El aval de la Cámara de Representantes Federal al acuerdo que propone recortes presupuestarios para elevar el techo de la deuda, mermó las preocupaciones en cuanto al impacto que podría tener sobre la economía de Puerto Rico un impago del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, prevalece la incertidumbre respecto a la disponibilidad de fondos federales para proyectos sociales en la Isla.

Para el asesor financiero y CEO de Birling Capital, Francisco Rodríguez, es positivo que se haya llegado a un acuerdo bipartidista para elevar el tope de la deuda de los Estados Unidos y evitar de esa manera el impago que hubiera causado una “catástrofe financiera mundial”.

“La realidad es que el aumento en el tope de la deuda típicamente era una cosa procesal inconsecuente. Aumentaban el nivel de deuda y se seguía. No pasaba lo que pasa ahora que los republicanos lo utilizaron como una estrategia de negociación para reducir gastos y lograr otras cosas”, explicó Rodríguez.

Desde 1960, el Congreso ha aumentado, extendido o revisado el límite de la deuda en 78 ocasiones, de las cuales 49 fueron bajo presidentes republicanos y 29 bajo presidentes demócratas, según el Departamento del Tesoro. En cada uno de esos casos, el Congreso tomó medidas sobre el límite de la deuda antes de que la nación incumpliera.

No obstante, Rodríguez resaltó que está por verse qué impacto tendrá en los programas sociales de Puerto Rico.

El acuerdo expone que rescindirá alrededor de $28 mil millones en fondos de ayuda de covid no gastados. Reiniciaría los pagos de préstamos estudiantiles federales e impondría requisitos de trabajo para los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas para personas de hasta 55 años (el límite actual es 50), con excepciones para veteranos y personas sin hogar.

El economista Juan Lara, indicó que una de las consecuencias que podría tener para Puerto Rico es que se paralicen las posibilidades de cambiar el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP.

“Es lamentable porque hay una fuerte expectativa de que eso se iba a lograr este año y eso hubiera significado alrededor de $1,200 millones adicionales disponibles para el programa de alimento en Puerto Rico. Hubiera sido muy bueno, primero para la gente que se beneficia, pero igual para la economía, porque hubiera sido una inyección millonaria en compra de alimentos que ciertamente ayuda a movilizar la actividad económica”, señaló.

Aseguran que continuarán esfuerzos para insertar al SNAP

Ante esta preocupación, este medio se comunicó con distintos funcionarios y propulsores de estos esfuerzos, incluyendo a la Comisionada Residente en Washington, Jenniffer González, quien aseguró que los cambios que se hicieron en el proyecto del techo de la deuda no retrasarán sus esfuerzos.

“Sometimos el proyecto que autoriza la transición del PAN a SNAP, H.R. 253, Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act, a principios de año. Estamos abogando porque se incluya como parte de Farm Bill del 2023, que autoriza los proyectos de agricultura, incluyendo de nutrición, por los próximos cinco años. Continuaremos la lucha por esta transición. Es lo correcto y además es cuando más adelantados estamos en esa lucha”, informó mediante declaraciones escritas.

Por su parte, el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Luis Dávila Pernas, dijo a EL VOCERO, que el programa del SNAP es considerado un gasto mandatorio, por lo cual no se ve afectado por las limitaciones acordadas para partidas discrecionales.

“Aun así, los proyectos presentados en el Congreso que atienden la transición de Puerto Rico al SNAP contienen periodos de implementación transitorios que tienen poco o ningún impacto presupuestario, por lo que nos sentimos confiados en que tenemos una excelente ventana de oportunidad para conseguir la igualdad que merecemos como ciudadanos americanos”, acotó Dávila Pernas.

En tanto, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) indicó que, aunque es preocupante el tema presupuestario, seguirán dando la batalla.

“Esto nunca ha estado garantizado, sino que es un esfuerzo que estamos haciendo, aprovechando y coordinando por el hecho de que ahora es que se aprueba el Farm Bill”, expresó Reyes.

Cabe destacar que la implementación del SNAP en Puerto Rico podría costar entre $341 y $426 millones durante un período de implementación estimado de 10 años, según un Estudio de Viabilidad del Departamento de Agricultura Federal (USDA, por sus siglas en inglés). Mientras, que la administración del SNAP después de su puesta en marcha costaría un estimado de $249 a $414 millones, sobre una base anual.

“La preocupación presupuestaria del sector republicano es algo que habrá que discutir y sabemos que es uno de los retos para que Puerto Rico entre al programa. Aunque no necesariamente tiene que ser excluyente de que Puerto Rico entre al SNAP”, apuntó Reyes.

Fuente: El Vocero

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