Con un crecimiento económico negativo en el año fiscal 2023 de -1.5 y pronósticos de que la inflación seguirá en alzada, el Plan Fiscal que el gobierno de Puerto Rico presentó a la Junta de Control Fiscal (JCF) propone entre varias iniciativas un salvavidas de $150 millones para los municipios.

El Plan Fiscal es el primero que el gobierno presenta desde que Puerto Rico culminó el proceso de quiebra y actualiza las proyecciones de recaudos y gastos, tomando en cuenta las perspectivas macroeconómicas de Estados Unidos y cómo afectarían la economía de la Isla, el impacto de la inflación, y la aprobación millonaria en fondos de Medicaid para Puerto Rico por los próximos cinco años.

“Es importante destacar que el plan incluye varias iniciativas, incluyendo algunas que hemos tratado de presentar en el pasado, pero no habíamos sido exitosos. Entendemos que ahora, siendo este el primer plan fiscal que se trabaja —luego de la aprobación del Plan de ajuste y luego de concretar el pago de la deuda— es el momento de reinvertir en el gobierno, particularmente en la capacidad de ejecución para lograr la reconstrucción, las reformas estructurales y otras medidas de eficiencia”, destacó el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz, en entrevista con EL VOCERO.

Describió el Plan Fiscal como un “documento aspiracional” en el que quedó fuera toda propuesta para la implementación de iniciativas.

El funcionario explicó que con esta decisión responden a la experiencia vivida en los pasados años con el ente fiscal, que ha impugnado numerosas leyes en los tribunales.

“Todos los asuntos operacionales de implementación y ejecución en que habíamos tenido discrepancias con la Junta —en cuanto a la fecha y cuando se iban a implementar— es un asunto que debemos trabajar de una manera más operacional”, indicó Marrero Díaz.

Auxilio a los municipios

Entre las principales propuestas que contempla el Plan Fiscal está la creación del Fondo de Servicios Esenciales Municipales, para mitigar la eliminación del Fondo de Equiparación.

“Lo que estamos presentando es básicamente una asignación de $150 millones que provendrían del sobrante del gobierno central. No va a ser la totalidad del Fondo de Equiparación, pero es una cantidad significativa para mitigar el impacto de su eliminación”, abundó el también secretario del Departamento de Estado.

De ser aprobado, la distribución de este fondo estaría a cargo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) basado en un índice que toma en cuenta la vulnerabilidad social de la población de cada pueblo y la capacidad de los ayuntamientos para recaudar ingresos.

Marrero Díaz agregó que los pueblos que tendrían mayores asignaciones son los que ubican en la Cordillera Central y algunos de la costa, como Loíza y Maunabo.

“Es algo distinto a como lo presentamos en el pasado. Realizamos un estudio económico y estamos proponiendo un método de distribución científico”, indicó.

Sin embargo, aunque el fondo incluye “servicios esenciales”, se informó que el Ejecutivo no ha definido cuales son estos trabajos como parte de una estrategia de gobierno.

“No hemos querido y no vamos a entrar en algo que no nos conviene. Lo único que le conviene definir esto es a los acreedores, porque así pueden forzar al gobierno a que se corten ciertos servicios”, expuso Marrero Díaz.

Definió los municipios como “instrumentalidades externas del gobierno central” que permiten impulsar la descentralización de los servicios públicos.

“Cuando miramos a los municipios, estos brindan servicios de seguridad, recogido de desperdicios sólidos y brindan asistencia directa al ciudadano, como transportación a citas médicas, escuelas y coordinación de servicios”, detalló.

Sobre la aprobación del fondo para los municipios, Marrero Díaz se expresó optimista en que la junta fiscal evaluará esta propuesta desde una nueva perspectiva.

Se refirió a que el nuevo director ejecutivo de la junta, Robert F. Mujica, viene de Nueva York, en donde los gobiernos locales tienen un rol importante en el sistema de gobernanza.

Tasa contributiva para médicos

Otra medida que tendrá un segundo turno al bate es la que establecería una tasa contributiva preferencial de 4% para la clase médica del País, con la cual el gobierno se propone frenar el éxodo de estos profesionales.

“Estamos incluyendo una partida para esta iniciativa, para evitar que una vez podamos lograr un acuerdo de una legislación, esta no sea atacada por el mero hecho de que no es consistente con el Plan Fiscal”, explicó Marrero Díaz, quien entiende que esta tasa contributiva no tendrá impacto significativo en el presupuesto de Puerto Rico.

Los requisitos para este programa serán discutidos con el Departamento de Salud, adelantó Marrero Díaz, quien aseguró que el plan fiscal también contempla un Programa de Condonación de Préstamos para estudiantes de medicina, como parte de los esfuerzos para retener en la Isla a los profesionales de la salud.

También se incluyó un renglón contributivo para aumentar de $36 millones a $100 millones los créditos contributivos para la industria de cine, y un descuento de alrededor de 30% al pago del marbete para los conductores “responsables y seguros”.

Aunque Marrero Díaz describió la propuesta como un “plan de recaudos, gastos y políticas públicas para fortalecer la economía de Puerto Rico”, el documento proyecta un crecimiento económico negativo para el año fiscal 2023 —de -1.5— y también un alza en la inflación.

“No podemos controlar la inflación, pero sí podemos controlar su efecto, así que para eso es el proyecto que anunció el gobernador y el secretario de Hacienda semanas atrás para reajustar los ingresos sujetos a las tasas contributivas. La inflación en Puerto Rico es importada, pero no nos pone en terreno de déficit”, subrayó.

Bajo evaluación de la Junta

La junta fiscal confirmó que recibió el Plan Fiscal propuesto por Aafaf y que el mismo estará bajo evaluación, sin embargo, el documento no será discutido hoy durante la primera reunión pública del ente federal del 2023.

Marrero Díaz anticipó que la JCF presentará varios comentarios sobre el contenido del plan y que estos se incluirán de cara a la aprobación del mismo, que estimó ocurra para el 16 de febrero.

Fuente: El Vocero

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