La plana mayor del equipo fiscal de Puerto Rico se reunió esta semana con ejecutivos y analistas de las principales casas acreditadoras con el objetivo de afianzar los vínculos necesarios para que, una vez concluyan la reestructuración bajo la ley federal Promesa, el gobierno pueda solicitar que se reanude el proceso de evaluación y clasificación de su perfil crediticio.

Se trató de una jornada de dos días con Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service y Fitch Ratings en La Gran Manzana, a donde el gobierno espera regresar en mayo próximo para contar a los mercados de capital, su historia de éxito, indicó el secretario de Estado, Omar J. Marrero.

“Fue una actualización extensa”, dijo Marrero al asegurar que el encuentro con los analistas que siguen el crédito de Puerto Rico y los directores de las divisiones de Finanzas Públicas en las tres casas acreditadoras fue positivo.

“Hablamos de la transición de la Ley 154 (que rige el arbitrio a las foráneas), que era una preocupación en el plan fiscal y de importancia para las empresas del sector farmacéutico; de la asignación al fondo de pensiones, de la reconstrucción y de los fondos federales que están disponibles”, dijo Marrero haciendo referencia a la lista de aciertos que el gobierno presentó a los analistas.

Marrero conversó con El Nuevo Día antes de regresar a la isla este jueves.

“Dimos una actualización en los temas de alianzas público privadas (APP), no solo lo que hemos logrado y la más reciente (APP) sino de las que están a punto de salir y que son la nueva APP para el resto de las autopistas propiedad de Puerto Rico y la nueva planta de energía que vamos a estar emitiendo próximamente”, prosiguió Marrero haciendo referencia a la generatriz de nueva construcción que el gobierno interesa comisionar y produciría electricidad con gas natural e hidrógeno.

Es la segunda vez que Marrero se reúne con analistas de las casas acreditadoras, entidades que retiraron sus clasificaciones crediticias para Puerto Rico en medio del proceso de saneamiento fiscal y por razones de negocio.

En esta ocasión, la reunión del secretario de Estado y también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) coincide con el primer aniversario de la implementación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.

Junto a Marrero, también participaron de los cónclaves el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea; el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco; el director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy; así como el subdirector ejecutivo de Aafaf, Nelson Pérez, y la secretaria auxiliar de Rentas Internas, Rosana Santiago. Ejecutivos de Ankura Consulting y abogados de O’Melveny Myers, el principal asesor legal del gobierno, también asistieron a los encuentros.

El camino hacia el “rating”

Marrero hizo claro que el encuentro con las casas acreditadoras no responde al interés de obtener una clasificación crediticia para Puerto Rico en el futuro cercano sino cuando sea “comercialmente factible”.

Uno de los criterios establecidos en la ley Promesa para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) termine sus funciones es que Puerto Rico regrese a los mercados de capital “a tasas razonables”.

Aunque no es un requisito indispensable, en el mundo financiero, se entiende que una clasificación crediticia que se considere buena, en lugar de especulativa o chatarra, es una señal de acceso a los mercados.

Marrero subrayó que al presente, Puerto Rico ya ha conseguido que los fondos institucionales, o inversionistas de largo plazo, comiencen a invertir en los instrumentos de la isla ya reestructurados.

Sin embargo, reconoció que antes de solicitar una nueva nota para los emisores de deuda del gobierno, es necesario que Puerto Rico solidifique sus relaciones con diversos actores en el mercado municipal estadounidense. Ello en aras de ganarse la confianza que perdió con el impago de 2016 y estar “en posición” para que, llegado el momento, el territorio estadounidense pueda conseguir una clasificación favorable, es decir, en grado de inversión.

“El impago que ocurrió en el verano de 2016 sobre nuestra deuda constitucional tuvo un efecto nefasto, no solo en el mercado municipal de Estados Unidos, tuvo un efecto nefasto en nuestra credibilidad”, reconoció Marrero.

De acuerdo con el secretario, cuando se trata de los mercados de capital, el mayor acierto de Puerto Rico ha sido retomar una cultura de transparencia financiera, entiéndase la divulgación constante de datos fiscales y la publicación de informes financieros auditados.

Adelantó que este año, el gobierno espera publicar otros dos estados financieros auditados consolidados (CAFR, según se conocen por sus siglas en inglés), una tarea en los hombros de Parés Alicea, y que también se mantendrán presentes en eventos y conferencias dirigidas a inversionistas como el encuentro que el gigante JPMorgan llevará a cabo en la ciudad de Miami el mes entrante y que va dirigido al segmento de alto rendimiento.

¿Cuándo usted entiende que Puerto Rico estaría en posición de conseguir una clasificación? Preguntó El Nuevo Día.

“Era fundamental finiquitar la reestructuración del gobierno central porque eso podía incidir en lo que pudiera ser una buena calificación para Cofina (la Corporación del Fondo de Interés Apremiante). Tenemos que permitir que los créditos (ya reestructurados) se sigan moviendo y monitorear la actividad del mercado”, dijo Marrero.

“En la medida en que no hayamos finiquitado los distintos planes de reestructuración, y como el plan de (la Autoridad de) Energía Eléctrica, que es de lo más importante, no se ha terminado, eso pudiera afectar una clasificación. Por eso, este año, nuestro plan es finiquitar todo, no solamente la AEE, pero también todos los créditos menores como Pridco (Compañía de Fomento Industrial y (la Autoridad de) Puertos”, aseveró el funcionario.

Fuente: El Nuevo Día

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