El gobierno de Puerto Rico presentó ante la jueza Laura Taylor Swain una “objeción limitada” sobre varios aspectos de la cuarta versión enmendada del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Entre los señalamientos figura el hecho de que la orden de confirmación propuesta en el documento establece que será el tribunal el que retendrá la jurisdicción sobre el establecimiento, implementación y aplicación del “cargo heredado” que se pretender agregar a la tarifa del servicio eléctrico para el pago a bonistas, lo que es “incompatible”, a su juicio, con la legislación local que establece que es el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) el que tiene “jurisdicción primaria y exclusiva” sobre la aprobación de tarifas y cargos.

“Algo que hemos sostenido consistentemente y se incluyó en la objeción limitada es el hecho de que es el Negociado de Energía quien tiene la última palabra en cuanto a qué tarifa se debe establecer para generar los ingresos necesarios para pagar la deuda reestructurada. Al final del día, la ley de Puerto Rico así lo establece y Promesa (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) señala que para que un plan sea confirmable tiene que cumplir con las leyes locales”, comentó el director el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz.

El funcionario recalcó que, aunque será la jueza Swain quien determine – de confirmar el PAD- la cantidad de la deuda de la AEE que se tendrá que pagar y los ingresos que, en teoría, se necesitan para sufragar la deuda reestructurada, el NEPR tendrá la potestad de “determinar cómo es la mejor manera de generar esos ingresos de una manera económicamente neutral”.

“Se trata de un proceso legal que hay que seguir. La jueza confirmará el plan y establecerá cuanto es la deuda, pero luego el negociado es quien tiene que establecer, a través de su proceso regulatorio de revisión tarifario, cuanto es la tarifa que finalmente tiene que establecerse, no solamente para cubrir los gastos operacionales de la utilidad, pero también para pagar la deuda reestructurada”, agregó el también secretario del Departamento de Estado.

De manera similar, el gobierno también objetó en su moción el que la junta fiscal adelantó que la implementación de PAD de la AEE dejaría sin efecto ciertas leyes o partes de ellas que estarían incluidas en un el “Exhibit A” que, al momento, no ha sido presentado, por lo que se desconoce cuáles son los fundamentos para dicha aseveración.

“Provisiones vagas o amplias para dejar sin efecto leyes podría llevar a consecuencias inesperadas en el futuro a medida que el gobierno intente navegar lo que quede de legislación válida. Especificidad y claridad en la orden de confirmación son necesarias para evitar confusión y litigios a futuro”, reza la objeción.

De igual manera, el gobierno local reclamó que la junta fiscal incluyó restricciones que catalogó como “injustas” que restringen la creación de legislación, regulaciones o política pública a futuro. Específicamente, el párrafo 25 de la orden de confirmación propuesta en el PAD plantea que no sería permitida cualquier medida que sea inconsciente con el acuerdo a confirmar o cualquier plan fiscal de la AEE que sea certificado por la JCF.

“Esto no explica el motivo por el cual la junta fiscal no puede retar cualquier legislación a futuro bajo el Título II de Promesa de entender que la nueva ley perjudicaría o impediría el propósito de Promesa”, refutó el gobierno al destacar que la legislación federal establece que todo estatuto legal propuesto por el gobierno local debe ser revisado por la JCF dentro de un periodo de siete días antes de que entre en vigor.

Postura en contra de bonistas

Por otro lado, Marrero Díaz recalcó que el gobierno, a través de Aafaf, presentó su postura en cuanto a los reclamos de grupos de bonistas que han planteado a la corte la necesidad de aumentar el cargo heredado incluido en la versión más reciente del PAD.

“No podemos ceder a las pretensiones y a los argumentos de los bonistas que todavía insisten en una mayor recuperación de lo que se está contemplando y todavía insisten en que la economía de Puerto Rico puede aguantar incluso unas tarifas más altas”, reclamó el director ejecutivo.

Insistió en que la postura del gobierno es que la reestructuración de la deuda de la AEE no puede afectar la recuperación económica. “Objetamos la insistencia de los acreedores de una mayor recuperación y obviamente hacemos un llamado a la sabiduría de la juez Laura Taylor Swain a que entienda que, aunque hay una recuperación que los indicadores económicos validan, la realidad es que no podemos descarrilar esta recuperación. Eso sería fatal y en detrimento para la economía de Puerto Rico”, sostuvo.

Fuente: El Vocero

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