El gobierno de Puerto Rico transfirió hace poco más de una semana unos $10,000 millones al agente administrador de los casos de Título III, Prime Clerk, con el objetivo de que la firma desembolse, a partir de esta semana, los pagos en efectivo que se establecieron en el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, indicó el secretario de Estado, Omar Marrero.

De acuerdo con Marrero, también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la transferencia de fondos, así como la contratación de las firmas privadas que ejercerán diversos roles para asegurar la implementación del PDA de la deuda y los informes de divulgación han sido parte de las gestiones que el gobierno ha efectuado desde que el pasado 18 de enero, la jueza Laura Taylor Swain confirmó el PDA.

En una entrevista reciente con este diario, Marrero indicó que el gobierno continuaba enfocado en completar los trámites para implementar el PDA, a pesar de que la agencia tendría que insertarse activamente en el proceso de renegociación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ello, luego de la cancelación del Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) en esa corporación pública por parte del gobierno.

El PDA del gobierno central, que constituye la reestructuración financiera de mayor cuantía en la historia del mercado municipal estadounidense, debe entrar en vigor este martes, 15 de marzo.

A partir de ese momento, Prime Clerk tendrá que desembolsar los pagos a bonistas, pero también los pagos que recibirán los empleados públicos por haber respaldado el PDA a través de sus negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los fondos que servirán para nutrir las diversas reservas a fondos establecidas en el PDA.

Entre las reservas o fondos que requiere el PDA figura el Fideicomiso de Pensiones -que es la alcancía que se ha creado para pagar esta obligación cuando no haya ingresos suficientes en el Fondo General- y el fondo para el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés). De este último, se desembolsarán los pagos a suplidores, contratistas del gobierno, demadantes con sentencias contra el estado y contribuyentes con ciertas acreencias contra el Departamento de Hacienda, entre otros.

De igual forma, la semana pasada, Aafaf informó a la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés) que se ajustó la tabla de amortización de la nueva serie de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) que emitirá Puerto Rico, luego de que el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) abriera la puerta para que estos instrumentos continúen libre de impuestos a nivel federal.

La interpretación favorable acerca del carácter exento de los GOs de Puerto Rico está a cargo de Nixon Peabody LLP, una de las firmas que el gobierno ha contratado para implementar el PDA. Según el Registro de Contratos del Contralor, en febrero pasado, Aafaf reclutó al despacho legal para asistirle con las transacciones de bonos que conlleva modificar la deuda de Puerto Rico. Dicha contratación ronda unos $7.5 millones.

Mientras, Prime Clerk es la firma que actúa como administrador de los Casos de Título III desde el inicio de los procesos judiciales hace unos cinco años. Al tiempo que asumía tal responsabilidad, Prime Clerk adquirió a la competidora Epiq Solutions, que actúa como administrador del caso de Título III de la AEE.

Entre otras cosas, Prime Clerk ha sido responsable del envío de las notificaciones judiciales a los acreedores del gobierno mientras actuó como recipiente de las boletas de votación del PDA y las reclamaciones contra el gobierno. Además, la firma es responsable de mantener el expediente judicial de los procesos en curso. A principios de mes, la JSF informó al tribunal que también utilizarían a la empresa para desembolsar los pagos vinculados al PDA.

Empero, en la búsqueda en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor no se identificó tal relación contractual.

Mientras el gobierno y la JSF continúan enfocados en los trámites relativos al PDA, el grupo ciudadano “Se acabaron las promesas” protestaba este lunes a la entrada de la isleta del Viejo San Juan en repudio al plan que servirá para modificar cerca de $30,000 millones en deudas de todo tipo por parte del gobierno central.

De igual forma, este lunes, un grupo de religiosos integrantes de la organización Jubilee USA Network destacaban la reestructuración pactada al tiempo que reclaman al gobierno federal que se otorgue paridad a la isla en diversidad de programas federales y la creación de un comité ciudadano para que intervenga en los procesos presupuestarios de Puerto Rico.

Aparte de los pagos que requiere el PDA, la modificación de deudas también implica hacer cambios a los procesos internos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros para implementar los nuevos parámetros de jubilación que aplicarán a ciertos empleados públicos como los jueces y educadores.

A su vez, como parte de las garantías a los acreedores, el gobierno tendrá que contratar firmas privadas para que estas certifiquen o velen por los pagos que se harán. Por ejemplo, el PDA requiere firmas independientes para gestionar el Fideicomiso de Pensiones, otras para atender el fondo del UCC y también para estimar los flujos de efectivo del gobierno y su segregación, lo que permitiría desembolsar diversos pagos como el Instrumento de Valor Contigente (CVI, en inglés).

El costo de estos servicios, que Puerto Rico tendrá que incurrir durante las próximas dos décadas, todavía se desconoce.

La implementación del PDA continúa su curso luego de que el viernes pasado, el Primer Circuito de Apelaciones denegó un recurso de varios grupos magisteriales que solicitaban detener la implementación del PDA hasta que la JSF y el gobierno identificaran algún mecanismo para compensar el menoscabo que verán los educadores como resultado del plan.

Fuente: El Nuevo Día

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