A seis años del paso del huracán María, en septiembre de 2017, la reconstrucción de Puerto Rico seguía un ritmo ligeramente superior al que exhibía Luisiana en el mismo período posterior al huracán Katrina, que azotó a ese estado en agosto de 2005, según una comparación preparada por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) a la luz de una serie de indicadores básicos.

El director ejecutivo de COR3, Manuel Laboy –quien está en Washington D. C. como parte de la convención semestral de la Asociación Nacional de Manejadores de Emergencias (NEMA, en inglés)–, insistió en que las cifras evidencian que, pese a las críticas que ha recibido la reconstrucción del país a lo largo de tres administraciones gubernamentales y los obstáculos que se impusieron al flujo de fondos bajo la presidencia de Donald Trump, los proyectos han mantenido un progreso adecuado ante la magnitud del desastre.

“Los números, ciertamente, son positivos para Puerto Rico y demuestran lo que hemos hablado, que estamos en un buen ritmo, que estamos encaminados, no solamente en obligaciones (de dinero autorizado por el gobierno federal para proyectos particulares), sino en ejecuciones y desembolsos”, afirmó Laboy.

La comparativa elaborada por COR3 se limita a los proyectos y asignaciones manejados bajo el programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que se subdividen en las categorías de emergencia –para responder directamente al desastre– y de obra permanente, donde se incluye el grueso de los fondos disponibles.

El análisis, por lo tanto, excluye otras categorías de fondos otorgados por FEMA, como la asistencia individual, así como el progreso bajo otros programas del gobierno federal, incluyendo las Subvenciones de Bloque para Desarrollo Comunitario tras Desastres, que provienen del Departamento de la Vivienda y que, en el contexto de María, totalizan $20,000 millones.

Reconstrucción tras desastres

De acuerdo con los datos provistos por Laboy, el renglón en el que Puerto Rico exhibe una mayor distancia respecto a la respuesta de Luisiana abarca los proyectos aprobados (“Project Worksheets” o PW) por FEMA, donde las obras relacionadas con el huracán María ascienden a 10,855, versus 5,727 que recibieron el visto bueno en los primeros seis años después de Katrina.

“En Puerto Rico, se han agrupado cerca de 24,000 facilidades (que serían reparadas) en esos 10,855 grupos de proyectos. Cómo FEMA incluye facilidades por cada PW, varía según el desastre y el estado o territorio. Nosotros nos enfocamos en los PW porque es la métrica oficial de FEMA”, explicó. “Sin un PW obligado, no hay trabajo que se pueda realizar en la mayoría de los casos y, por ende, no hay desembolsos”, subrayó.

Aunque en Puerto Rico, en promedio, los PW aprobados contemplan trabajos en dos instalaciones, Laboy no pudo precisar el dato correspondiente a Luisiana, un estado de 4.6 millones de habitantes, en contraste con los 3.2 millones del archipiélago.

En las otras dos facetas analizadas –los desembolsos de FEMA y la proporción de proyectos completados–, Puerto Rico y Luisiana registraron cifras similares. A seis años de María –es decir, a septiembre de 2023–, en Puerto Rico se había logrado completar el 52% de los proyectos, en comparación con el 50% de Luisiana, si bien, al momento de esta publicación, COR3 no había proporcionado los datos crudos que redundaban en los respectivos porcentajes.

Asimismo, FEMA había desembolsado $6,714 millones para trabajos de asistencia pública, mientras que, al mismo punto en la recuperación de Katrina, ascendían a $6,610 millones.

COR3 aclaró que los cálculos de desembolsos ofrecidos no estaban ajustados por inflación. Según la calculadora de inflación en el portal del Departamento del Trabajo federal, los $6,610 millones que se habían desembolsado para agosto de 2011 –cuando se cumplieron seis años del huracán Katrina– eran equivalentes a $8,980 millones en septiembre de 2023, en el sexto aniversario de María.

Una comparación pertinente

Aunque reconoció las diferencias entre las repercusiones de cada uno de los ciclones, Laboy destacó la pertinencia del análisis al tratarse de dos de los pocos huracanes cuyo impacto sobre territorio estadounidense ha excedido los $100 millones. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Katrina fue el ciclón más destructivo en la historia, con un costo ajustado de $196,000 millones, mientras que María figura cuarto en el listado, con un impacto calculado en $112,000 millones.

Entre las diferencias, Laboy mencionó la naturaleza de los daños sobre la infraestructura, que en Katrina estuvieron asociados, en gran medida, a las inundaciones y su efecto sobre las viviendas, al tiempo que, en Puerto Rico, los vientos de María destrozaron la red eléctrica.

Salvando esas disparidades, las reconstrucciones tras los ciclones “tienen muchas similitudes en términos de cómo FEMA implementa los distintos procesos para, primero, la respuesta, manejar la emergencia y estabilizarla y, luego, moverse hacia la recuperación a largo plazo. En términos de dinero, proyectos, alcance y la devastación y tipo de desastre natural, hace que sea la mejor comparación María con Katrina”, expresó.

Laboy precisó que el ejercicio comparativo fue posible gracias a datos compartidos por funcionarios de Luisiana con quienes coincidió esta semana en la convención de la NEMA, y a los antecedentes ofrecidos por consultores privados que han trabajado tanto con Puerto Rico como en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Retos persistentes

Los datos de COR3 actualizados hasta este miércoles en su portal de transparencia precisan que FEMA ha obligado $32,485 millones bajo el programa de Asistencia Pública asociados a daños del huracán María, de los cuales se han desembolsado $8,183 millones, o un 25%.

Según Laboy, a pesar de las críticas que recibió el gobierno federal por su respuesta a Katrina, las normativas de acceso a los fondos de recuperación –con las que Puerto Rico ha tenido que lidiar– se han tornado más estrictas desde entonces.

“Bajo Katrina, no existían los famosos 428 (sección bajo la cual se hacen asignaciones de fondos con un costo fijo), eso vino a suceder a partir de 2013″, comentó, al estipular que el “99%” de los fondos de obra permanente otorgados a Puerto Rico enfrentan esa restricción.

“Otra cosa que no existía era la limitación del reembolso. La reglamentación automáticamente permitía a Luisiana que, una vez se le obligara (el dinero), se le desembolsara el 50% de todo. Nosotros no teníamos eso en 2017 y no fue hasta 2022 que negociamos el ‘Working Capital (Advance)’ y los hacemos (recibimos los adelantos) en etapas de 25%”, acentuó.

Insistentemente, el gobierno de Puerto Rico y alcaldes han aludido a obstáculos como la constante inflación, la falta de mano de obra y la escasez de contratistas para ejecutar las miles de obras pendientes, desafíos que Laboy reconoció que no cuentan con una solución concreta por el momento.

Asimismo, aceptó que, si bien es posible recortar burocracia en contextos puntuales, no prevé que FEMA adopte políticas más flexibles en términos generales, ante las complicaciones que supone la frecuencia cada vez más alta de desastres asociados al cambio climático, como huracanes y fuegos.

“Muchas de las estrategias requieren seguir conversando y analizando. La estrategia inflación tiene distintas vertientes, igual que la estrategia de mano de obra. En la parte de inflación, que es donde FEMA tiene, quizás, algo más de injerencia directa para sus proyectos, hemos podido repasar dónde estamos con una de las peticiones y los análisis que estamos haciendo. Ya el tema de mano de obra no es exclusivo de FEMA, sino del gobierno federal”, expresó Laboy.

Fuente: El Nuevo Día

‍