El Departamento de Hacienda abrirá un proceso de competencia para determinar en qué institución financiera se depositarán los sobre $6,000 millones en recaudos que ingresan a la cuenta principal del fisco puertorriqueño, reveló el titular de la agencia, Francisco Parés Alicea.

La solicitud de propuestas saldrá el mes entrante, cuando Hacienda también debe divulgar el Estado Financiero Consolidado Auditado correspondiente al año fiscal 2021 (CAFR-2021), publicación que acortaría a un año, el atraso que mantiene el gobierno en lo que atañe a la presentación de su radiografía financiera ante los mercados de capital.

Parés Alicea conversó con El Nuevo Día, acerca del proceso de transformación de las operaciones financieras del gobierno, un ejercicio que, aseguró, ya se experimenta en la agencia que dirige, así como en otras instrumentalidades públicas como la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación.

Se trata de una transformación técnica y hasta engorrosa -reconoció el funcionario- que si bien aparece en los planes fiscales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) desde hace unos seis años, comenzó concretamente en el año fiscal 2022, y continuará -si no ocurren contratiempos- hasta el 2026.

Todavía incierto el fin de la JSF

Esa transformación, que de entrada costará a los contribuyentes al menos $200 millones, y posteriormente, por lo menos, otros $24 millones anuales de manera indefinida, es clave para que la JSF termine sus funciones en Puerto Rico.

“Esa conversación tiene que darse. Los resultados financieros (en cuanto a presupuesto) están y ya tenemos que ir pensando en la terminación de la (JSF)”, dijo Parés Alicea.

“En términos generales, para cumplir con la terminación (de la JSF) todavía queda un trecho en cuanto a las reglas de juego para que sean consistentes con la ley (Promesa). No nos podemos desviar de lo que dice la ley y también está la emisión de estados financieros”, dijo Parés Alicea cuando este diario preguntó si el plan de transformación financiera en curso y el cumplimiento de cuatro presupuestos balanceados sería suficiente para cumplir con Promesa.

El funcionario no precisó cuánto tiempo más tomaría a Puerto Rico cumplir con las condiciones para el fin de la JSF. Pero aseguró que se avanza, de manera decidida, en la implementación de nuevos sistemas tecnológicos y de procesos más eficientes que permitirán uniformar la administración financiera del gobierno como un todo.

“Con todo esto, vamos a tener mayor visibilidad de cualquier instrumentalidad y podremos fiscalizar mejor como custodio de los fondos públicos”, dijo Parés Alicea.

Aparte de cobrar impuestos, el mandato del Principal Oficial Financiero (CFO, en inglés) -que también recae en la figura del secretario de Hacienda- es asegurar y ver que el dinero para pagar los múltiples compromisos de una agencia -como el pago a suplidores por facturas certificadas o la nómina- salga de las cuentas creadas para ello, por las cantidades correctas y en el tiempo establecido y que todo ello, a su vez, se haga según los métodos de contabilidad aplicables y así queden registrados en los libros del gobierno.

Son tareas que podrían asemejarse a la forma en que un hogar o una empresa utiliza el dinero, sea para asegurarse de que no se paga demás por servicios o bienes no recibidos, o contar con el dinero para grandes inversiones o dónde y cómo ahorrarlos.

De la mano de Oracle y Deloitte

Pero cuando se trata de una estructura que agrupa un centenar de dependencias, donde cada día, se tramitan miles de facturas y órdenes de compra, entre otras transacciones, esa gestión supone implementar unas 220 publicaciones reglamentarias -que verán cambios a partir del año entrante- y darle orden a sobre 80 procesos que hacen posible desde los pagos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que reciben miles de familias en Puerto Rico hasta cargar la gasolina para que patrullas y camiones de bomberos lleguen a apagar un fuego.

El plan de transformación que impulsa Hacienda descansa concretamente en gestionar las finanzas del gobierno a través de Enterprise Resources Planning (ERP), la plataforma de Oracle, que según Parés Alicea permitirá automatizar miles de transacciones que ahora se llevan manualmente o en sistemas automatizados separados y obsoletos.

La plataforma debe estar instalada y en funciones para junio de 2024 y su implementación es resultado de sobre 8,000 indagaciones y de la modificación de procesos de preintervención de facturas, explicó Parés Alicea está a cargo del equipo que dirige en Hacienda y de Deloitte Advisory, el consultor que ha dado luz en torno a los cambios que deben hacerse.

“Creamos dentro de (Hacienda), la secretaria auxiliar de Finanzas Públicas que es la estructura que va a garantizar que cumplamos como esto. Son 190 empleados, que tienen a su cargo, la contabilidad de gobierno y el manejo del Tesoro”, dijo Parés Alicea.

Se busca un banco o varios

El segundo paso decisivo, según Parés Alicea, será identificar las instituciones financieras que mejor puedan custodiar los fondos públicos.

En el 2015, cuando el Banco Gubernamental Fomento (BGF) llegaba a su fin, el gobierno de Puerto Rico se vio precisado a transferir sus cuentas a bancos privados, una vez el Banco de la Reserva Federal determinó que no continuaría prestándole servicios de corresponsalía. Desde entonces, dijo Parés Alicea, el gobierno ha depositado miles de millones de dólares en instituciones como Banco Popular, Citi y otras entidades y ha generado beneficios por concepto de intereses.

Pero, a su vez, el gobierno también ha incurrido en millones de dólares en costos transaccionales financieros sin que haya mucha claridad acerca de lo que ha supuesto para el fisco.

Según los informes más recientes, hasta el pasado 3 de marzo, Hacienda custodiaba en su cuenta principal, conocida como TSA, en inglés, unos $6,572 millones.

A enero pasado, cuando se suma el balance de la cuenta TSA y el resto de las cuentas bancarias gubernamentales, los informes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) señalan que el gobierno mantenía unos $18,578 millones en instituciones bancarias.

Parés Alicea subrayó que el proceso de competencia solo aplicará a la cuenta TSA.

Agregó que a lo largo de este tiempo, la agencia ha procurado ir rotando los fondos de la cuenta TSA entre ciertas instituciones para conseguir mejores términos. Pero según el funcionario, el objetivo es poder identificar los mejores custodios del dinero público.

“Vamos a tomar varios factores en consideración. Hay que asegurar que estas entidades tengan una capacidad, un colateral para gestionar estos depósitos, tasas de interés que nos puedan ofrecer y los cargos bancarios”, dijo Parés Alicea.

A preguntas de El Nuevo Día, Parés Alicea reconoció que instituciones de gran alcance no establecidas en Puerto Rico podrían interesarse en gestionar la cuenta TSA, pero indicó que la agencia también considerará otros factores.

“También hay que tener en mente, que se considere el desarrollo económico que se puede generar con estos depósitos”, dijo Parés Alicea al señalar que en ese proceso, la ubicación geográfica de las instituciones que compitan también tendrá un peso en la ecuación.

Fuente: El Nuevo Día

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