Luego de que la Junta de Control Fiscal amenazó al gobierno con recurrir al tribunal para solicitar la anulación de la Ley 52 de Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico, el gobierno entiende que no es necesaria la controversia legal y advirtió que continuarán con la implementación.

Esta ley dispone la sustitución del arbitrio a las denominadas empresas foráneas por una contribución sobre ingresos.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) señaló en declaraciones escritas a EL VOCERO que la junta fiscal reconoció la gestión del gobierno para atender sus señalamientos, “por lo que no se prevé necesidad de radicar ningún pleito ante el tribunal”.

“Por tal razón, el Gobierno continuará con la implementación de la Ley 52”, comunicó la dependencia, dirigida por el secretario de Estado, Omar Marrero.

En la misiva —con fecha del 6 de septiembre— el presidente de la junta fiscal, David Skeel, le indicó al gobernador Pedro Pierluisi que los costos y beneficios de la Ley 52 son inciertos y solicitó al Ejecutivo crear reservas para mitigar los riesgos que podría causar la implementación de la ley.

Skeel expuso que le preocupa el impacto que tendría la imposición de un mínimo de 15% a la tasa de impuestos a nivel internacional, independientemente de la participación de Estados Unidos en el proceso.

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, catalogó que ir a los tribunales como advierte la junta fiscal es una medida a destiempo, porque algunos de los reclamos dependen de las acciones del Tesoro federal.

“Se legisló a nivel federal de manera expedita una alternativa mínima del 15% para algunas entidades. Nadie que no sea el Tesoro federal conoce a ciencia cierta el alcance y cómo se va a implementar esta legislación. Tenemos que dar el espacio al Tesoro federal para que haga las interpretaciones necesarias. Una vez esto ocurra entonces podemos, a nivel local, determinar si, en efecto, se activan las disposiciones del 15% incluidas en la ley 52”, explicó el titular de Hacienda.

En cuanto al reclamo de que haya una reserva, Parés Alicea sostuvo que la junta tardó dos meses en establecer este requisito que, a su juicio, quedó implícitamente dispuesto al momento de aprobarse la legislación.

“De la única manera en que se puede utilizar el ‘cash’ (efectivo) que hay en la cuenta del secretario (de Hacienda) es mediante la autorización de la asamblea legislativa y ahora de la junta fiscal, quien tiene una injerencia en el proceso presupuestario del País. El departamento no puede utilizar fondos si no hay una resolución conjunta o un mandato legislativo para poder hacerlo; por consiguiente, cuando se legisla ya está reservando implícitamente cualquier efectivo que no está autorizado por la resolución conjunta a utilizarse”, expuso el secretario, quien subrayó que “si se quieren garantizar $250 millones no hay problema y el gobernador ya lo dijo”.

En la comunicación del 26 de agosto, Pierluisi le indicó a Skeel que entiende que la reserva resulta innecesaria y que el monto y los plazos propuestos son excesivos y arbitrarios.

“De hecho, en su carta, la junta estima que el impacto de la Ley 52 en los ingresos del Gobierno será una reducción neta de $143 millones, pero solicita de manera desproporcionada y arbitraria que el monto de la Reserva sea de $250 millones”, expresó Pierluisi.

Apremia la implementación

El titular de Hacienda acentuó la necesidad de implementar la Ley 52 con premura.

“A mi juicio, el tiempo apremia para ya enmendar los decretos y darle la certeza a estas compañías”, indicó Parés Alicea.

La Ley 52 de Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico recoge los acuerdos entre los técnicos del Departamento de Hacienda y el Tesoro Federal sobre asuntos contributivos, y abarca otros asuntos como el andamiaje contributivo para las personas que trabajan de manera remota para patronos que no están en la Isla.

“Otros aspectos importantes de la ley es que simplifica el proceso de refrendo de los espectáculos públicos, elimina el pago quincenal del IVU (Impuesto de Ventas y Uso), crea la Unidad de Grandes Contribuyentes y crea un mecanismo para brindar visibilidad al Departamento de los decretos contributivos desde que se emiten hasta se reclamen en una planilla”, enumeró Parés Alicea.

Por su parte, el economista Heriberto Martínez, quien es director de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, denunció que la amenaza del presidente de la junta fiscal solo abona a la incertidumbre.

Puntualizó que afecta al gobierno, porque ya se inició el proceso de negociación con las compañías que se beneficiarían de esta legislación que establece el marco tributario de las empresas foráneas.

“En el caso de que esta ley fuera declarada nula por parte de un tribunal, habría que ver si esto afecta entonces de manera retroactiva los decretos de las empresas que voluntariamente se negociaron con el gobierno de Puerto Rico por parte de las compañías”, subrayó Martínez.

El economista se refirió a que la Ley 52 sustituye la Ley 154, por medio de la cual el gobierno generó entre $1,600 millones a $1,800 millones anuales por los últimos 10 años.

“La junta no dice que el 4% de las empresas que podían acreditar a nivel federal bajo la Ley 154 ya no lo van a poder reclamar a partir de enero del 2023. Por lo tanto, si derogas la Ley 52, implicaría que los decretos establecidos bajo esto también serían nulos, lo que tendría un impacto negativo en los recaudos y la actividad económica en Puerto Rico”, explicó.

Martínez añadió que la Ley 52 está basada en cálculos del Departamento de Hacienda y la comisión de la Cámara que dirige, junto a datos obtenidos de reuniones con el sector industrial para contrastar los números.

“Entendíamos que con lo que se había trabajado —que se aprobó en ambos cuerpos legislativos y tuvo apoyo del gobernador— cubría los ingresos que la junta fiscal reclamó que debían llegar a las arcas del gobierno. Entiéndase $1,200 millones”, acotó.

Fuente: El Vocero

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