Después de presentar una propuesta de presupuesto la semana pasada, ahora la administración de Pedro Pierluisi Urrutia revisa el último plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF) con nuevas proyecciones macroeconómicas y conforme a los proyectos prioritarios, que asegura encauzarán la maltrecha economía del País.

Tiene dos semanas para entregar a la JCF ese plan enmendado.

Ayer, el Mandatario sostuvo la primera reunión con su equipo de asuntos fiscales y de desarrollo económico para repasar los proyectos prioritarios de su gobierno y que anticipó en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista titulado “Puerto Rico Promete”.

“La misión de este equipo es ejecutar los proyectos críticos que se han identificado, los proyectos económicos más importantes que básicamente encaminan la estrategia de infraestructura en Puerto Rico”, apuntó la secretaria de la gobernación Noelia García Bardales en rueda de prensa luego de acabar el cónclave.

“Todos vamos a estar en la misma página para que estos proyectos sean encaminados y comience su ejecución en estos cuatro años. Puerto Rico va a dar cátedra de ejecución de mejoras de infraestructura y Puerto Rico va a ser otro Puerto Rico una vez esto comience”, agregó.

Esta lista de proyecto incluye la rehabilitación de los cascos urbanos, establecer la infraestructura para la banda ancha 5G, retomar el proyecto de desarrollo de la antigua Base Roosevelt Roads en Ceiba (donde ya se ha establecido un centro de llamadas y hay un hotel en proceso), construir un nuevo Hospital de Trauma en Centro Médico, realizar mejoras al Hospital de Trauma en Mayagüez, trabajar en las extensiones de la PR-10, PR-5 y PR-22, reencaminar el desarrollo del Puerto las Américas en Ponce, continuar con el desarrollo de Bahía Urbana y el Distrito de Convenciones en San Juan, convertir al aeropuerto de Aguadilla en un ‘air hub’ e impulsar medidas de desarrollo económico en Vieques y Culebra.

“El Gobernador ya ha sido enfático de que se tiene que enmendar el plan fiscal para asegurar más allá de actualizar las proyecciones macroeconómicas asegurar que él pueda tener un gobierno funcional. Eso nos conviene a todos, incluso a nuestros acreedores al otro lado de la mesa. Ellos también requieren un gobierno funcional, que pueda ejecutar reformas estructurales y las medidas que se encuentran en el plan fiscal y honrar las obligaciones con las cuales nos comprometamos”, afirmó Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

No ofreció detalles específicos del plan fiscal, que todavía se encuentra en la etapa de elaboración y que todavía no ha sido presentando a Pierluisi Urrutia.

“El 20 de febrero presentaremos un plan fiscal con proyecciones macroeconómicas revisadas… no te puedo dar más detalles más allá de decir que estamos priorizando las iniciativas del Gobernador”, respondió a preguntas de la prensa desde los jardines de La Fortaleza donde se realizan las conferencias de prensa como medida preventiva para evitar el contagio con el Covid-19.

Marrero Díaz también indicó que el equipo fiscal que trabaja en el plan fiscal evaluará una propuesta de los alcaldes y de varios legisladores del Partido Popular Democrático, que transferiría $922 millones a las arcas de los ayuntamientos a través de la delegación de responsabilidades de agencias estatales que han probado ofrecer servicios ineficientes a la ciudadanía, entre otras medidas.

“Aunque es un ejercicio del Ejecutivo porque Promesa le impone la obligación al Gobernador, si nosotros vamos a escuchar cualquier propuesta que puedan presentar los compañeros de la Legislatura e incluso yo me reuní con el presidente de la Cámara antes de que hicieran la conferencia de prensa y me había mencionado las distintas alternativas”, apuntó.

El borrador de presupuesto de Pierluisi Urrutia contempla una partida de $44 millones para los municipios y $5 millones para garantizar la operación de un centro de diagnóstico y tratamiento en cada uno de los 78 ayuntamientos. Además, Marrero Díaz mencionó ayer que el presupuesto actual cuenta con unos $22 millones para identificar servicios que se puedan consolidar en consorcios o transferir a los municipios.

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Marrero Díaz reconoció que la mayoría de los proyectos se subvencionarán con fondos federales asignados a la Isla para el proceso de reconstrucción después de la embestida del huracán María en el 2017, pero planteó que se trataba de una estrategia gubernamental que procurará entonces utilizar los fondos estatales para proyectos puntuales como la propuesta de banda ancha, que recibió una asignación de $400 millones.

Inyección de fondos por una década

“Si miras el plan fiscal, no es otra cosa que la hoja de ruta para los próximos 10, 20 y 30 años. Así que ese plan fiscal se incluye sobre $80,000 millones de fondos federales, estatales y privados de los seguros, que serán destinados a la reconstrucción de Puerto Rico. Ese plan fiscal, el último que fue certificado en mayo pasado, estima que estaremos recibiendo fondos federales hasta el 2032”, explicó..

“Eso es importante porque sí en gran medida la gran obra de infraestructura en Puerto Rico se hará con fondos federales y eso no es nada malo. Al contrario, tenemos la bendición que a pesar de haber sufrido por décadas de proyecciones, y que todavía tenemos que atenderlas a través de reformas estructurales incluidas en el plan fiscal y que previo a María estábamos en ruta puramente negativa, gracias a los fondos federales de reconstrucción hemos podido mitigar ya sea en el área de emergencia y ahora a nivel de reconstrucción”, agregó.

