Una semana luego de que el Departamento de Energía (DOE) presentara el segundo informe parcial del estudio PR100 –que ausculta las alternativas viables para que Puerto Rico transicione a un sistema basado completamente en energía limpia– la secretaria de la agencia federal, Jennifer Granholm, realizó su tercera visita al archipiélago desde octubre, cuando el presidente Joe Biden le encomendó la misión de acelerar la transformación eléctrica de la isla.

Entre el martes y el viernes, Granholm sostuvo encuentros con residentes de Loíza, Culebra, Vieques y Salinas, donde escuchó reclamos y preocupaciones atadas directa o indirectamente a la necesidad de contar con un sistema energético confiable, y conoció algunas iniciativas gestadas desde el liderato comunitario para enfrentar las deficiencias de la red central que, paralelamente, ofrecen un atisbo del modelo al que el país podría aspirar a tener en el futuro.

La visita de Granholm se produjo cuando el DOE aún tiene pendiente emitir guías para el uso de $1,000 millones asignados a Puerto Rico por el Congreso para un programa de resiliencia energética, que debe priorizar la instalación de sistemas de paneles solares y baterías en hogares de familias vulnerables por razones de salud, socioeconómicas o de ubicación geográfica. Cerca de 40,000 viviendas se podrían beneficiar de la iniciativa.

Tras concluir una reunión comunitaria en Vieques el jueves pasado, Granholm, quien prometió regresar a Puerto Rico dentro de unas semanas, se sentó con El Nuevo Día a dialogar sobre su experiencia en esta visita, los retos y posibilidades que el país encara para cumplir con los objetivos de energía renovable fijados en ley y la perspectiva del DOE sobre la privatización del sistema de generación.

¿Qué aprendió en esta visita?

—Aprendí tanto. Es claro que Puerto Rico no es homogéneo, cada región tiene sus propias metas e historias. Respetar esas historias y escuchar a la gente hablar sobre cuál quieren que sea el próximo paso es muy importante. Vieques tiene historial con el gobierno federal, habiendo quedado traumatizados con la presencia de la milicia, sin mencionar el trauma que persiste a raíz de todos los eventos naturales. La sensación es de que no han sido escuchados. Vieques es distinto de Culebra y Culebra es diferente a la isla grande.

En Loíza, varias de las líderes comunitarias le comentaron que al día de hoy hay decenas de hogares que ni siquiera cuentan con un techo seguro, lo que les impediría el acceso a estos sistemas de paneles. ¿Qué obstáculos enfrentará la implementación del programa de los $1,000 millones?

—Definitivamente creo que el asunto de los techos es importante. El gobierno puertorriqueño tiene una iniciativa para atender los hogares con toldos azules. Al día siguiente de la visita a Loíza, cotejamos que en el pueblo hay 147 hogares con toldos en el municipio. Tenemos que hacer de eso una prioridad para que Loíza pueda cumplir su meta de instalar energía renovable en las casas. El problema de la titularidad es otro que me comentaron, y el Departamento de la Vivienda tiene un programa para atenderlo, pero no sé cuánta gente lo conoce. Hay que llevar ese mensaje.

¿Cuándo el DOE publicará las guías para el uso de los $1,000 millones?

—Lo primero es solicitar comentarios públicos en torno a qué debemos tomar en cuenta. La primera fase tiene que ejecutarse rápido, hay un sentido de urgencia. En la segunda fase, que correrá paralelo a la implementación de la primera, se considerará información más granular de las comunidades. Esas dos fases estarán en curso en los próximos meses. Sin duda, esperamos tomar decisiones y empezar a instalar paneles antes de la temporada de huracanes. No todos, pero habremos empezado.

El gobernador Pedro Pierluisi ha indicado que, a nivel estatal, el programa estaría en manos del Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de la Vivienda o LUMA. ¿El DOE tiene alguna preferencia?

—Nosotros correremos nuestro programa, Vivienda seguirá corriendo el suyo. Estaremos coordinando para evitar duplicidad. Hay tantas viviendas necesitadas que será difícil que haya duplicidad.

El segundo informe del PR100 contempla tres “escenarios viables” para que Puerto Rico alcance no solo un 100% de energía limpia para el 2050, sino los objetivos intermedios de 40% para 2025 y 60% en 2040. En síntesis, el primero de los escenarios se enfocaría en proveer sistemas solares para hogares de bajos recursos e instalaciones críticas; el segundo, un programa de acceso más amplio a esta tecnología; y el tercero, un país con paneles en todos los techos hábiles.

