Apenas tres años después de haberse reestructurado la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ha circulado una convocatoria entre ciertos bancos de inversión con miras a refinanciar la deuda de la corporación pública.

A diferencia de otras licitaciones, El Nuevo Día supo que la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) por parte de Aafaf se circuló “en privado” a ciertas firmas que podrían ofrecer tales servicios y constató que la convocatoria no aparece entre las divulgadas en el portal de internet de la agencia y tampoco en aquel de Cofina.

Fuentes de El Nuevo Día afirman que Aafaf también habría hecho lo propio para identificar alternativas financieras para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), corporación pública que todavía debe completar los trámites para reestructurar sus obligaciones bajo el Título III de Promesa y que ni siquiera ha radicado su correspondiente Plan de Ajuste (PDA-ACT) ante la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, a cargo de los procesos de reorganización financiera de Puerto Rico.

De acuerdo con la convocatoria examinada por El Nuevo Día, los banqueros de inversión que recibieron la invitación de Aafaf tienen hasta mañana, martes, para proponer cómo podrían “refinanciar” la deuda de Cofina.

“Cofina y Aafaf están buscando propuestas en nombre del emisor (de deuda) para alternativas potenciales de refinaciamiento libres de impuestos, incluyendo ofertas de intercambio y otras alternativas con el solo propósito de obtener ahorros en el servicio a la deuda en los bonos reestructurados de Cofina”, reza el documento con fecha del pasado 24 de enero y en el que se indica que la propuesta fue compartida a las firmas que fueron precualificadas por la agencia en mayo de 2020.

A preguntas de este diario, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no precisó si el gobierno le notificó de antemano acerca de las alternativas que pondera para Cofina.

Sin embargo, se informó que una vez, esa corporación pública concluyó su reestructuración, la JSF no tiene otro rol que el provisto en la ley Promesa, lo que incluye evaluar cualquier posible transacción o contrato.

El 12 de febrero de 2019, en nombre de Cofina, la Aafaf intercambió la deuda entonces vigente y pagadera con los ingresos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) por dos tipos de bonos para compensar a los bonistas principales y subordinados de la corporación.

Entonces, Cofina emitió poco más de $12,000 millones en bonos, así como Bonos de Apreciación de Capital (Cabs, en inglés), con tasas de interés que fluctúan entre 4.5% y 5.6%. Cuando se viabilizó la reestructuración de Cofina, que se pagaría en su totalidad hacia el 2058, la JSF planteó que el proceso ahorró al fisco unos $50,000 millones en servicio a la deuda.

Según los documentos de la transacción, Cofina puede redimir o “llamar” -según el argot financiero- los bonos reestructurados con vencimiento en el 2032 a partir del 2025, pero pagando una prima preestablecida a los bonistas.

Una subsidiaria en carreteras

En el caso de la ACT, la convocatoria de la Aafaf surge justo cuando la JSF ha indicado a la administración del gobernador Pedro Pierluisi que sus propuestas para actualizar las proyecciones financieras y proyectos capitales en el plan fiscal de la corporación pública requieren ajustes diversos.

Según varias misivas de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, a Pierluisi y al director de la ACT, lo propuesto por la ACT sería contrario a la ley federal Promesa, en parte, porque a pesar de todos los ajustes y alzas tarifarias consideradas, la corporación pública terminaría con un déficit cercano a $1,200 millones.

De igual forma, según Jaresko, el plan de la ACT contempla crear una subsidiaria para administrar los peajes del sistema de autopistas y por ende, separar los recaudos por esta fuente de otros activos. Sin embargo, para la JSF no es claro cómo se trabajaría con la Legislatura para su implementación.

El gobierno tenía hasta el pasado viernes para enviar a la JSF los cambios requeridos en el plan fiscal de la ACT, pero al cierre de la edición, el organismo fiscal no había recibido tal información.

Fuente: El Nuevo Día

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