La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó modificar el modelo bajo el cual opera el plan de retiro el sistema universitario para que los empleados nuevos reciban una pensión equivalente al dinero que aporten mientras trabajan, en momentos en que está viva una controversia judicial para evitar el cambio.

En una reunión extraordinaria el martes, el cuerpo rector de la UPR aprobó establecer un modelo de contribución definida, bajo el cual los empleados recibirían una pensión basada en la cantidad de dinero que hayan aportado a su retiro, similar a las cuentas 401K.

“Esto se ha hecho como demasiado apretado porque siempre que hemos solicitado una reunión para discutir el tema, surge algo nuevo que no se había dicho antes y cambia la perspectiva de lo que estamos viendo y nos damos cuenta que tenemos que hacer otra cosa más”, expresó una de las representantes claustrales ante la Junta de Gobierno, Eneida Rodríguez Rossy, al expresar su rechazo al cómo el cuerpo rector atendió los cambios al retiro.

Actualmente, el sistema opera bajo un modelo de beneficios definidos, lo cual permite que, al momento de retirarse, los empleados reciban una pensión calculada según su salario y años de servicio, sin importar cuánto hayan aportado en sus años de servicio.

El cambio de modelo solo aplicará a los empleados que sean contratados después de que el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) den el visto bueno a los planes de la UPR, destacó el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana.

“Todos quisiéramos mantener el sistema tal como está, pero estamos conscientes, muy conscientes, de que tenemos que darle prioridad tanto a los participantes existentes del sistema, los que están ya próximos a retirarse, que tengan los beneficios que ellos acordaron y que han planificado toda su vida… que los tengan disponibles. Y estamos muy conscientes que es casi imposible correrlo como está y por eso es que se hace esto”, expresó Dalmau Santana.

El cambio en la estructura del plan de retiro de la UPR ha sido un reclamo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a través de los planes fiscales certificados para la UPR desde 2017. Para este año fiscal, la JSF asignó a la UPR $20 millones condicionados a la aprobación de los cambios al modelo del plan de pensiones. Los fondos están en manos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Las directrices de la JSF establecían que la UPR debía haber implementado el nuevo modelo de contribución definida para el 1 de junio, reconoció Emilio Colón Beltrán, integrante de la Junta de Gobierno.

No obstante, el presidente de la Junta de Retiro, Luis Vicenty Santini, insistió que el cambio de modelo no es necesario y así lo evidencian los más recientes estados actuariales del plan de pensiones, que evidencian que la posición económica ha mejorado desde que la UPR ha estado realizado las aportaciones anuales que corresponden. De esta manera, se estimó, en el estudio actuarial, que el plan de pensiones tiene suficiente dinero para cumplir con sus obligaciones hasta la década de 2050, 20 años más de lo proyectado previamente.

La Junta de Retiro presentó una demanda contra la UPR precisamente para evitar que la Junta de Gobierno implementara el cambio al plan de contribución definida, la cual se discutió la semana pasada en una vista en la sala del juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal Superior de San Juan.

“Hemos hecho todo lo posible para no tener que llegar hasta aquí; hemos intentado resolver esto desde hace mucho tiempo, pero la Junta de Gobierno UPR no nos ha dejado más remedio que acudir, nuevamente, a los tribunales para hacer valer nuestro deber fiduciario y defender a todos los retirados y retiradas del primer centro docente de este país”, sostuvo Vicenty Santini.

La UPR, por su parte, recurrió ante la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, para que tome el caso presentado ante el Tribunal Superior de San Juan por considerar que el pleito incoado por la Junta de Retiro evitaría el cumplimiento con el plan fiscal.

En una orden para demostrar causa emitida el miércoles, la jueza Swain dio un plazo hasta el 13 de junio a la UPR para explicar por qué la corte no debe rechazar la petición de asumir el caso. La jueza estableció, en el escrito, que no considera que la controversia esté dentro de su jurisdicción, pues en su sala atiende controversias relacionadas con la reestructuración de la deuda pública del gobierno y corporaciones públicas cubiertas por el Título III de la ley federal Promesa. La UPR no está cobijada por el Título III.

“Una revisión de esta corte de la demanda (según fue informada en los argumentos dentro de la notificación de remoción) no revela una base clara para concluir que la (demanda) cae dentro de los parámetros del Título III. El alivio que buscan en la demanda parece estar basado en leyes del Estado Libre Asociado más que en el Título III de (la ley) Promesa y los argumentos de los demandantes en torno a la inconsistencia con planes fiscales certificados parecen estar relacionados con el Título II más que con el Título III de Promesa”, lee la orden.

Vicenty Santini lamentó las acciones de la Junta de Gobierno, pues argumentó que esto complicará aún más las operaciones de la UPR pues tendrá dos sistemas de retiro paralelos: uno de beneficios definidos para los actuales retirados y empleados activos, y uno de contribución definida para los empleados nuevos.

La Junta de Retiro y la Junta de Gobierno de la UPR han estado involucrados en múltiples controversias judiciales en los últimos años. En 2020, el Tribunal de Apelaciones determinó que la Junta de Gobierno había incumplido con sus deberes con el plan de pensiones y declaró a la Junta de Retiro como fiduciario del sistema. Esto implica que la Junta de Retiro, como fiduciario, toma decisiones sobre las inversiones y vela por las aportaciones patronales que se reciben, pero no decide sobre su estructura operacional, lo que sigue en manos de la Junta de Gobierno.

“Tienes gente (en la Junta de Gobierno) tomando decisiones sobre cosas que no conocen. Yo les llevo a mis peritos, les llevo un actuario, el asesor de inversiones, los expongo para que aclaren sus dudas y entiendan que es y que no es, pero no funciona”, expresó Vicenty Santini.

Este argumentó que los $20 millones que resguarda la OGP se podrían obtener de otras fuentes, en vez de cambiar el sistema de retiro.

Al dar paso a la resolución para modificar el plan de pensiones, tanto Dalmau Santana como Colón Beltrán reconocieron que no hay interpretación final sobre si esto será suficiente para que la UPR tenga acceso a ese dinero.

“Lo que la Junta (de Supervisión Fiscal) siempre nos ha indicado, en estos procesos, es que para ellos la evidencia para poder hacer lo que sería la transferencia de los $20 millones es que el proyecto esté en función”, explicó Mayra Cruz Rivera, ayudante ejecutiva del presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado.

Fuente: El Nuevo Día

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