A poco más de un año de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) alcanzara un segundo acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) con sus acreedores, los múltiples retrasos en su aprobación y la falta de implementación de la legislación necesaria, podrían obligar a que la corporación pública tenga que entrar por tercera ocasión a la mesa de negociación.

El análisis para la aprobación del acuerdo —que busca reducir el servicio de la deuda en $3,000 millones de los cerca de $9,000 millones adeudados— ha sido aplazado en nueve ocasiones por la jueza federal Laura Taylor Swain, de las cuales seis han sido a petición de la Junta de Control Fiscal. Esta cifra representa una reducción aproximada del 40% de la deuda.

Ante esta demora, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, aseguró que el RSA podría estar en riesgo de perder el apoyo de los acreedores. De esto ser así, representaría la segunda ocasión en que un RSA acordado para la AEE no progresa.

“La reestructuración de la AEE es la segunda más importante después de la del gobierno central y su revisión forma parte de la agenda para los primeros 100 días de gobierno. Hay que buscar la manera de garantizar la viabilidad operacional y financiera de la AEE y que los consumidores no salgan afectados”, afirmó Marrero.

Defiende estructura

Marrero expresó que ante el recrudecimiento de la crisis económica el acuerdo debe ser revisado, pero considera que cambiar su estructura sería perjudicial para los consumidores. Enfatizó que el repago acordado sería sufragado con un cargo de transición fijo y sujeto a un máximo predeterminado que no varía con la fluctuación en la venta de energía. El cargo podría superar los cuatro centavos a lo largo de 40 años.

Los bonistas de la corporación intercambiarían sus bonos existentes por dos nuevos tipos de bonos de titularización. Los bonistas de Serie A retendrán aproximadamente el 67.5% del valor de los bonos existentes, mientras que los bonistas de la Serie B estarán sujetos a “crecimiento”, por lo que estarán vinculados a la recuperación económica de la Isla.

El repago en ambas Series —A y B— sería contingente a la demanda de electricidad, pero si la demanda eléctrica fuera menor a la proyectada por la AEE, los bonos de Serie B no recibirían repago. Si la demanda es mayor a la proyectada, entonces podrían pagarse en su totalidad. No obstante, los de la Serie A —independientemente a los vaivenes en la demanda eléctrica— comoquiera tienen garantizado el repago del 67.5% de su valor.

“Las proyecciones macroeconómicas sobre las cuales se apoya el plan fiscal de la AEE se tienen que revisar. Si este acuerdo se fundamenta en ello, también hay que revisarlo. Ahora bien, para ser sincero, la estructura diseñada es positiva porque el riesgo de la demanda estaba al lado de los acreedores. Si la demanda bajaba, la tarifa no subiría”, agregó Marrero.

Aseguran que el acuerdo es perjudicial

Marrero entiende que “el acuerdo que se había alcanzado con los acreedores opera a favor de las comunidades más vulnerables porque vislumbra un cargo fijo, predecible y con un tope máximo”. Lo sostiene a pesar de que el Congreso estadounidense, economistas y organizaciones sin fines de lucro entienden que no es así.

Según el economista José Alameda, por virtud del acuerdo el gobierno perdería cerca de $30 millones en ingresos y a la larga las pérdidas serían cercanas a los $1,000 millones. Estimó que los clientes residenciales pagarían $986 más al año con los aumentos vislumbrados aun cuando la situación económica se ha visto significativamente afectada.

Por su parte, Lionel Orama, integrante del comité timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (Inesi), explicó que el aumento en el RSA solo sería para pagar la deuda, por lo que no mejora los servicios que brinda la AEE. “Si su familia está pagando $150 de luz, con ese impuesto del RSA empezaría a pagar un promedio de $182”, aseguró.

Atraso no afecta a LUMA

Aunque el contrato para la concesión del sistema eléctrico al consorcio Luma Energy está condicionado a la reestructuración de la corporación pública, Marrero explicó que no afectará el proceso de transición. La empresa fue escogida por la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP) para operar, administrar, mantener, reparar y restaurar la red eléctrica durante 15 años a un costo de $1,500 millones aproximados.

“Siempre se supo que hay cosas que están fuera de nuestro control y que los procesos litigiosos podrían descarrilar la concesión, por lo que se atendió en el contrato”, añadió el ejecutivo.

El contrato establece una transición estimada en 12 meses previo a que entre en vigor, pero el periodo establecido se puede extender si la AEE no logra completar la reestructuración de su deuda y salir del proceso de quiebra que atraviesa bajo el Título III de la ley federal Promesa

“Hay tres componentes en la transformación del sistema eléctrico que es la reestructuración, la transformación de operaciones y la disponibilidad de fondos federales. Logramos la concesión, pero la reestructuración se tiene que dar. No solamente porque es un requisito del contrato, sino también porque quieren hacer negocios con una entidad que no esté en bancarrota”, puntualizó Marrero.

Fuente: El Vocero

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