesto al inventario es un tributo a los gobiernos municipales que pagan las empresas por mercancía almacenada que no ha sido vendida. El pago del impuesto se efectúa dos veces al año, se hayan vendido o no los productos y aún si tales bienes ya pagaron el impuesto el año anterior.

La eliminación del impuesto se ha convertido en uno de los reclamos principales del sector comercial de la isla, que alega que el tributo es la razón principal para mantener en niveles mínimos sus abastos de inventario.

De acuerdo con datos publicados por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a pesar de que el impuesto al inventario también se aplica en Estados Unidos, el impacto a los negocios es menor que en Puerto Rico porque las tasas contributivas allí son sobre 50 veces más bajas.

En la pasada década ante la Asamblea Legislativa han desfilado varias versiones de medidas que buscan reducir o eliminar el impuesto al inventario, pero no han prosperado ya sea por problemas de lenguaje, aplicabilidad o porque no se detalla una fuente de ingreso que sustituya la falta del ingreso municipal.

En otro intento, en noviembre pasado, la Cámara baja aprobó el Proyecto de la Cámara 1798, con el que se pretende establecer un pago fijo por el inventario por un periodo de cinco años y una vez se cumpla dicho plazo, se elimine. La medida se encuentra bajo la consideración del Senado, según el trámite legislativo.

“Nosotros nos hemos puesto de acuerdo en varias partes de esa medida, pero no se ha sido exitoso en identificar un lenguaje para la salida”, dijo Paniagua Látimer.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi, quien también participaba de la reunión de la JSF cuando el organismo criticó el tributo, se mostró a favor de la eliminación del impuesto sobre el inventario. Sin embargo, mencionó que no podría dar paso a la total eliminación del tributo en un período de cinco años por el impacto económico que tendría sobre los municipios.

“Hay que enmendar la legislación antes de que se apruebe para que yo pueda firmarla, porque vigilaré la salud financiera de nuestros municipios”, anticipó el gobernador.

Fuente: El Nuevo Día

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