El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, rechazó este martes que el gobierno haya tomado alguna decisión presupuestaria que sea contraria a los acuerdos pactados con la Junta deSupervisión Fiscal (JSF) y reveló que entabla conversaciones con el organismo fiscal para aclarar en definitiva las resoluciones conjuntas que habrían servido para reasignar unos $30 millones en fondos públicos a fines a los aprobados inicialmente.

Sobrino Vega dijo además que, para este mismo mes, el gobierno presentará a la JSF el plan que implementará para que agencias, municipios y corporaciones públicas cumplan con las aportaciones mandatorias al Departamento de Hacienda para el pago de las pensiones conocido como “Pay-Go”.

Justo el día después de que la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, pidiera una solución definitiva ante el incumplimiento de la Ley 106 de 2017 y clamara por transparencia en el uso de fondos públicos mediante resoluciones conjuntas, Sobrino Vega convocó a la prensa para indicar que la controversia en torno a las resoluciones conjuntas no es necesaria, pues se trata de reasignaciones aprobadas de manera legítima por parte de la Legislatura y de fondos que estaban disponibles.

“Lo que están pidiendo es información adicional, entendemos que con la explicación (que se va a ofrecer) no hay la necesidad de declarar nada nulo”, dijo el también representante del gobierno ante la JSF.

“Queremos que no sigamos con el carteo. Todo está autorizado por ley y no estamos afectando el presupuesto del Fondo General”, agregó Sobrino Vega al tiempo que explicó el funcionamiento del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) y que se ha tornado en la nueva diferencia entre el gobierno y la JSF.

En febrero pasado, la JSF anuló 24 resoluciones que reasignaban unos $30 millones bajo la premisa de que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares utilizaba recursos disponibles de años fiscales previos al vigente. La mayor parte de ese dinero provino de la tajada del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) que toca al FMM y que se administra desde la Corporación para el Financiamiento Municipal (Cofina).

Ahora, utilizando la sección 205 de la ley federal Promesa, la JSF recomendó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y al liderato legislativo que desarrollen un proceso uniforme para que el dinero en estos fondos se asigne a los ayuntamientos de manera competitiva.

“La sección 205 (de Promesa) permite recomendar, nosotros lo evaluamos”, dijo el abogado al indicar que la asignación de recursos en el FMM es una función legislativa y que, al presente, el ejecutivo y la legislatura no han discutido la recomendación de la JSF. “No voy a hablar a nombre del gobernador ni de la Legislatura.

Según Promesa, Rosselló Nevares tiene 90 días para decidir si acoge la recomendación de la JSF y de no hacerlo, explicar a la Casa Blanca y el Congreso porque no adoptará la propuesta.

Inaceptable no enviar las aportaciones de los empleados a Retiro

En tanto, Sobrino Vega se mostró confiado en que el gobierno atenderá el incumplimiento de la Ley 106 de 2017 y que entre las alternativas que se barajan para ello, se encuentra la posibilidad de cancelar lo adeudado al sistema “Pay-Go” con cuentas pendientes de pago o fondos disponibles.

Según datos oficiales, en total, las agencias, municipios y corporaciones públicas adeudan al Departamento de Hacienda unos $340 millones por concepto de su respectiva aportación al sistema “Pay-Go”. Como resultado, el Fondo General -de donde también se paga la mayoría de los gastos operacionales del gobierno, ha cubierto el pago de las pensiones, pero no ha recibido el dinero de parte de las agencias. En el caso de los municipios, dijo Sobrino Vega, hay ciertos fondos en cuentas administradas desde el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de los cuales los ayuntamientos podrán sacar los pagos. Mientras, en el caso de corporaciones públicas como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), por ejemplo, se discute la posibilidad de que la deuda del “Pay-GO” se cancele contra los pagos por consumo de agua que deben hacer las agencias y que deben salir del Fondo General hacia la utilidad.

“No remitir las aportaciones del empleado, eso no es aceptable en ningún lado”, dijo Sobrino Vega. “Les puedo asegurar que, en el gobierno central, ese dinero se va a pagar rápido”.

De igual forma, Sobrino Vega reveló que la JSF trabaja en un plan para pagar a los empleados públicos las aportaciones que estos hicieron a sus cuentas de retiro, una vez, el plan de pensiones del gobierno central cerró y se creó el Sistema 2000. Ese sistema de ahorro, que resultaba en el pago de una especie de anualidad al trabajador retirado, descansaba en que el dinero que sale del cheque del empleado se invertiría en el mercado de valores, pero ello no sucedió. En su lugar, el gobierno utilizó el dinero para pagar pensiones vigentes.

El abogado indicó que el gobierno se inclina a adoptar dicha propuesta, pero no ofreció detalles de esta.

El plan fiscal

Sin embargo, Sobrino Vega dejó establecido que las diferencias con la JSF por la implementación de ciertas políticas como el recorte de las pensiones continúan.

En ese sentido, el representante del gobierno ante la JSF se mostró impávido ante lo que pueda ocurrir en la reunión del organismo federal el próximo y donde se prevé que se adopte las nuevas proyecciones financieras y fiscales del gobierno.

“Ningún plan fiscal ha durado más de cinco o seis meses”, dijo Sobrino Vega. “Ellos (la JSF) indicaron que certificarán un plan fiscal el jueves. Hay una realidad, hay una serie de medidas que han pedido por los últimos dos años que el gobierno ha entendido que no las va a implementar o que no son necesarias, pero al final, ellos van a implantar en su plan y nosotros tendremos que tomar las acciones que entendamos”.

Fuente: Insiste el gobierno ha cumplido con el presupuesto

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