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El gobernador Pedro Pierluisi advirtió ayer a los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) que podrían estar extralimitándose de sus poderes al imponer nuevos requisitos para la certificación de presupuestos balanceados del gobierno y métricas para regresar a los mercados de bonos. Sin embargo, el director ejecutivo de ente federal, Robert Mujica, ripostó señalando que estos controles son necesarios para evitar otra bancarrota gubernamental.

Las condiciones fueron incluidas en el plan fiscal 2024-2025 del gobierno central que fue certificado ayer durante la cuadragésima cuarta reunión pública de la JCF junto a los de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“Estoy profundamente preocupado con estos requisitos que han sido incluidos en el plan fiscal certificado, ya que aparentan ser una extralimitación de la junta fiscal cuando, por ejemplo, indican que van a evaluar la habilidad del gobierno de alcanzar métricas relevantes de calificación crediticia de inversión y su habilidad de mantener las mismas para sus deudas”, expresó el mandatario tras mencionar que el borrador del plan fiscal le fue entregado el pasado lunes.

Pierluisi además cuestionó la determinación de la junta fiscal de basar los criterios y métricas de acceso a los mercados financieros en los de solo una de las casas acreditadoras reconocidas a nivel de Estados Unidos.

“Reconozco que la ley ha sido útil para la transparencia y rendición de cuentas, pero su implementación ha sido y es sumamente costosa, al tiempo que ha creado una burocracia paralela que no contribuye a posicionar nuestra economía en un ámbito más competitivo”, sostuvo Pierluisi, quien insistió en que cada dólar que se invierte en la operación de la junta fiscal es dinero que no va a la prestación de servicios a ciudadanos o esfuerzos por mejorar los sistemas de electricidad, agua potable, transportación, educación, seguridad pública, salud e infraestructura del País.

Riposta la junta fiscal

El plan fiscal certificado por la JCF establece las guías para el manejo del presupuesto 2024-2025 del gobierno central propuesto ayer, porque asciende a $13,062 millones y que incluye $865 millones para el Negociado de la Policía; $2,181 millones para el pago de pensiones; $506 millones para la Universidad de Puerto Rico (UPR); entre otras partidas.

“Este plan fiscal es diferente a los que hemos presentado en el pasado en el sentido de que ahora estamos enfocados en lo que se debe hacer tras concluida la recuperación (económica). Es importante mirar al pasado para determinar cómo queremos movernos hacia adelante”, explicó Mujica, al recordar que previo a la reestructuración de la bancarrota del gobierno central, Puerto Rico destinaba 25 centavos de cada dólar al repago de la deuda.

A preguntas de EL VOCERO, el director ejecutivo de la junta fiscal le recordó al gobernador que los estándares de cumplimiento para la certificación de presupuestos balanceados están escritos “en blanco y negro” en la Ley Promesa.

“Si vamos atrás, al presupuesto del 2022 y el... del 2023, el estándar requerido es ordenar estados financieros a eso de 180 días del cierre del año, pero en Puerto Rico no hay una práctica establecida para el cierre del año fiscal y saber cuánto en realidad se gastó”, agregó.

El directivo además criticó a la Legislatura por la costumbre de continuar aprobando proyectos que representan una mayor carga a las arcas gubernamentales luego de que se vota un presupuesto, tal y como ha ocurrido en los pasados años.

“Ahora mismo hay ciertas entidades gubernamentales que no tienen presupuestos balanceados y están utilizando sus reservas para (balancearlos)..., lo que significa que cuando se acaben las reservas, al menos que cambie su situación, van a volver a estar en déficit”, advirtió Mujica.

Con relación a los criterios de financiamiento, Mujica recordó que en 2015 el gobierno de Puerto Rico acudió al mercado de bonos estando al borde de una bancarrota, lo que provocó que sumara a sus costillas una mayor deuda con altos intereses que al final del camino no pudo pagar.

“El propósito de estos controles es asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir otra vez así que no se trata de una extralimitación. Que son requisitos fuertes, sí, pero tenemos que asegurarnos que se sometan presupuestos balanceados y acceso adecuado a los mercados de bonos. Es la primera vez que publicamos estos estándares y entiendo que es una conversación que debemos tener”, sostuvo Mujica.

“Hay que dejar de marcar encasillados”

Por otro lado, otro de los integrantes de la JCF, John Nixon, comentó a EL VOCERO que el diálogo que se debería estar dando a raíz del plan fiscal certificado debería ser cómo “transformar el sistema”, en vez de “meramente marcar encasillados” para cumplir con los requisitos para la salida del ente federal.

“Hemos tenido que bloquear cosas que la Legislatura y el gobernador han aprobado y no tienen dinero para pagarlo. Puerto Rico debe ser gobernado por funcionarios electos, en eso estamos de acuerdo, pero estos deben demostrar que pueden manejar un presupuesto y no volver hacia atrás a las viejas prácticas que los llevaron a la bancarrota”, agregó Nixon.

Fuente: El Vocero