La Universidad de Puerto Rico (UPR), los municipios y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) –en pleno año electoral– son algunas de las entidades que recibirán un presupuesto menor al solicitado por el gobierno para el período fiscal 2024-2025, según la notificación de violaciones que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) remitió al gobernador Pedro Pierluisi, en la que enumera las partidas que, hasta la fecha, no han sido justificadas por el ejecutivo.

La carta, con fecha del 16 de mayo, ordena al gobierno someter una versión presupuestaria que incorpore las correcciones en o antes de este martes. Ese día, la JSF celebrará una reunión pública virtual.

Además de las entidades públicas que recibirían un presupuesto más reducido, la JSF optó, de momento, por no asignar fondos para dos proyectos gubernamentales anunciados en el pasado año: el Plan de Reconstrucción Social y de Prevención de Violencia, para el que se solicitaron $20 millones, y la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear), que contemplaba $21 millones.

“No se proveyó información adecuada para respaldar esta solicitud, incluyendo el objetivo, plan de negocios y asignación específica de los fondos solicitados para garantizar que todos los componentes de esta iniciativa social puedan implementarse”, expresó el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, en torno a la apuesta del gobernador para atajar los niveles de violencia en el país, utilizando un lenguaje similar al que plasmó en otras partidas que el organismo denegó total o parcialmente.

En cuanto a Idear –que ha enfrentado denuncias de politización por parte de antiguos miembros de sus “mesas de implementación”–, Mujica señaló que la JSF recibió información “insuficiente” para “aquilatar efectivamente” la propuesta del Departamento de Educación.

“Si se provee información adicional durante el año fiscal, la solicitud de financiamiento para personal adicional podría ser reconsiderada”, planteó la JSF con relación a la partida que persigue “transferir la administración del presupuesto, mantenimiento de la infraestructura y desarrollo de currículos a departamentos locales o regionales”.

Para el año fiscal 2024-2025, la JSF fijó en $13,062 millones el presupuesto con cargo al fondo general, por lo que, como parte de la notificación de violaciones, también incrementó determinadas partidas respecto a lo que el gobierno había distribuido preliminarmente. Los $13,062 millones representarán el proyecto de gastos más elevado en la historia del gobierno central.

Denegatorias millonarias

En la misiva de 35 páginas, la JSF también incluyó en el renglón de solicitudes “denegadas por incumplimiento” los $102 millones “no recurrentes” que la UPR utilizaría para llevar a cabo iniciativas delineadas en el plan fiscal certificado para el centro docente. En pasadas semanas, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau Santana, alertó del riesgo que supondría para la estabilidad fiscal de la institución no contar con ese financiamiento, que estuvo disponible en el año fiscal corriente.

Según la JSF, “el gobierno y la UPR todavía estaban desarrollando información adecuada para respaldar la utilización planificada y la distribución de los fondos al momento de someter su presupuesto”.

Para abrir la puerta a una reconsideración, Mujica estableció que la UPR deberá desglosar las “metas estratégicas” específicas que se desarrollarán, junto a los fondos que cada una requiere, así como un cronograma de cumplimiento. Pierluisi, en un encuentro con los medios hace poco más de una semana, comentó que el enfoque de su administración será velar por que las condiciones que fije la JSF no sean “onerosas” para la institución universitaria.

Mientras tanto, la CEE contará con $21.8 millones para administrar las elecciones generales de noviembre, casi $10 millones por debajo de los $31 millones que se incluyeron en la petición presupuestaria. De la comunicación de la JSF, surge que el organismo electoral había pedido $5.3 millones para gastos de nómina y $25.7 millones para otros costos operacionales.

La JSF, sin embargo, solo aprobó $2 millones por concepto de nómina y $19.8 millones para la partida operacional.

En el caso de los municipios, la principal diferencia con la propuesta de la administración de Pierluisi son los $80 millones que el gobernador solicitó para cubrir su aportación al Plan Vital, una disputa que el gobierno electo ha mantenido con la JSF desde 2019, cuando el ente bloqueó legislación que hubiera eximido a los ayuntamientos de estos pagos.

La JSF sí separó los $74 millones que pidió el gobierno como transferencias municipales. Sin embargo, $30 millones –destinados para “servicios esenciales”– serán retenidos por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) hasta que se acuerde un plan de distribución. La OGP, igualmente, retendrá los $44 millones restantes hasta tanto se produzca un consenso en torno a la “reforma de servicios municipales”.

El 30 de junio expirará la última porción del antiguo Fondo de Equiparación que se distribuía anualmente entre los ayuntamientos y que llegó a alcanzar los $350 millones. La partida de hasta $74 millones autorizada por la JSF, a su vez, es menos de la mitad de los $150 millones que el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, estimó que requieren los municipios anualmente.

En lado contrario, la JSF elevó una serie de asignaciones, entre las que destacan $110.7 millones al Departamento de Educación para sustituir gastos que se estaban cubriendo con fondos federales y transferencias de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, así como otros $44 millones a cerca de una decena de agencias y la rama judicial para cubrir costos de agua y luz.

Fuente: El Nuevo Día