Michael Yackira, uno de los peritos de los grupos de acreedores no asegurados y bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se oponen a la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), reconoció ayer ante la jueza Laura Taylor Swain que para que la corporación pública sea competitiva necesita bajar sus tarifas.

A preguntas del licenciado Michael T. Mervis -quien forma parte de la representación legal de la Junta de Control Fiscal (JCF)- el oficial ejecutivo de la generadora de energía privada NV Energy -con base en el estado de Nevada- afirmó que la principal competencia de la AEE son los techos solares.

Yackira catalogó de excesivos los pronósticos de los gastos a largo plazo de la corporación pública incluidos en los planes fiscales certificados de la AEE para el 2022 y 2023, tras compararlos con datos de la Administración de Información Energética (EIA, en inglés).

“No me parece que la AEE sea competitiva y por eso mencioné que se requieren acciones para ajustar los costos”, expresó el testigo, quien a preguntas del licenciado Mervis, destacó que una de estas acciones podría ser una reducción tarifaria.

“¿Es su impresión que las partes que requirieron sus servicios para este caso abogan para que la tarifa sea menor?”, cuestionó el abogado de la junta fiscal, a lo que Yackira dijo entender que los acreedores y bonistas que se oponen a la confirmación “piensan que los gastos (de la AEE) deben ser menores para que su operación pueda ser viable”.

Mervis insistió con el perito procurando su opinión sobre qué pasaría en caso de que las tarifas de la AEE fueran más bajas y si esto podría convertir a la corporación pública en una opción más atractiva frente a las fuentes renovables, a lo que Yackira respondió de manera afirmativa.

En cambio, cuando fue cuestionado sobre qué ocurriría en caso de que la AEE no pueda ajustar su nivel de competitividad, el también exdirectivo del Edison Electric Institute concurrió en la premisa presentada de que la corporación pública podrá experimentar una baja en la demanda por sus servicios y, por ende, en sus recaudos, ya que más clientes se moverían a sistemas solares por ser una mejor opción.

Cuestionan números de los bonitas

Por otro lado, una de las abogadas de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la licenciada Elizabeth L. McKeen, trató de sembrar dudas sobre el reporte presentado por el economista chileno Sebastián Edwards, quien ofreció -a nombre del nuevo grupo de bonistas Ad Hoc que se opone a la confirmación del PAD- varios modelos que plantean que la AEE podrá pagar a largo plazo más dinero del límite de sostenibilidad planteado por la junta fiscal en su propuesta.

Edwards reconoció durante el contrainterrogatorio que, a diferencia de otras jurisdicciones que utilizó para comparar los números de la economía local, los puertorriqueños pueden moverse con mayor facilidad a Estados Unidos que los ciudadanos de otros países.

De igual forma, el economista también admitió que hay casos como el estado de Detroit donde, a pesar de que el gobierno completó una restructuración gubernamental, la población continuó disminuyendo.

El también profesor universitario concluyó en su estudio que la proyección a largo plazo de la junta fiscal sobre la economía de Puerto Rico es exageradamente pesimista, ya que no encontró casos con un declive económico sostenido que se prolonguen durante 23 años, tal y como proyectó el ente federal para la Isla.

Al ser confrontado con los datos de su reporte, Edwards tuvo que defender los motivos por los cuales optó por separar los períodos de la gran depresión económica de Estados Unidos que comenzó a finales de la década de 1920 y lo que catalogó como la recesión de la década de los 30.

Excluyen nivel de pobreza

Ante los cuestionamientos de la licenciada McKeen, el perito también reconoció que su conclusión no tomó en cuenta factores como que el 42% de la población en la Isla vive bajo niveles de pobreza -el doble del estado de Mississippi-, el salario promedio en Puerto Rico y la exclusión de ciertas ayudas federales.

Edwards indicó que es posible identificar un precio por la electricidad que podría provocar una caída en espiral de la economía, pero reveló que no calculó la misma debido a que no se le requirió.

Con respecto al potencial de una caída de la economía de Puerto Rico, el economista mencionó que es posible que, en caso de ocurrir, el gobierno de Estados Unidos intervenga tal y como lo hizo años atrás ante la crisis económica de la Isla y la implementación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

La vista de confirmación del PAD entrará hoy en su octavo día con la continuación del testimonio de otros de los peritos de los grupos de bonistas de la AEE opuestos al plan, como la experta en política energética Susan Tierney.

Fuente: El Vocero

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