El abogado de la Junta de Control Fiscal, Martin Bienenstock, defendió el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante las críticas esbozadas por el grupo Adhoc de bonistas de la corporación pública, que incluye a Syncora Guarantee Inc., la aseguradora de bonos municipales Assured Guaranty y otros acreedores.

Bienenstock aseguró que el plan “no es un ‘placeholder’”, término utilizado por la jueza federal Laura Taylor Swain, el pasado noviembre, en la vista ómnibus en la que advirtió que el documento debía incluir elementos suficientes para adelantar hacia la conclusión del proceso de quiebra.

“El plan está apoyado por múltiples acuerdos con acreedores mayores y toma en cuenta una infinidad de (posibles) resultados de litigios”, indicó el licenciado en su respuesta del pasado jueves a las mociones de oposición presentadas por varios de los implicados en este caso bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

Según Bienenstock, el grupo Adhoc, junto a otros bonistas, tuvo en sus manos el borrador del plan, desde el 8 de diciembre, y los recientes ataques representan un cambio drástico en la reacción inicial al documento.

“Su primera respuesta fue que (el plan de ajuste) era ‘absurdamente complejo’, pero ahora argumentan que el plan es un ‘placeholder’ porque supuestamente no incluye un solo escenario en el que los bonistas ganan todas las impugnaciones, y demuestra que el valor de su garantía colateral excede los ingresos brutos no existentes (de la AEE), por lo que (el pago) requeriría de aumentos de tarifas sustanciales”, expresó.

El abogado de la junta fiscal apuntó a que el sistema “anticuado y dilapidado” de la AEE requiere de una inversión de capital sustancial que la corporación pública no podrá realizar si le paga al grupo Adhoc y a Syncora la totalidad de lo que reclaman.

“Las soluciones de estos bonistas de aumentar drásticamente las tarifas por 50 años para generar más ganancias levanta una serie de preocupaciones”, recalcó Bienenstock, quien añadió que la junta fiscal respeta el deseo de las partes de maximizar la recuperación del dinero.

AEE no está obligada

En cuanto a las incongruencias sobre la capacidad de pago de la AEE, la junta fiscal expuso que la Ley Promesa no incluye un inciso que establezca que la corporación pública está obligada a pagar el máximo que pueda a sus acreedores.

Señaló que por el contrario, la corte ha dejado claro en múltiples ocasiones que uno de los propósitos de esta legislación es garantizar la prestación de servicios efectivos.

Para lograr este objetivo, sostuvo Bienenstock, los acreedores deben ser provistos de una “recompensa adecuada”.

Subrayó que el pago máximo posible a los reclamos tal vez no sea permitido de primera instancia debido a factores que afectan a la AEE y a Puerto Rico, como es la gran cantidad de negocios y ciudadanos que han optado por sistemas de energía solar debido al aumento tarifario de la electricidad.

“El aumento de las tarifas hace que Puerto Rico sea menos competitivo con relación al costo energético y, por lo tanto, menos capaz de atraer nuevas inversiones”, sostuvo Bienenstock.

Advirtió que la corporación pública también podría estar obligada a incrementar el precio del kilovatio hora para realizar inversiones de capital.

Objeciones para minar el PAD

Bienenstock catalogó de inapropiadas las objeciones presentadas, basado en que los argumentos de los bonistas están dirigidos a minar la posibilidad de confirmación del Plan de Ajuste, cuando todavía no se ha discutido la declaración de divulgación, para lo cual la jueza Swain pautó el viernes una vista, para el 28 de febrero.

“Pese a que afirman que el plan es ‘inconfirmable’, el grupo Adhoc y Syncora proponen tener un salpafuera de asuntos sobre la confirmación durante dos meses previos a que la corte tan siquiera tenga la oportunidad de considerar la moción de los procedimientos del descubrimiento de prueba”, subrayó el licenciado.

Apuntó a que la junta fiscal propuso unas guías precisamente para evitar el uso de recursos judiciales de manera repetitiva e ineficiente en esta etapa del proceso.

No obstante, Bienenstock defendió que el plan de ajuste permite que los bonistas elijan ser clasificados entre dos categorías: acuerdo o litigio.

Aseguró que con esta disposición no se está forzando a las partes a aceptar el plan antes de que la declaración de divulgación sea aprobada.

“Esto es similar al proceso que la corte aprobó con relación al plan del gobierno bajo Título III”, agregó el licenciado, quien recalcó que tanto el grupo Adhoc como Syncora apoyaron la estipulación en ese momento.

Bienenstock también aseveró que la junta fiscal no dio por terminado el proceso de mediación, y destacó que la corte ordenó que el proceso concluya, el 31 de diciembre del 2022.

“La junta fiscal ha expresado públicamente su deseo de continuar las negociaciones dentro y fuera de la mediación”, insistió Bienenstock.

Enfatizó que cualquier oferta realizada dentro del proceso de mediación no es relevante para la confirmación del plan de ajuste.

Fuente: El Vocero

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