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Aunque el impacto económico de la pandemia del coronavirus sigue siendo incierto, a la fecha, los datos en manos del gobierno apuntan a que sus efectos serán más amplios y profundos que los desastres naturales que Puerto Rico ha experimentado en los pasados dos años, lo que a su vez, afectará directamente el curso de los casos de TítuloIII.

De igual forma y en medio de los cuestionamientos acerca del universo de casos positivos a COVID-19 en Puerto Rico, el gobierno informó que, hasta la fecha, no ha habido “una ola” de casos en la isla al tiempo que comienza a recibir millones de dólares en asistencia federal.

En tanto, en cuestión de un mes, Puerto Rico ya comienza a recibir unos $5,000 millones en fondos federales para hacer frente a la pandemia.

Los datos, así como la expectativa de una nueva inyección de fondos federales para compensar el impacto del coronavirus, están contenidos en un reporte que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) presentó de cara a la audiencia general del mes de marzo de los casos de Título III y que la jueza Laura Taylor Swain dio por acogido.

“Aunque al presente Puerto Rico no está experimentando una oleada de casos de COVID-19 y no está enfrentando una escasez de ventiladores, el gobierno está trabajando activamente para reducir la propagación del virus porque un brote de COVID-19 causaría estragos en el frágil sistema de salud de Puerto Rico”, reza el informe.

Según el informe, para el lunes pasado, es decir, el 20 de abril, el uso de ventiladores en Puerto Rico representaba el 24.5% del inventario disponible en el sistema hospitalario de la isla. La cifra, sin embargo, no precisa cuántos de estos equipos se utilizan en pacientes con coronavirus.

El gobierno ha dicho que divulgará los datos de pacientes de coronavirus hospitalizados y en equipos de ventilación mecánica, pero ello no ha sucedido todavía.

El Título III en medio de la pandemia

A pesar de que Puerto Rico se encuentra en medio de la emergencia del coronovirus, el proceso de reestructuración de la deuda ha continuado, aunque se han aplazado la discusión de los acuerdos con bonistas alcanzados en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el gobierno central.

En respuesta a las medidas de distanciamiento social vigentes, Swain llevó a cabo la audiencia general de los casos de Título III este miércoles vía telefónica y en ella, denegó sin perjuicio una moción del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) que buscaba objetar los grupos de acreedores que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha creado dentro del plan de ajuste del gobierno central.

El plan de ajuste del gobierno central divide sus distintas deudas en función de unas 40 clases de acreedores a los que debe dinero. El UCC entiende que los distintos grupos de acreedores, que reciben compensaciones distintas, se han configurado de manera errada. En el caso de los bonistas, el UCC entiende que la JSF les han concedido una prioridad de pago que procede porque estos son acreedores no asegurados al igual que comerciantes o contratistas del gobierno.

Pero en la audiencia y anticipando que el plan de ajuste sufrirá enmiendas, Swain sostuvo que prefiere discutir ese asunto en una fecha cercana a la vista donde se discutiría la declaración informativa que justifica el plan de ajuste. Esa discusión, a petición de la JSF, fue suspendida ante el cuadro de incertidumbre que ha provocado la pandemia.

El impacto de la pandemia en la economía

Según el informe de la Aafaf ante la jueza Swain, la suerte que corra Puerto Rico tanto en lo que atañe al manejo de la pandemia como en materia económica estará ligada a los eventos en Estados Unidos. Citando al Fondo Monetario Internacional (FMI), el informe señala que la economía estadounidense caerá 6% este año y el panorama hacia el 2021 luce incierto dependerá que se controle la epidemia en la segunda mitad de este año.

“Aunque algunas áreas del mundo están experimentando un desaceleración de los casos de COVID-19, al presente, se desconoce si la epidemia ha alcanzado su pico en Estados Unidos o si habrá una segunda (o incluso, una tercera) ola de la enfermedad que cause un mayor arrastre de la economía de Estados Unidos en general y la economía de Puerto Rico, en particular”, reza el informe suscrito por los abogados del gobierno y socios de O’Melveny Myers, John Rapisardi y Peter C. Friedman, así como Luis Marini Biaggi del estudio local Marini, Pietrantoni Muñiz.

El informe ofrece un recuento de las órdenes ejecutivas, el plan de respuesta económica y otras medidas “agresivas” por parte del gobierno para minimizar el avance de la pandemia aunque no hace referencia a las controversias que han dominado la discusión pública como la calidad de los datos o los problemas para administrar pruebas de COVID-19 en Puerto Rico y posibles actos de corrupción en la compra de pruebas serológicas.

Según el informe, que se nutre de datos suministrados por agencias como el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y corporaciones públicas, hasta ayer, había 915 casos positivos de COVID-19 en la isla (la cifra corregida por el gobierno tras admitir doble conteo) y 64 muertes como resultado de la pandemia.

Hasta el pasado 20 de abril, reza el documento, 254 de unos 1,036, es decir, uno de cada cuatro ventiladores en Puerto Rico estaba en uso. Como resultado, hasta ayer, el sistema hospitalario contaba con 782 ventiladores disponibles.

De igual forma, dice el informe, de un total de 3,709 camas para adultos, 2,389 (64%) estaban vacantes y de un total de 989 camas pediátricas, unas 249 (25%) estaban vacantes.

Millones desde Washington

En tanto, según el informe, Puerto Rico ya harecibido alrededor de unos $3,000 millones como resultado de diversas asignaciones federales para hacer frente a la pandemia.

Según la Aafaf, Puerto Rico recibiría una tajada de un alza de $100 millones en los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y también recibirá fondos de una partida de $950 millones que el Congreso autorizó a estados y territorios. Esto, a través del paquete suplementario de ayuda por el coronavirus y que se aprobó el pasado 6 de marzo.

Además, el gobierno estima que el cheque federal de $1,200 que recibirían los individuos inyectaría unos $1,500 millones a la economía y establece que el programa de préstamos de emergencia para el pago de nómina (PPP) de la Administración de PequeñosNegocios (SBA) allegaría otros $657 millones a la isla.

A través de los fondos destinados a Educación, la Universidad de Puerto Rico recibiría unos $81 millones, según la Aafaf y el 50% de ese dinero debe enviarse en ayudas directas a los estudiantes.

Mientras, a través de la ley federal CARES, el Departamento de Vivienda federal asignaría $52 millones a la isla para que los municipios puedan habilitar instalaciones médicas y asistir a deambulantes.

Puerto Rico también ya recibió otros $168.7 millones en fondos asignados a través del Departamento de Transportación federal.

El informe destaca que los centros de salud, conocidos como 330, recibieron una inyección de otros $18 millones

Mientras, el gobierno recibió este miércoles unos $2,200 millones que deben ayudar a minizar la pérdida de hasta $1,600 millones en recaudos como resultado del coronavirus.

Considerando los fondos federales y la inyección por el cheque federal a individuos, en un plazo de menos de cinco semanas, Puerto Rico recibiría unos $5,000 millones en fondos como paliativo al COVID-19.

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