Washington D.C. – El liderato demócrata del Senado cerró filas hoy con el proyecto de ley que propone la transición de Puerto Rico hacia el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que tendría un impacto fiscal de unos $1,700 millones anuales.

La senadora Kirsten Gillibrand (Nueva York) encabezó la presentación de una medida – similar a la 253 radicada en la Cámara baja por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González-, que persigue una transición de cinco años del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) vigente al SNAP.

Junto a Gillibrand presentaron la legislación en el Senado el líder de la mayoría, Charles Schumer (Nueva York), Richard Blumenthal (Connecticut), Robert Menéndez (Nueva Jersey), Cory Booker (Nueva Jersey), Bernie Sanders (independiente por Vermont que hace caucus con los demócratas), Elizabeth Warren (Massachusetts) y John Fetterman (Pensilvania).

El SNAP existe en los 50 estados, Washington D.C., Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses. Distinto al PAN, que es un programa por el cual Puerto Rico recibe fondos en bloque, los beneficiarios de SNAP tienen derecho, por ejemplo, de forma automática a asistencia adicional cuando ocurren emergencias a causa de desastres naturales. Tiene requisitos de trabajo que legisladores republicanos quieren endurecer.

“Es hora de que la subvención en bloque desaparezca”, indicó Schumer, en una conferencia de prensa junto a Gillibrand, Blumenthal, González, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, el representante del Gobernador, Luis Dávila Pernas, y los representantes de la Isla Ángel Matos, Ángel Fourquet y Ángel Peña.

El proyecto que presenta Gillibrand – quien ha impulsado antes la idea-, propone que el Congreso aprueba la transición, lo que se quiere hacer por medio de la ley agrícola, que debe reautorizarse por otros cinco años antes de concluir en septiembre este año fiscal federal,

Aunque la medida no tiene coauspiciadores republicanos –en un Senado dividido 51 a 49, en el que normalmente se necesitan 60 votos para llevar una medida a votación final-, Gillibrand confió en que la importancia que tiene para ambos partidos la ley agrícola permita un consenso.

Los republicanos del Congreso, que controlan la Cámara baja, han indicado que se proponen reducir el gasto federal de cara al presupuesto 2024.

“Durante más de cuarenta años, Puerto Rico ha sido injustamente excluido de SNAP, lo que ha resultado en miles de millones de dólares en ayuda perdida y beneficios nutricionales reducidos para más de un millón de puertorriqueños”, indicó Gillibrand.

“El sistema los trata como ciudadanos de segunda clase”, dijo, por su parte, el senador Blumenthal.

La comisionada González afirmó que aunque la legislación autoriza ahora la transición del PAN al SNAP, requerirá que cada año el Congreso apruebe la asignación como parte del presupuesto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Un estudio encomendado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, publicado el verano pasado, indicó que el proceso de transición puede tomar una década, representar un aumento de $1,700 millones en las asignaciones a la Isla (de los $2,815 millones vigentes a $4,500 millones) y requerir significativos cambios estructurales en la isla.

Los beneficios para una familia de cuatro personas que ahora recibe fondos del PAN en Puerto Rico pueden duplicarse bajo SNAP, dijeron Gillibrand y González.

Gillibrand solicitó en febrero al Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura que presente un informe al Comité de Agricultura, del cual es parte, sobre la transición de Puerto Rico al SNAP, una medida que tiene el respaldo del presidente Joe Biden.

Ese informe no ha sido presentado, dijo Gillibrand a El Nuevo Día.

La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, la demócrata Debbie Stabenow (Michigan), dijo hace unos días a El Nuevo Día que favorece la idea, aunque también advirtió que será uno de muchos asuntos que requerirán negociación con los republicanos.

Tanto González como Gillibrand destacaron que bajo el PAN no hay un mecanismo automático como el que tiene SNAP para aumentar las asignaciones en caso de desastres naturales.

“Hacer que el Congreso apruebe fondos suplementarios no es un mecanismo confiable cuando se experimenta una emergencia en tiempo real”, dijo González, al indicar que el trámite legislativo puede tardar meses e incluso años.

Hernández Montañez, por su parte, dijo que el gobierno de Puerto Rico se prepara para la transición. En ese sentido, indicó que junto a los representantes Matos, Forquet y Peña Ramírez presentó legislación en San Juan para asignar $207 millones a la Administración de Desarrollo Socieconómico de la Familia (ADSEF) para financiar el plan de trabajo de una potencial transición.

Hernández Montañez, Matos y Fourquet fueron electos por el Partido Popular Democrático (PPD). Peña Ramírez, como la comisionada González, pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP).

En la Cámara de Representantes federal, controlada por los republicanos 222 a 213, el proyecto de la comisionada González tiene siete coauspiciadores, incluidos los republicanos María Elvira Salazar (Florida); la delegada de Samoa americana, Amata Coleman Radewagen; y el delegado de Guam, James Moylan.

La medida es apoyada además por los congresistas demócratas Darren Soto (boricua por Florida y miembro del Comité de Agricultura); James McGovern (Massachusetts); Chrissy Houlahan (Pensilvania); y Haley Stevens (Michigan).

Tanto Schumer como Hernández Montañez destacaron además el respaldo que da a la propuesta la congresista boricua Nydia Velázquez (Nueva York), aliada del líder de la mayoría del Senado estadounidense.

En momentos en que las autoridades puertorriqueñas impulsan que Puerto Rico tenga acceso al SNAP, hay propuestas republicanas en el Congreso dirigidas a aumentar los requisitos de trabajo para personas sin discapacidad acceder a los beneficios del programa y limitar las posibilidades del gobierno federal de autorizar que los estados y territorios puedan limitar esas exigencias.

Por ejemplo, el congresista republicano Dusty Johnson (Dakota del Sur) presentó un proyecto que propone fijar entre 18 años y 65 años la edad de las personas sin discapacidad a las que se les exigiría trabajar para poder acceder a los beneficios de SNAP.

Bajo SNAP, las personas entre 18 años y 49 años que no tienen discapacidad, ni dependientes ni están embarazadas tienen que cumplir con al menos 80 horas de trabajo al mes o participar en un programa de capacitación laboral calificado para recibir los beneficios de SNAP durante más de tres meses por hasta 36 meses.

Sin dependientes, los requisitos de trabajo suelen aplicar a las personas que tienen entre 16 y 59 años, e incluyen al menos 30 horas de trabajo a la semana o tener un salario igual al salario mínimo federal multiplicado por 30 horas.

Fuente: El Nuevo Día

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