Washington – El gobierno de Puerto Rico denunciará mañana ante el Congreso que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) obstruye su política pública, incluso bajo la pandemia del coronavirus, y renovará su reclamo para que se enmiende la ley Promesa con el propósito de disminuir los poderes del ente fiscal.

Ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Omar Marrero,  director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), enumerará varias ocasiones en las que consideran que la JSF ha interferido con las operaciones del día a día del gobierno.

La audiencia del Comité de Recursos Naturales fue convocada para conocer como la pandemia del coronavirus ha impactado la crisis fiscal de la Isla, pero Marrero aprovechará su testimonio para reclamar cambios a la ley, en momentos en que la mayoría demócrata del Comité de Recursos Naturales quiere reformar Promesa, para proteger servicios esenciales públicos, cancelar deuda y evitar conflictos de intereses, entre otras cosas.

“A pesar de nuestros mejores esfuerzos para minimizar los desacuerdos, el lenguaje y la estructura de Promesa, tal como fue adoptada por el Congreso, permite a la Junta difuminar la delimitación del poder entre el Gobierno y la Junta. Porque los roles respectivos del gobierno y la JSF a menudo se superponen, la falta de claridad en el estatuto crea demasiadas oportunidades para perder el tiempo compitiendo por el poder en lugar de crear e implementar soluciones para el pueblo de Puerto Rico”, indica la ponencia que presentó por escrito Marrero, la cual obtuvo por adelantado El Nuevo Día.

Entre las acciones que presenta como interferencias indebidas de la JSF con las operaciones del gobierno, Marrero destaca la contratación de cabilderos en Washington, los pasados esfuerzos por controlar funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el bloquear asignaciones especiales a los municipios y desfinanciar la operación de la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico (WIPR) como parte del nuevo plan fiscal certificado el 27 de mayo.

También alude al reclamo que hiciera esta semana la JSF para que el gobierno de Puerto Rico entregue todos los documentos sobre los contratos con las empresas Apex General Contractors y 313 LLC para comprar pruebas de COVID-19 y otros suministros médicos.

Cuando ha ido a los tribunales a cuestionar el poder de la JSF, el gobierno de Puerto Rico ha perdido.

Marrero, quien representa a la gobernadora Wanda Vázquez Garced ante la JSF, dijo que ya le habían entregado a la Junta 1,000 páginas de documentos, pero el ente fiscal sostiene que “falta alguna información”.

A nombre de la gobernadora Vázquez Garced, Marrero pedirá que cualquier revisión de la ley Promesa clarifique los roles del gobierno y la JSF. “El gobierno de Puerto Rico debe ser responsable de establecer la política pública, operar el gobierno e implementar soluciones”, agrega en su ponencia.

Otra enmienda que propone persigue quitarle a la JSF la representación del gobierno de Puerto Rico en el procedimiento de bancarrota. El plan fiscal, además, debería  solo poder abarcar un año presupuestario, advertirá Marrero.

El representante de la Gobernadora, sin embargo, también dirá que cuando ha habido colaboración, las cosas han funcionado entre el gobierno y la JSF.

Menciona, en ese sentido, la aprobación del plan de estímulo económico del gobierno puertorriqueño que ha asignado $787 millones para mitigar la pandemia del coronavirus, que hasta el martes había causado 142 muertes en Puerto Rico, y cómo utilizar los $2,241 millones aprobados por el Congreso para ayudar a estabilizar las finanzas gubernamentales de la isla.

La audiencia pública de mañana – que comenzará a las 3:30 p.m.-, será la primera en la historia del comité en pleno que se llevará a cabo por la vía remota, debido a la emergencia del coronavirus.

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