Notó que el caso de Puerto Rico no es único sino que estados como Florida, Texas y Lousiana han logrado recuperarse luego de devastadores huracanes con el apoyo de los fondos federales de reconstrucción.

Pero no solo se trata de fondos de reconstrucción. Durante la pandemia del Covid-19, la Isla recibió el año pasado sobre $10,000 millones en ayudas para mitigar el impacto de la crisis salubrista.

Ante la lentitud en el desembolso de fondos federales, el director ejecutivo de la Oficina de Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3), Manuel Laboy Rivera, apuntó que hasta ahora el Gobierno asignó $23,000 millones para cerca de 6,000 proyectos de construcción, que comenzarán a construirse a través de toda la Isla ese año como puentes, carreteras municipales e iniciativas de recreación.

“Ya hay $23,000 millones obligados para la recuperación del desastre de María, puede que el 10% sea proyectos de emergencia o sea que el 90% es obra permanente como la Autoridad de Energía Eléctrica con $10,000 millones, $2.2 billones para el Departamento de Educación y $4.3 billones para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”, precisó.

Al reconocer los retos de acceder a los fondos federales, Laboy Rivera apuntó que a partir de marzo el Gobierno adoptará políticas administrativas para agilizar ese acceso a través del fondo rotativo estatal, el fondo de pareo y el trámite de adelantos, desembolsos y reembolsos. Los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), por ejemplo, exigen un pareo de fondos del gobierno estatal o municipal.

“Sobre la proyección (de dinero utilizado este año) no la tengo ahora mismo, estamos trabajándola. Esperamos para el mes que viene proveer al Gobernador y al Concilio de Reconstrucción una proyección preliminar de cómo esos proyectos obligados van a irse desempeñando y cómo se van traduciendo en obras de construcción”, respondió a preguntas de la prensa.

El reto de la mano de obra

Con esa inyección de dinero, llega también el reto de la mano de obra. El Gobierno calculó que en la próxima década se crearán en la Isla unos 100,000 empleos en el sector de la construcción.

“No podemos perder de perspectiva el impacto que van a tener los fondos de recuperación en los próximos años. Eso es una realidad, aunque sea una sola vez pero van a durar años. Estamos hablando de por lo menos 10 años como mínimo. Cuando estás añadiendo a la economía en 10 años, lo que debería estar obligándose finalmente que son sobre $60,000 millones, son por lo menos $6 billones todos los años que están entrando a la economía con los fondos de recuperación”, subrayó Laboy Rivera.

Señaló que el salario actual de un obrero de la construcción ronda entre los $10 a $12.

“Pero como está el mercado ahora los propios patronos están aumentando la oferta de trabajo, los sueldos, los beneficios. Así que a mí me parece que a corto plazo, en lo que el resto de las cosas se siguen elaborando el sector de la construcción va a ser sector crítico y un empleador grandísimo con buenos salarios y beneficios que va a ayudar en la línea que tiene que ver con mejor el empleo y la calidad de vida en Puerto Rico”, agregó a preguntas de NotiCel sobre si la falta de mano de obra respondía a la falta de un salario atractivo y justo.

El designado secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre Miranda, aceptó los retos de convertir esa inyección de dinero en desarrollo económico y riqueza permanente para el País.

“Miro esto como una meta aspiracional. Para mí los fondos federales en este momento es el ‘seed money’ (dinero semilla). El reto de nosotros como equipo es que esta inversión de fondos federales no sea una actividad económica. La actividad económica tiene caducidad pero la riqueza de país no la tiene y a eso es que debemos dirigirnos, aprovechando este dinero nosotros podemos construir proyectos sustentables que más allá de crear un boom económico a corto plazo de mantenga como parte de desarrollo capaz de atraer riqueza de afuera, inversión y que el desarrollo en Puerto Rico sea sustentable y no uno a corto plazo”, afirmó.

Indicó también que evalúa diversos escenarios para atender la demanda de mano de obra y, en este momento, se inclina a promover un modelo que permita a las personas insertarse en el mercado laboral sin perder las ayudas económicas que reciben en medio de la pandemia, que ha afectado la economía global.

Los diversos incentivos económicos ofrecidos por el gobierno federal para paliar la pandemia han provocado que muchas personas se resistan a aceptar ofertas de empleo que apenas pagan el salario mínimo federal, que no cubre sus necesidades básicas.

“Nos hemos reunido con el secretario del Trabajo para ver si podemos incentivar de alguna forma que la gente regrese al trabajo”, señaló.

Cidre Miranda reconoció la necesidad de aumentar los salarios en la Isla, pero dijo que el costo de vida y de hacer negocios en la Isla impedía adoptar ese tipo de medida ahora.

“Si $20 resolviera el problema de eliminar la pobreza y la desigualdad yo voto por eso, pero si nosotros no mantenemos los costos de vivir en Puerto Rico en el nivel que tienen que llegar, a $50 la hora no salimos de la pobreza y me parece que eso es algo importante dentro del análisis. Que si usted me dice a mí si nosotros estamos a favor de que se suba el salario en Puerto Rico, pues seguro que sí”, respondió a preguntas de este medio.

“Como le digo con la misma fuerza que se reduzcan los costos de vivir en Puerto Rico para que ese empleado como usted dice pueda ahorrar, pueda comprarse un carro y mantener a sus hijos en la escuela para que no sea un dependiente del sistema social. Pero mientras tanto podemos usar los sistemas sociales como ese ‘seed money’ para que ese empleado entienda que trabajando y produciendo se gana más que dependiendo”, abundó.

Fuente: NotiCel

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