La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) mantiene conversaciones con la Junta de Control Fiscal (JCF) para extender hasta diciembre los fondos del presupuesto actual de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que no se hayan utilizado, para poder atender cualquier situación imprevista.

Así lo reveló a EL VOCERO el director ejecutivo de OGP, licenciado Juan Carlos Blanco Urrutia, quien estimó el dinero sin utilizar -que corresponde a una partida consignada para la compra de equipo- entre $13 millones y $14 millones.

Como el dinero es de este presupuesto que vence el 30 de junio, no podrán utilizarlo para el nuevo año fiscal que inicia el 1 de julio, a menos que la JCF lo autorice.

El funcionario explicó que “además de eso, en la petición presupuestaria del próximo año fiscal se trabajó con la CEE para que tengan, no solamente los fondos operacionales corrientes que requiere, sino también los fondos incrementales que necesitan para correr el evento... de noviembre”.

“Por encima de eso y viendo las circunstancias, se creó una reserva de $4 millones adicionales para atender cualquier situación imprevista”, añadió.

Blanco Urrutia afirmó que todo el componente fiscal, incluyendo la JCF, está en “sintonía” para asegurar que la CEE tenga los fondos que necesita en caso de que surja una necesidad que ponga en riesgo la celebración de la elección de noviembre, siempre y cuando se presente la evidencia correcta y se demuestre la necesidad.

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, había solicitado al ente fiscal $31 millones a ser utilizados en $5.3 millones para pago de nómina y $29.7 millones para gastos operacionales del evento electoral. La JCF se ha sostenido en que el presupuesto sea de $21.8 millones.

Discrepancias en el presupuesto

Aunque reconoció que existen discrepancias con partidas que fueron eliminadas del presupuesto solicitado, Blanco Urrutia aseguró que el documento que la JCF presentó el miércoles ante la consideración de la Legislatura contiene “todas las prioridades de política pública que fueron sometidas desde la versión original”.

La discusión presupuestaria ahora se centrará en la Asamblea Legislativa donde no solo está el presupuesto propuesto por la junta fiscal, sino que el pasado martes la Cámara aprobó su propia versión, por lo que esta medida pasó al Senado.

“Nosotros hemos tratado, por eficiencia procesal, que todo el mundo trabaje sobre la misma versión. En efecto, ahora mismo hay dos versiones, pero puedo adelantar que no debe haber muchas diferencias entre una versión y la otra, por lo que consolidarlas en una sola versión no debe ser tarea complicada”, opinó.

Blanco Urrutia sostuvo que la meta es que la Legislatura apruebe el presupuesto en o antes del 28 de junio, de manera que la junta fiscal pueda certificarlo al final del mes.

“Aquí es muy importante enviar el mensaje de que Puerto Rico ha retomado la madurez procesal en la evaluación, desarrollo y aprobación del presupuesto”, concluyó.

Necesidad de fondos para otros asuntos

Además de la situación con la CEE, el funcionario confirmó que se logró evidenciar la necesidad de fondos para dos partidas en específico por las cuales se habían emitido notificaciones de violaciones al entender que no habían sido justificadas en la versión original del presupuesto presentado por el Ejecutivo al ente federal. Se trata del Plan de Reconstrucción Social y de Prevención de Violencia, y la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear) de Departamento de Educación (DE).

“En el caso de Idear, el 100% de los $21 millones que habíamos solicitado inicialmente fueron incluidos en el presupuesto por la junta, al igual que dinero para mejoras adicionales que se trabajaron con el departamento para temas como la transportación escolar y educación especial”, comentó, al destacar que “en el tema de la descentralización vamos a tener los recursos, ya que evidenciamos lo que hace falta para poder continuar con ese proceso importantísimo para el futuro de Puerto Rico”.

Sin embargo, Blanco Urrutia dijo que el Plan de Reconstrucción Social -un esfuerzo lanzado a través de la Orden Ejecutiva 2023-023 para establecer política pública sobre la salud mental, la desigualdad y seguridad pública- el proceso para convencer a la junta fue más complicado.

“No se pudo alinear perfectamente el calendario de trabajo que estaba llevando a cabo el Comité Asesor de Reconstrucción Social con el calendario de Presupuesto, pero pudimos presentar una actualización de lo que se estaba haciendo, las decisiones que se estaban tomando y la planificación para la ejecución futura de ese proyecto”, detalló, al agregar que, al final del camino, la junta dio paso a la asignación de fondos dentro del presupuesto para el proyecto, para la cual se solicitó $20 millones, “sujeto a que se continúe trabajando de acuerdo al plan de trabajo que se había presentado”.

Sin embargo, el Ejecutivo no logró persuadir a la junta fiscal a destinar $80 millones de las arcas del gobierno central para ayudar a los municipios a cubrir la aportación al Plan Vital.

“Ahí tenemos una diferencia que ha sido constante desde el primer presupuesto con la junta fiscal y ambos reconocemos que diferimos en la apreciación. Desde el Ejecutivo entendemos que los municipios no deberían estar llevando esta carga del pago del Plan Vital porque es un plan estatal, pero la junta no lo ve así”, comentó.

Luego que el ente federal señaló la partida de $80 millones como una de las violaciones en el presupuesto propuesto para el año fiscal 2024-2025, el gobierno determinó que esto podría ser una ficha de tranque, por lo que desistió en su intento.

“Ese dinero se mueve a otros potes y otras iniciativas dentro del presupuesto. Parte va a regresar a los municipios a través de otras iniciativas que se irán definiendo a través del próximo año fiscal”, dijo el jefe de OGP. El presupuesto propuesto por la junta incluye una partida de $61,536,000 para “contribuciones a los municipios” y otros $44 millones que quedaron bajo OGP para iniciativas relacionadas a la Reforma de Servicios Municipales.

De igual manera, tampoco entraron al presupuesto los $5,259,640 correspondientes al aumento a la paga de los fiscales a pesar de que la JCF se ha reunido con representantes de este sector laboral.

“Es algo que hemos trabajado y apoyamos por ser parte de la responsabilidad fiscal. No es solamente ver el impacto inmediato que tiene una medida, sino que cuando es un gasto recurrente hay que proyectarlo a futuro para ser responsables, no solo con el presupuesto que tenemos ahora, si con los de años subsiguientes”, opinó el director de OGP.

Fuente: El Vocero