Ante la objeción de la Junta de Control Fiscal (JCF) a la Ley 41-2022 de reforma laboral, el gobierno central y en la Cámara de Representantes no descartan llegar a tribunales para defender la medida que entró en vigor ayer y añade beneficios a los trabajadores del País.

A pesar de que la JCF no cuenta con la potestad bajo Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés) para poder anular ninguna ley que haya sido aprobada, la misma sí le da facultad de solicitar, a través del tribunal, que se anule su efectividad, si incide directamente en el presupuesto.

Al respecto, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, expresó a EL VOCERO que “reiteramos las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi con relación a las objeciones presentadas por la Junta de Supervisión Fiscal sobre la Ley 41-2022, conocida como Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (reforma laboral)”.

Asimismo, Marrero mencionó que trabajarán para enviar una respuesta y entregar cualquier documento o información que requiera ser revisada y reiteró que, tal y como adelantó el primer mandatario, seguirán adelante con la implementación de la reforma laboral.

Además, indicó que, de la junta presentar un recurso legal y “llegar a los tribunales, como cualquier proceso judicial, será el Tribunal quien determinará la paralización, invalidación o continuidad de la Ley 41, según los argumentos que presenten en su momento las partes”, puntualizó.

De acuerdo con la comunicación, el ente fiscal le dio a la agencia hasta este viernes para entregar los documentos que prueben la compatibilidad de la Ley con Promesa y el plan fiscal. De no cumplir, la pieza legislativa llegará al tribunal.

De igual manera, instaron al gobierno a que emitiera una declaración pública confirmando la suspensión, para evitar la confusión de los empleadores privados que se preparan para la aplicación de la ley, lo que no sucedió.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, se puso a la disposición del gobernador para la defensa de la Ley 41 y lo emplazó a mantener su postura en cuanto a la defensa de la medida.

“Este servidor continúa en la mejor disposición de cooperar con esta faena, y así lo refleja el récord”, expresó Hernández. “Confiamos que, contrario a lo recientemente sucedido con la Ley 52-2022 para la Estabilización de las Finanzas de Puerto Rico, en esta ocasión usted sea consecuente y defienda con la vehemencia requerida la legislación que usted ha avalado con su firma”, agregó, en acuerdo con Domingo Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara.

Según Torres, antes de que las enmiendas a la Ley 41 fueran firmadas, ya la JCF había emitido una comunicación solicitando los documentos que ahora deben ser presentados en dos días, situación que se ha repetido anteriormente.

“Yo creo que estos documentos y este análisis no es la primera vez que se los piden al gobernador de Puerto Rico, ni para esta Ley, ni para leyes anteriores. Al parecer no tenemos a una persona con voluntad en Fortaleza que pueda suministrar ese tipo de documentación y ese tipo de análisis para que entonces pueda ser real la alternativa de poderle dar esos derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras”, indicó el presidente de la comisión cameral.

“La Cámara de Representantes ya nos hicimos disponibles para ir a los tribunales, pero si podemos solucionarlo en este intercambio de documentos y análisis, pues vamos a solucionarlo de esta manera. Yo confío el gobernador de Puerto Rico, de una vez y por todas entregue los documentos y análisis que se le están solicitando”, agregó.

Por su parte, el abogado financiero, Rafael Ferreira Cintrón, aseguró que la junta debe tener la demanda redactada desde el momento en que envió la notificación.

“La junta, estoy seguro de que cuando envió esa carta, ya tenía preparada la demanda para radicar. Eso es cuestión de horas. Una vez la junta solicita que el gobernador deje sin efecto la ley, básicamente lo que le está dando es un ultimátum”, dijo Ferreira Cintrón.

A su vez, mencionó que cualquier arreglo que se pueda hacer extrajudicial -fuera del tribunal- sería más conveniente para ambas partes, porque de llegar a tribunales crea una ambiente de incertidumbre a los patronos.

En tanto, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado-González, informó que la Ley 41 entró en vigor ayer para todos los patronos en Puerto Rico, con excepción de microempresas, pequeños y medianos comerciantes, en los cuales entra en vigor el próximo 18 de septiembre.

“Al presente, la Ley 41 y las enmiendas introducidas por esta a la reforma laboral están en vigor. Una vez firmada la ley, el gobierno sometió ante la Junta la certificación requerida por la Ley Promesa dentro del término dispuesto para ello y, además, estará atendiendo el requerimiento de información adicional solicitado por la junta en el día de ayer. Actualmente, lo más importante es orientar a la ciudadanía en torno a los cambios y el hecho de que la ley está vigente para muchos patronos a partir de hoy”, dijo el funcionario.

Fuente: El Vocero

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