Aun cuando la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) establece que una de las metas de la reestructuración es lograr “acceso adecuado” a los mercados de inversión y “a tasas de interés razonables”, las asignaciones multimillonarias de fondos federales para la reconstrucción de la Isla hacen innecesario —en el corto plazo— la emisión de nueva deuda.

Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), expuso a EL VOCERO la importancia de que las puertas del mercado municipal de bonos se vuelvan a abrir, pero aceptó como “correcto” que —en el futuro cercano— las obras de mejoras capitales prácticamente estarán subvencionadas con los fondos asignados para el huracán María.

“En estos momentos no se anticipa colocar emisiones de dinero nuevo, puesto que el gobierno cuenta con un presupuesto de mejoras de capital al igual que muchas de las obras que serán financiadas con los distintos programas de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y CDBG-DR (fondos del Departamento de Vivienda federal para la recuperación de desastres)”, señaló Marrero.

El funcionario informó que el plan fiscal contiene un desglose de la cantidad de dinero que se estará recibiendo de los distintos programas federales para la reconstrucción de la infraestructura.

Con la reciente aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y encaminado el proceso de quiebra a su etapa final, la expectativa es que el gobierno esté hábil para tocar a las puertas del mercado municipal de bonos, recurso imposibilitado desde 2016 cuando se dejó de pagar la deuda garantizada y se invocó la quiebra mediante Promesa.

“Se evaluará, en su momento, si alguna de las corporaciones públicas tiene una necesidad de financiamiento y se decidirá cuál es el mejor vehículo”, indicó Marrero. Puntualizó que “tanto la Aafaf como la Junta de Control Fiscal (JCF) tienen la responsabilidad de aprobar toda emisión de deuda del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades”.

Sostuvo que como parte de las reestructuraciones completadas —Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)— se han realizado transacciones, pero en el orden de intercambio de bonos y el manejo de otros instrumentos financieros, no han sido nueva emisión de deuda.

Marrero explicó que las emisiones colocadas por el gobierno en relación a la AAA y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) han sido “para reducir el costo de interés y por ende, el servicio a la deuda”.

Estados financieros

Para lograr acceso al mercado de bonos con el fin de levantar deuda nueva, uno de los puntos importantes que necesitará el gobierno de Puerto Rico —además de completar la reestructuración y probar el saneamiento de su operación fiscal— es tener actualizados los estados financieros, que no estén retrasados, como hasta ahora.

“El Departamento de Hacienda está trabajando arduamente para lograr tener los estados financieros al día. Sin embargo, hoy en día, el gobierno divulga información financiera que jamás se había divulgado en las pasadas administraciones, lo que ha permitido indudablemente que el mercado continúe monitoreando a Puerto Rico”, abundó Marrero.

Añadió que durante los últimos cuatro años “se ha logrado mucho” en términos de responsabilidad fiscal, y destacó que así lo reconocen inversionistas y el mercado en general.

En el pasado, además de los fondos mutuos, entre los compradores de deuda de Puerto Rico habían muchos puertorriqueños que destinaban parte de sus ahorros a estas inversiones triplemente exentas de impuestos. El sector cooperativista fue convocado en el pasado a comprar bonos del gobierno.

EL VOCERO preguntó si debido a la quiebra se proyecta que en el futuro cambie el perfil del posible comprador de deuda nueva del gobierno y si será cuesta arriba recuperar la confianza inversora.

“A pesar de que la deuda de Puerto Rico no está clasificada en estos momentos por las agencias clasificadoras, gran parte de los fondos mutuos tradicionales han vuelto a comprar deuda de los distintos emisores de Puerto Rico”, contestó el funcionario.

Una vez el gobierno invocó la quiebra y el valor de sus bonos llegó al nivel “chatarra”, parte importante de esa deuda fue adquirida por fondos de cobertura. Los llamados “fondos buitres” suelen adquirir deuda desvalorizada, cuya inversión luego recuperan mediante proceso de quiebra, como ha pasado en Puerto Rico.

