A seis años de la llegada de la Junta de Control Fiscal tras la promulgación de Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (Promesa, en inglés), en la Isla continúa el debate sobre los poderes y las denuncias por falta de acceso a información pública en poder de ese ente fiscal, que desde su llegada ha impuesto medidas severas de austeridad en agencias y corporaciones del gobierno.

Ahora en el 2023, ese organismo enfrenta también otra prueba de fuego con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que supera los $10 millones y para la cual ya presentaron un borrador de Plan de Ajuste de Deuda (PAD). El segundo asunto pendiente es el caso que se encuentra ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que fue incoado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) donde se plantea que la junta fiscal tiene que someterse a las leyes locales de acceso a información pública. La junta, por su parte, argumenta que no deben entregar la información que solicita el CPI en virtud de la inmunidad soberana de la undécima enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Para el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, la junta ha tenido aciertos y desaciertos en su ejecución por los pasados años.

“La Junta de Control Fiscal ha realizado un buen trabajo en materia de reestructuraciones de deuda y transparencia financiera, pero no tanto así en la microgerencia a través del proceso presupuestario e intervención en la política pública de la administración electa por el voto directo del pueblo”, dijo Marrero en declaraciones escritas a EL VOCERO.

En ese sentido, el abogado y experto en Promesa Rolando Emmanuelli consideró que los ojos del país deberían concentrarse en lo que suceda con el caso del CPI, pues tendrá el efecto de definir el alcance de los poderes de la junta fiscal.

“Este caso (el del CPI) debería estar en la palestra pública todos los días porque va a implicar que no se puede demandar a la junta por incumplimiento de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así que ellos estarían por encima del gobierno local”, opinó.

La vista oral del pleito entre el CPI y la junta en el Supremo federal está pautada para el 11 de enero a las 10:00 de la mañana. Recientemente, la Cámara de Representantes solicitó al Tribunal Supremo federal que le permita participar como amigo de la corte (“amicus curiae”) en este pleito. Además, una docena de entidades también han presentado recursos de “amicus curiae” favoreciendo el reclamo del CPI, entre ellas Liga de Ciudades de Puerto Rico y la Comisión Ciudadana de Auditoría de la Deuda.

“La junta ha ido ampliando su poder durante todos estos años y cada vez se mete con situaciones donde uno se pregunta, ¿dónde está el impacto fiscal? El último ejemplo es el de la reinstalación de algunas de las prerrogativas laborales que se habían eliminado en la Ley 4-2017, la llamada reforma laboral”, declaró Emmanuelli.

Según Emmanuelli, el gobierno es el único que tiene ‘standing’ (posición) para cuestionar esas determinaciones, no ha hecho un cuestionamiento radical del problema. “El cuestionamiento es si la Ley Promesa es constitucional o no. El gobierno solamente se ha limitado a litigar cómo se interpreta la ley”, planteó.

La abogada Eva Prados, de la Comisión de la Auditoría de la Deuda, favoreció que el ente fiscal cumpla con las leyes de transparencia.

“El gobierno de Puerto Rico tiene que cumplir con las leyes de transparencia y tiene que entregar información pública bajo sus manos y al gobierno federal igual, le aplica leyes de transparencia federal para brindar información pública, pero la junta no quiere cumplir con ninguna. Estamos hablando de una entidad que funciona a base de fondos públicos”, sostuvo.

Según Prados, la junta está buscando economías de manera arbitraria para pagar a los bonistas, en lugar de buscar economías para el gobierno. A modo de ejemplo, mencionó el pleito por la Ley 41 de reforma laboral que sigue ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain.

No dudan del impacto a consumidores

En cuanto a la reestructuración de la deuda de la AEE, Prados y  Emmanuelli advirtieron que tendrá un impacto directo en los consumidores. El 16 de diciembre, la junta sometió la versión preliminar del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE, que propone recortar un aproximado de $5,400 millones (48%) de la deuda.

El PAD sometido ante la jueza Laura Taylor Swain tiene 144 páginas e incluye cargos adicionales a los abonados por 35 años que se reflejarán en la factura.

“Hemos visto ya empezar a correr dos planes de ajuste de la deuda: el de Carreteras y ahora el de energía eléctrica, donde la junta está transfiriéndole directamente el pago de la deuda a la ciudadanía, a los residentes, con un impacto en la economía”, dijo Prados.

La abogada enfatizó en que la junta insiste -y así lo dijo cuando radicó el PAD- en transferirle el pago de la deuda a la ciudadanía a través de unos aumentos fijos en la factura que impactará no solo la factura de la luz, sino que tendrá un efecto en cadena. Explicó que habría dos cargos adicionales: uno fijo y otro adicional por consumo de energía.

“Eso definitivamente va a hacer que la calidad de vida aquí en Puerto Rico se encarezca mucho y, además, Puerto Rico ya está pagando un montón de luz. Puerto Rico es la segunda jurisdicción que más luz paga”, abundó Prados.

Mientras tanto, Emmanuelli indicó que el issue central de la reestructuración de la AEE ha sido “lo que tienen derecho los acreedores a cobrar conforme al instrumento que compraron en el mercado y que compraron a base de las premisas del Trust Agreement, que también establece que los gastos operacionales y el Sistema de Retiro tienen prioridad sobre los bonistas”.

“Entonces, lo absurdo del tema es que, a pesar de este orden donde los bonistas compraron a base de esas premisas, la junta con el RSA (Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración) le ofreció cantidades exorbitantes y que estaban fundadas en reducciones más dramáticas a las operaciones de la Autoridad y el Sistema de Retiro”, agregó Emmanuelli.

Enfatizó que el RSA de la AEE que se presentó en el pasado no era viable para el País, pues entre otras cosas, contemplaba un aumento 4.6 centavos kilovatio hora, por lo que finalmente fue cancelado. Sin embargo, Emmanueli alertó que el nuevo acuerdo que se podría materializar, impactaría directamente a los consumidores en términos de la factura.

“Los números que se circularon en el último colapso de la mediación son igualmente devastadores en términos de la cantidad de dinero que tiene que recaudarse de los abonados para poder solventar obligaciones de unos acreedores que sus créditos no tienen ninguna garantía ni preferencia”, mencionó Emmanuelli.

Fuente: El Vocero

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