A raíz de las alzas en las tasas de interés que han socavado cuánto puede pedir prestado un cliente, cerca de 65% de las hipotecas de vivienda que se están tramitando son casos del Programa de Asistencia Directa al Comprador (PADC), reveló el pasado presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA), Peter Torres.

“Si ese programa no existiera, no habría tantos cierres. En algunos bancos es 100% de la producción”, afirmó el también ejecutivo de Moneyhouse sobre el programa dotado con $295 millones de fondos federales CDBG-DR y que aporta hasta $60,000 para la compra de vivienda para domicilios de ingresos entre bajos y moderados.

Sin embargo, Torres alertó que a pesar de los múltiples ajustes que ha autorizado el Departamento de la Vivienda para agilizar, “se están tomando de cuatro a cinco meses para cerrar una transacción hipotecaria”. En esa espera, han visto múltiples clientes que han perdido su cualificación al encarar un alza significativa en la tasa de interés. Y, en todos los casos, hay documentos que caducan y se tienen que volver a gestionar.

Por ello, Torres informó que la industria hipotecaria retomó conversaciones directas con la agencia que lidera el secretario William Rodríguez, en busca de flexibilizar varios pasos en el programa que administra la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) con personal propio y contratistas.

“El objetivo es que que no se quede un solo centavo de este programa sin utilizar para que más familias logren un hogar digno y seguro”, afirmó Torres sobre la iniciativa que arrancó en junio de 2020 y cuyos fondos expiran el 31 de diciembre de 2025.

En entrevista separada, el secretario Rodríguez confirmó que tiene pautada una reunión con la industria para compartir los “tiempos de implementación” de las enmiendas a las guías que ya se trabajaron a solicitud de la banca, porque algunas requieren reprogramar las plataformas de la AFV y al menos una está en el proceso de comentario público para obtener la aprobación final federal.

En concreto, Rodríguez aseguró que -como había anunciado previamente- las guías se enmendaron para que el PDAC se pueda usar para financiar propiedades que requieren reparaciones “con todo tipo de producto hipotecario que las permitan”, Esto incluye la muy popular hipoteca federal FHA 203(K). Con este cambio, se abren más opciones a los compradores ante la realidad de que no hay suficiente inventario de vivienda asequible que cumpla con los estándares para financiar.

Otro ajuste solicitado es reducir el tiempo que le toma a la AFV emitir la carta de aprobación de fondos luego de recibir un caso completo y listo para cierre. Con ese documento, que detalla con cuánta aportación monetaria cuenta el cliente, las instituciones incluso pueden hacer el cierre aunque reciban los fondos días después, explicó Torres.

Según el banquero, colegas de la industria reportan que “está tomando de mes a mes y medio”. En ese periodo, a muchos clientes les puede cambiar la tasa de interés más de 1%, el límite que ya habían negociado con Vivienda para no tener que resometer el caso.

Pero sobre este particular Rodríguez afirmó que “he medido ese tiempo y en promedio es una semana siempre que el banco someta el expediente completo”.

El secretario también indicó que el curso de asistencia de vivienda que se le requiere tomar a todos los solicitantes ya no tiene fecha de vencimiento, como antes que caducaba a los 12 meses.

En cuanto a la petición de incluir algunas propiedades ubicadas en zonas inundables de los mapas de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), siempre que se obtenga un seguro de inundación, Rodríguez indicó que esta es la que requiere aprobación federal. Actualmente está corriendo el proceso que esperan culmine en dos meses, adelantó el funcionario.

Más de 3,200 cierres

Según información compartida por la industria hipotecaria, al 10 de agosto de 2022, se habían recibido 10,595 solicitudes al PADC, de las cuales 9,396 completaron los requisitos de elegibilidad.

Mientras, Vivienda, reportó que ya se sobrepasaron los 3,200 cierres del programa iniciado en junio de 2020 y que el ritmo de cierres mensuales fluctúa entre 200 y 300 casos, con 56 instituciones financieras participantes.

La subvención promedio por beneficiario es de $29,000, de un máximo de $45,000 para el público general que cumpla con el límite de ingreso. Se otorgan hasta $10,000 a personal considerado de primera respuesta como trabajadores de la salud, el magisterio y la seguridad pública. A esto se suman $5,000 si la compra se hace en un casco urbano, para un máximo de $60,000.

En cuanto a los límites de ingresos para cualificar, van desde $46,650 anuales en domicilios de una persona y $53,300 si son dos, hasta $87,950 si son ocho.

Fuente: El Nuevo Día

‍