Fitch Ratings reconoció como un acierto la reciente publicación del Estado Financiero Consolidado Auditado para el año fiscal 2021 (CAFR, por sus siglas en inglés), evento que a juicio de la casa acreditadora, deja a la luz que el gobierno de Puerto Rico “ha mejorado” sus capacidades administrativas.

Según Fitch, como resultado de las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y un esfuerzo colaborativo entre las partes, Puerto Rico también “ha mejorado en la confiabilidad, robutez, puntualidad y accesibilidad” de otros reportes que ofrecen información suplementaria acerca de las finanzas gubernamentales.

El pasado 12 de junio, el Departamento de Hacienda publicó el CAFR 2021, acortando a dos años, el retraso de Puerto Rico cuando se trata de publicar su radiografía financiera.

El año pasado, Hacienda publicó los CAFR 2019 y 2020 y ahora prevé ponerse al día, publicando el CAFR del 2022 para la segunda mitad de este.

Pero no sería hasta mediados del año entrante cuando Puerto Rico publicaría el CAFR 2023, poniéndose prácticamente al día con la divulgación del informe, un documento requerido por ley federal a las entidades que toman prestado en el mercado de capital municipal estadounidense.

En el caso de Puerto Rico, el gobierno debe publicar el CAFR en o antes del 1 de mayo, después del cierre de cada año fiscal. Es decir, el estado consolidado auditado del año en curso y que termina el próximo 1 de junio, debe publicarse el 1 de mayo de 2024.

Fitch hizo saber sus impresiones de las gestiones de divulgación de Puerto Rico ayer, cuando, casi de inmediato, el gobierno las celebró.

Celebra el gobierno

Para el secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero, las expresiones de Fitch “dicen volúmenes” acerca de las gestiones de Hacienda para cumplir con la divulgación de reportes e informes financieros.

“Son muchos los logros en materia financiera y fiscal bajo el liderazgo del gobernador (Pedro Pierluisi), incluyendo la implementación de los planes de ajuste del gobierno central y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en marzo y diciembre de 2022, respectivamente, poniendo fin a la quiebra del Gobierno y de la ACT bajo el Título III de (la ley federal) Promesa”, indicó Marrero en una declaración escrita.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, sostuvo que con la publicación del CAFR 2021, desde su llegada a la jefatura de la agencia, el gobierno ha publicado cinco estados consolidados auditados.

“El trabajo ha sido arduo, pero estamos muy satisfechos con la labor realizada por nuestro equipo, que está muy comprometido con la meta de poner al día los estados financieros, paso importante para lograr salir de Promesa y alcanzar la transparencia financiera que nuestra isla merece y necesita”, agregó Parés Alicea, también en declaraciones escritas.

Aunque Fitch destacó el progreso alcanzado por el gobierno puertorriqueño, indicó que si bien “un calendario (de publicación) de un año sería una mejora significativa, todavía estaría en atraso en relación a sus pares”.

Cuando se perdió el rumbo

En sus mejores años, específicamente durante la década de 1990, Puerto Rico llegó a recibir distinciones de organizaciones especializadas por la divulgación periódica y amplia de su información financiera.

Pero a medida que la crisis fiscal se hacía más evidente, Puerto Rico simplemente incumplió repetidamente con la regla 15c12 de la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés) que se agnitu a las entidades que toman prestado.

Justo después de que se aprobara ley federal Promesa en el agnit de 2016, El Nuevo Día reseñó que la falta de disciplina en la divulgación de estados financieros fue uno de los detonantes para la aprobación del estatuto y la creación de la JSF, con poder para controlar las finanzas públicas del territorio puertorriqueño.

El retraso fue de tal agnitude que, según un análisis del economista José R. Oyola, el CAFR correspondiente al año fiscal 2014, se publicó con 741 días -o unos dos años- de retraso.

Falta por hacer

Al pronunciarse acerca de Puerto Rico, Fitch sostuvo que un estudio reciente del Centro de Investigación de las Finanzas Gubernamentales de Chicago, de la Universidad de Illinois, destacó que la mediana del período de divulgación del mercado municipal fue de 164 días después del cierre del año fiscal 2020.

Asimismo, la casa acreditadora indicó que según la Asociación Nacional de Contralores Estatales, el plazo promedio de divulgación de estados financieros para el año fiscal 2021, conformes con los proncunciamientos de contabilidad generalmente aceptados -GAAP, en inglés- fue de 228 días.

En tiempo reciente, agregó Fitch, algunos gobiernos enfrentaron problemas para divulgar sus estados a tiempo por los disloques operacionales que produjo la pandemia del Covid-19, pero “los gobiernos locales se han recuperado desde entonces, aunque permanecen ligeramente por debajo de los promedios de divulgación (de informes) en el 2019.

En contraste, la casa acreditadora manifestó que divulgaciones con retrasos de 270 días, como sería el caso de Puerto Rico, pueden ser “un indicativo de debilidades administrativas”.

En mayo del año pasado, Fitch Ratings fue la última casa acreditadora que dejó de otorgar un rango crediticio a la deuda pública de Puerto Rico, en medio del proceso de quiebra gubernamental.

Fitch indicó entonces que dejaba de evaluar el perfil de la deuda pública de Puerto Rico por razones de negocio. La firma continúa evaluando instituciones financieras y otras entidades en la isla.

Ahora, sin indicar si reanudará su lectura del gobierno puertorriqueño como emisor de deuda, la casa acreditadora sostuvo que la capacidad que tenga Puerto Rico para mantener sus capacidades administrativas en materia de recaudos y recopilación de información presupuestaria, financiera y económica y a su vez, para reportar tales gestiones será “un componente clave para cualquier investigación razonable” que Fitch pueda acometer para conformar un perfil crediticio de la isla.

Según Promesa, uno de los criterios para el fin de la JSF es el cumplimiento de las normas de divulgación financiera y que Puerto Rico acceda al mercado a tasas razonables, lo que pudiera requerir una clasificación de entidades como Fitch.

Fuente: El Nuevo Día

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