Cada uno de estos escenarios tendría distintas implicaciones sobre otras variables que eventualmente deberán considerarse, como el elemento fiscal o el impacto sobre los terrenos disponibles para agricultura. El estudio PR100 debe completarse para diciembre y Granholm recalcó que, en última instancia, corresponderá al gobierno de Puerto Rico –que ya cuenta con un Plan Integrado de Recursos (PIR) diseñado para cumplir las metas energéticas– escoger la ruta más conveniente.

¿Cómo compara el Plan Integrado de Recursos vigente con los hallazgos preliminares del PR100?

—Dependiendo de la ruta que escoja la gente, podría ser muy distinto, porque el PIR actual no contempla que todos los techos tengan paneles. Siempre será necesario algún tipo de generación de respaldo porque hay industrias que lo requieren o, simplemente, no tienen espacio para paneles. El PIR se revisará el año entrante, justo cuando culmine el PR100. Todo se tendrá que alinear.

El proceso que está manejando el Negociado de Energía, que contempla la adquisición de 3,750 megavatios de energía renovable y 1,500 megavatios de almacenamiento en baterías, se enfoca en proyectos privados de mayor escala. ¿Eso es compatible con el objetivo de contar con un modelo de generación distribuida?

—Hay que ver cuáles de esos proyectos terminan saliendo adelante, y es por eso que el gobierno paralelamente está interesado en impulsar la generación más distribuida a través del Departamento de la Vivienda.

Puerto Rico recién incumplió, por amplio margen, con el primer objetivo intermedio de energía renovable, que era de 20% para el 2022. ¿Ve alguna posibilidad de cumplir con el 40% para 2025?

—Sería un gran impulso lograr esa meta. ¿Puede hacerse? Creo que se puede hacer si todo el mundo pisa el acelerador en la misma dirección. El gran reto que veo para Estados Unidos, Puerto Rico, LUMA y FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) es la burocracia. La cantidad de aprobaciones que se requieren es una de las razones por las que hemos estado tan enfocados en remover pasos innecesarios que evitan que nos movamos adelante y tomemos decisiones.

¿Cuán optimista está de que para 2028 se podrá comenzar a decomisar las unidades de generación fósiles, como se contempla en el PIR y en el contrato otorgado a Genera PR para operar las plantas?

—Queremos que pase. Queremos que sean exitosos en alcanzar las metas de la isla. La esperanza es que nos moveremos rápidamente a las renovables para no tener que depender de los combustibles más caros. Puerto Rico paga tanto porque es tan dependiente en derivados del petróleo, que son carísimos. Rosarito (una de las residentes de Culebra que Granholm visitó en su recorrido) dijo que pagaba $180 mensuales y su factura bajó a $40 tras la instalación de placas. Si la gente cobra conciencia, creo que el incremento en generación distribuida y en techos será significativo.

Con relación al contrato de generación que se le acaba de otorgar a Genera PR, ¿Levanta bandera en el DOE?.

—No sé qué pasará con ese arreglo en el futuro. Yo no he visto el contrato. Honestamente, nuestro enfoque está en construir una red limpia, es lo que el presidente nos ha ordenado. Esa pregunta se le debería formular a quienes participaron de la negociación.

Precisamente, el presidente Biden le asignó la tarea de acelerar tanto la reconstrucción de la red como su modernización, con miras a contar con un modelo basado en energía renovable. ¿En qué aspectos podría decir que ha habido progreso en los pasados cuatro meses?

—Hemos sido capaces de remover numerosos pasos burocráticos en procesos de aprobación para mover los proyectos, sobre todo con FEMA, como el proceso conocido como EHP (Preservación Ambiental e Histórica). Es una locura, tienes todos estos proyectos que atraviesan una revisión a nivel federal y una revisión similar a nivel estatal, y ocasionalmente son varias las revisiones que se hacen en la esfera federal. Hemos completado un proceso donde FEMA reconoció que hay algunas cosas que deben aprobarse automáticamente. Por ejemplo, los postes de alumbrado. Un poste es un poste. Las subestaciones son subestaciones, si tienes que elevarlas para que sean más seguras, deberían estar sujetas al proceso de exclusión categórica. Por eso es que desde octubre se han duplicado los proyectos aprobados. Estamos empezando a ver un ritmo de aprobación mucho más rápido. Claro, hay proyectos más complejos, como la relocalización de cables submarinos, que requieren más tiempo porque ubican en áreas sensibles.

Mencionó en una de sus reuniones que espera regresar a Puerto Rico para visitar la región oeste. ¿Qué retos particulares entiende que enfrenta esa zona?

—Estoy ansiosa de escucharlos, por eso es que estaremos visitando, no me quiero adelantar. Regresaremos a finales de marzo para una dinámica similar.

Fuente: El Nuevo Día

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