Washington – El Centro de Presupuesto y Prioridades de Política Pública (CBPP, en inglés) calcula que los recortes fiscales que exigen los republicanos del Congreso como parte de sus condiciones para elevar el techo de la deuda pública federal podrían reducir en más de $1,500 millones la asignación de fondos discrecionales para Puerto Rico en el año fiscal estadounidense 2024.

La tijera aumentaría paulatinamente, pues, a base de la legislación aprobada por los republicanos de la Cámara de Representantes el mes pasado, pudiera representar unos $25,200 millones menos en asignaciones al sumarse los recortes de una década.

En abril, la mayoría republicana de la Cámara baja aprobó (217-215) una legislación que exige recortes fiscales y cambios de política pública para elevar en $1.5 billones (trillions, en inglés) o hasta el 31 de marzo de 2024, lo que ocurra primero, el tope de la deuda pública federal. En una sesión en la que la mayoría es de 222 a 213, solo cuatro republicanos se unieron a los 211 demócratas presentes para rechazar la medida.

La pieza legislativa impondría $1.3 billones en recortes en una década. El plan republicano persigue volver al nivel de gastos de 2022 y -en tiempos de alta inflación- solo aumentar anualmente el presupuesto de gastos discrecionales en 1%.

Entre otras cosas, propone rescindir los fondos no comprometidos del COVID-19, prohibir la cancelación de préstamos estudiantiles universitarios otorgados por el gobierno federal, endurecer los requisitos de trabajo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), establecer exigencias laborales para el programa Medicaid y tachar apartados de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), como los fondos asignados contra el cambio climático y para aumentar los funcionarios del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).

El liderato republicano, encabezado por el speaker Kevin McCarthy (California), ha indicado que los recortes protegerán la asignaciones relacionadas con la defensa y la atención médica a los veteranos, lo que, advirtió el CBPP, hará más masiva la reducción de fondos.

Bajo ese escenario, los recortes a nivel de Estados Unidos y sus territorios “ascenderían a un estimado de $84,000 millones en 2024 y la asombrosa cantidad de $1.3 billones durante la próxima década (un recorte del 59% en 2033)”, indicó Whitney Tucker, directora de Investigación de Política Pública Fiscal Estatal del CBPP.

“Los gobiernos estatales y locales se verían obligados a recortar los fondos para los programas de los que dependen las personas y las comunidades todos los días. Los daños incluirían más aulas abarrotadas, incluso, menos familias capaces de pagar el cuidado de los niños, nuevos padres que carecen de la ayuda que necesitan para alimentar a sus bebés adecuadamente, instalaciones de agua que funcionan mal y menos fondos para servicios para personas sin hogar y tratamiento por uso de sustancias (controladas)”, agregó.

En Puerto Rico, si no se hicieran intocables los fondos relacionados con el Pentágono y los servicios médicos a los veteranos, los recortes rondarían los $635 millones, sostuvo el CBPP. Pero, si se toma la palabra de los republicanos, el golpe en torno los fondos discrecionales subiría a $1,570 millones.

Tanto el presidente Joe Biden como los demócratas del Congreso -que controlan el Senado (51 a 49), pero sin suficientes votos para actuar por sí mismos- han rechazado que se vincule elevar la deuda pública con el debate sobre el presupuesto.

Pero, en momentos en que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha indicado que tan pronto como el 1 de junio el gobierno federal puede dejar de tener autorización para pagar todas sus deudas -lo que teme genere un duro impacto económico-, Biden y los demócratas conversan con el liderato republicano del Congreso posibles recortes presupuestarios. Una segunda reunión entre el mandatario estadounidense y los líderes del Congreso tendría lugar esta semana.

“Todo se está negociando, y no sabemos cómo va terminar”, indicó Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

Como advirtiera Biden la semana pasada, la propuesta de los republicanos no ofrece detalles, no precisa las áreas del presupuesto que proponen recortar.

Entre otras cosas, el economista Marxuach expresó preocupación, a su vez, por el impacto en Puerto Rico de la iniciativa republicana que persigue exigir 80 horas laborales o de servicios comunitarios para que una persona que tenga entre 19 y 55 años, con capacidad para trabajar, pueda tener acceso a los beneficios del programa Medicaid.

Según la política pública que impulsan los republicanos, los gobiernos estatales “perderían los fondos federales de Medicaid para adultos sanos de 19 a 55 años sin dependientes si esos beneficiarios no cumplen con el requisito (de trabajo o servicio comunitario) durante tres o más meses en un año calendario”, según una comunicación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) al líder de la minoría demócrata en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja, Frank Pallone (Nueva Jersey).

CBO considera que el plan republicano excluirá de Medicaid a 1.5 millones de adultos, pero, al mismo tiempo, ahorrará al gobierno federal $109,000 millones en una década.

Marxuach señaló que, en Arkansas, se impusieron requisitos parecidos que, antes de ser frenados por un tribunal, habían provocado que 18,000 personas perdieran acceso a Medicaid en menos de un año. “Muchas personas que cualificaban para Medicaid perdieron beneficios porque no sabían lo que tenían que hacer, o el patrono les redujo las horas de trabajo”, sostuvo.

También llamó la atención a que, mientras los republicanos sostienen que ahorrarán $109,000 millones con los requisitos laborales para acceder a Medicaid, eliminan la contratación de hasta 87,000 nuevos funcionarios del Tesoro, y que el gobierno de Biden, aunque no está claro cuántos de ellos serían auditores, debe ayudar a evitar la evasión contributiva por una cantidad cercana.

El gobernador Pedro Pierluisi se ha opuesto a la legislación, aunque considera que la gran mayoría de los fondos del COVID-19 asignados a Puerto Rico han sido comprometidos. En torno a Medicaid, rechazó que se impongan requisitos de trabajo.

“En cuánto a Medicaid, eso es un plan de salud, y la salud va primero que todo lo demás. No debemos mezclar una cosa con la otra. El indigente no tiene con qué pagar un plan de salud adecuado”, dijo Pierluisi, quien se identifica con los demócratas.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien es republicana, se ha opuesto a que se prohíba la cancelación de préstamos estudiantiles y ha defendido que se rescindan las asignaciones no comprometidas para mitigar el COVID-19. Pero no ha tomado posición pública respecto al resto de las propuestas de su conferencia republicana.

Fuente: El Nuevo Día

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