Marrero adelantó que “cuando sea apropiado, se volverá a dialogar con las agencias clasificadoras para lograr obtener un ‘rating’ de grado de inversión, que permitirá que más inversionistas compren la deuda de Puerto Rico”.

Última emisión de 2014

La última emisión de deuda nueva de la Isla fue realizada por $3,500 millones, en marzo de 2014, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla. Para entonces, los bonos de obligaciones generales —con garantía constitucional— tuvieron una clasificación especulativa, lo cual advertía riesgo de impago, y esa fue la primera vez que el Estado Libre Asociado gestionó venta de sus bonos a los fondos “buitres”.

García Padilla, a preguntas de este medio, reconoció que hay asignaciones federales para la reconstrucción que pueden hacer innecesario volver a emitir deuda nueva, pero hizo la salvedad de que “la capacidad de generar deuda saludablemente es fundamental para el desarrollo de un país”.

“Como lo hicieron todos los gobernadores, desde Rexford Tugwell (1941-1946) hasta Rafael Hernández Colón, pero de reprente, llegaron las obras faraónicas y se comenzó a destruir la capacidad de generar riquezas”, expresó el exgobernador en alusión a los megaproyectos de infraestructura bajo el gobierno de Pedro Rosselló.

La primera emisión de deuda del gobierno se hizo bajo la administración de Tugwell, en 1943, para la Autoridad de Recursos de Agua, lo que es hoy la AAA.

El mercado municipal de bonos equivale a $4,344 billones de valores emitidos por estados, ciudades, distritos escolares y sistemas de agua, entre otros.

Puerto Rico en el futuro

Cate Long, analista e investigadora de la actividad en el mercado municipal de bonos —en particular el de Puerto Rico— explicó que el caso de la Isla es único porque puede vender sus bonos a inversores en 50 estados y seguir estando exento de impuestos, lo cual se mantiene como un atractivo.

“Si California emite bonos, por ejemplo, esos bonos de California solo están exentos de impuestos para los inversores de California. Si los residentes de Nueva York compran bonos de California, estarán sujetos a impuestos. Pero tanto los inversionistas de California, Nueva York y Puerto Rico pueden comprar bonos de Puerto Rico y están exentos de impuestos”, apuntó.

La analista destacó que el problema con los nuevos bonos que pueda emitir el gobierno de Puerto Rico “es que es poco probable que sean calificados por ninguna agencia de calificación crediticia —Moodys, Standard & Poors, Fitch, etc.— porque el gobierno no ha presentado sus estados financieros auditados”.

“Las agencias de calificación y los inversores necesitan datos financieros auditados actualizados para comprender si un emisor tiene la capacidad de devolver lo que ha pedido prestado”, agregó.

“En el caso de Puerto Rico, el gobierno tiene un largo historial de falsificación de sus finanzas, lo que hace que los inversores sospechen aún más”, añadió Long, y advirtió que “dado que es poco probable que se califiquen los nuevos bonos, es difícil para las personas, los bancos y las compañías de seguros poseerlos”.

La analista planteó que la situación solo deja a los fondos mutuos como compradores potenciales, pero aclaró que la mayoría de estos fondos están limitados en la cantidad de bonos sin calificación que pueden comprar. “Por lo tanto, hay un número limitado de fondos mutuos que comprarán deuda de baja calidad de Puerto Rico”, pronosticó, aun cuando los nuevos bonos tendrían tasas de interés muy altas.

“Probablemente se necesitarán 10 años o más, en mi opinión, para que Puerto Rico establezca un acceso razonable al mercado. También existe la posibilidad de que una vez que la junta abandone Puerto Rico, el gobierno vuelva a todos los hábitos que los llevaron a la bancarrota”, sostuvo Long.

Fuente: El Vocero

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